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Lejos de encauzar una solución, las medidas adoptadas por trabajadores y empresarios en el marco del conflicto del gas solo llevaron hasta ahora a que la otra parte redoblara la apuesta. El sindicato intentó el control obrero de la planta que duró solo unas horas e inició la tercera huelga de hambre en un año y medio, que tiene desde hace 23 días a dos trabajadores con la hidratación y la ingesta calórica básica.
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Los representantes de la empresa comunicaron la semana pasada en el Ministerio de Trabajo su decisión de sancionar a 53 trabajadores por la medida del control obrero. Esa resolución determinó el despido de cuatro trabajadores por superar el límite de sanciones y se sumaron a los siete despidos originales, que habían motivado esta nueva etapa de conflictos. Además de esos 11 despidos ya resueltos, Petrobras tiene en el horizonte reducir 30 puestos de trabajo más de la plantilla de MontevideoGas, que en total ronda los 160 trabajadores.
Con ese mar de fondo, el PIT-CNT hizo el miércoles 22 un paro parcial de 9 a 13 horas. Los trabajadores se concentraron en 18 de Julio y Ejido y caminaron hasta la plaza Independencia. Allí realizaron un acto que tuvo como oradores al dirigente Alejandro Acosta, de la Unión Autónoma de Obreros y Empleados del Gas (Uaoegas), y al secretario de Prensa y Propaganda del PIT-CNT, Gabriel Molina.
La movilización ocupó unas tres cuadras en la avenida 18 de Julio. Fue el primer paro del PIT-CNT en un año electoral que se preveía tranquilo (Búsqueda Nº 2.014). La escalada de tensión en el conflicto del gas cambió el escenario.
Al terminar el acto en la plaza Independencia, el presidente y el secretario general del PIT-CNT, Fernando Pereira y Marcelo Abdala respectivamente, seguidos de un centenar de militantes, caminaron hasta la Torre Ejecutiva con una carpeta en la mano. Entraron junto con Acosta y le entregaron al director general de Presidencia, Diego Pastorini, una carta dirigida a Tabaré Vázquez.
La carta tuvo respuesta unas horas más tarde. Según informó a Búsqueda Abdala, el presidente los convocó a una reunión este jueves a las 10.30 de la mañana.
Después de la reunión, los dirigentes decidieron aplazar la realización de un paro general de 24 horas, informó el portal Ecos.
“Intervención directa”
Petrobras tiene el 100% de las acciones de MontevideoGas, compañía que abastece de gas por cañería a unos 38.000 clientes. La petrolera brasileña también es propietaria del 55% de Conecta, que tiene otros 4.000 clientes.
Tras la salida forzada en el Parlamento de Dilma Rousseff y la asunción de Michel Temer en 2016, Petrobras inició un plan global de desinversión que se mantiene hasta hoy. El 27 de abril, el presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, le anunció al gobierno uruguayo la voluntad de la compañía de retirarse de las concesiones de gas por cañería. En ese proceso, la compañía inició dos juicios contra el Estado uruguayo por US$ 170 millones. La concesión vencerá en 2025.
La intención del sindicato del gas es que la salida de Petrobras no afecte las fuentes laborales ni a los usuarios del servicio de gas por cañería. Desde 2016 hasta ahora, entienden, la multinacional brasileña “abandonó de hecho la gestión adecuada del servicio” y le atribuyen la pérdida de miles de clientes. Así describen la situación en el documento que entregaron a Vázquez.
En la carta, el PIT-CNT le advierte al presidente que están “dispuestos a tomar nuevas medidas” —tanto como conjunto del movimiento sindical como sus sindicatos integrantes de forma independiente— para apoyar la huelga general que iniciarán los trabajadores del gas. En esa línea, por ejemplo, el sindicato de Ancap definió que está dispuesto a cortar el suministro de combustible a las estaciones de Petrobras.
Para el PIT-CNT, “la escalada de agresión de la empresa” hace necesaria “una intervención directa del Poder Ejecutivo”. Eso le plantearon a Vázquez y le pidieron “una entrevista a la brevedad para intercambiar sobre el tema”.
El presidente del sindicato del gas, Martín Guerra, cree que el Poder Ejecutivo demora su intervención en el conflicto por temor a que el Estado tenga que asumir la gestión. Sin embargo, cree que ese miedo solo va a lograr “destruir el servicio público”.
Al salir de Presidencia, Pereira intentó resumir en palabras la gravedad de la situación que amerita una respuesta del gobierno. “Hacía mucho tiempo que no veía 60 sanciones colocadas en un mismo día por una decisión de un sindicato. Catorce días de suspensión es la previa a un despido. Una salvajada de este nivel yo no veía hace muchísimo tiempo en las relaciones laborales uruguayas”, afirmó.
