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Luego de las “debilidades” que la Auditoría Interna de la Nación (AIN) identificó en el control del dinero que el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) otorgó entre 2017 y 2019 a algunas gremiales empresariales y al PIT-CNT, el Poder Ejecutivo reglamentó esas partidas.
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Según consultas realizadas por Búsqueda, el decreto recoge el acuerdo de los actores sociales que participan en la dirección tripartita del instituto. En el reglamento de esas partidas —conocidas como “literal Ñ”— el Ejecutivo alega la necesidad de incorporar “criterios de mayor eficacia” en los recursos que se otorgan para formación e investigación en materia de negociación colectiva. Entre otros aspectos, establece un tope anual del monto destinado al “literal Ñ”, la restricción del beneficio a un número determinado de organizaciones, cambios en el proceso de asignación —será por convocatoria a proyectos— y la evaluación de los resultados.
La AIN constató que, “en su mayoría”, las partidas entregadas a organizaciones empresariales y el PIT-CNT se emplearon en “gastos de funcionamiento” —incluidas “cenas en local nocturno” o servicios odontológicos—, y advirtió que no hubo “ningún seguimiento ni evaluación” del uso de dichos recursos. Eso, según la auditoría, agravó la ya “delicada situación financiera” del Inefop (Búsqueda Nº 2.094).
Reglamento
Sobre los recursos a conceder, el decreto —fechado en febrero— indica que el Consejo Directivo del Inefop determinará en su presupuesto anual el monto a destinar al “literal Ñ” para el siguiente año y que dicho rubro “no podrá superar” los 9,9 millones de unidades indexadas a la inflación (unos $ 48 millones a hoy) ni exceder el 3,5% de lo vertido al instituto en el año anterior. Pero como “excepción”, fija para 2021 un tope más laxo de 4% de los ingresos.
Según el informe de la AIN, en 2019 el gasto en el “literal Ñ” representó 5,8% de los ingresos del Inefop ($ 52,7 millones). En valores de enero de 2020, el Consejo Directivo del instituto tenía aprobado un monto máximo de $ 63 millones entre el PIT-CNT y 20 gremiales empresariales, de acuerdo con la auditoría.
El decreto señala que la asignación de recursos del “literal Ñ” será para “proyectos” cuya finalidad sea la “ejecución de actividades e informes de investigación y formación en materia de negociación colectiva” dirigida a los negociadores de los Consejos de Salarios y a personas relacionadas con esa temática. Agrega que eso incluye todos los temas tratados en ámbitos tripartitos o multipartitos, como la Organización Internacional del Trabajo, el Consejo Superior Tripartito (CST), el Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Banco de Previsión Social, entre otros. Y afirma que la rendición de cuentas de los montos entregados es un “deber esencial de quienes reciben los recursos” para su “buena administración”.
En el artículo primero, el Ejecutivo especifica que podrán recibir fondos del “literal Ñ” las organizaciones más representativas de trabajadores y de empleadores, y aquellas que integren el CST y las de la economía social. Esa disposición podría limitar la cantidad de “beneficiarias”.
El Inefop realizará una “convocatoria” para que formulen proyectos, los que deberán indicar “objetivos generales y específicos, resultados esperados y actividades”, además de un “presupuesto detallado” y un cronograma de ejecución. Luego, una unidad técnica del instituto los evaluará y elaborará una lista de prelación para acceder a los recursos destinados anualmente, que se asignarán: hasta el 47% a los planes aprobados de las organizaciones de trabajadores, el 47% como máximo de los empleadores y hasta el 6% de las organizaciones de la economía social. La aprobación final de los proyectos seleccionados le compete al Consejo Directivo.
Los beneficiarios deberán rendir cuenta de los gastos y “proporcionar (…) todos los documentos justificativos” relacionados con el proyecto financiado, añade el decreto. El artículo sexto especifica los rubros financiables, que van desde la capacitación, material de formación, bibliográfico, alquiler de equipos, aulas, personal técnico, viáticos, gastos de soporte, entre otros.
Para hacer seguimiento de cada proyecto aprobado, el Poder Ejecutivo encomienda a la Unidad de Estadística del Ministerio de Trabajo (MTSS) realizar informes anuales de impacto en la negociación colectiva, que se remitirán a las distintas organizaciones, al CST y serán publicados por el Inefop y el MTSS.
“Puente”
Tras el informe de la AIN, en un primer momento el Inefop suspendió los pagos y, luego de analizar las partidas, terminó de abonar con las rendiciones de cuenta correspondientes en 2020, dijeron las fuentes. Indicaron que se hizo “reliquidación” de los gastos —que en su momento se liberaron y no fueron justificados correctamente—, sobre los cuales algunas entidades mantienen una “deuda” con el Inefop.
Los representantes de los trabajadores en el instituto consideran que este año habría que implementar un “mecanismo puente” para que de forma transitoria —mientras se convoca a proyectos y se adaptan otras nuevas disposiciones previstas en el decreto reglamentario— se acceda a los recursos.