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Si se aprueba, eso supone, entre otras cosas, que quienes empiecen a trabajar después de su vigencia volcarán el 10% de sus aportes al Banco de Previsión Social y el otro 5% a una administradora de fondos previsionales (AFAP). Esto abarcará también a las cajas paraestatales, así como a los servicios especiales de policías y militares. Implicará una transición a largo plazo cuyo costo asumirá el Estado; el ministro de Trabajo y Seguridad Social, le llama un “puente” de asistencia financiera.
Sobre el año 2040, que es en la mitad del período para la implementación de esta reforma, la transferencia del Estado a las AFAP estaría entre los US$ 100 y US$ 120 millones anuales, informó un asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a la Comisión especial de Diputados que trata la iniciativa. El artículo 290 del proyecto dispone que Rentas Generales compensará mensualmente a las entidades públicas no estatales por la “pérdida de ingresos asociada a la transición hacia el régimen mixto”, lo que podrá hacerse con “otros tributos o recursos que recauden” en nombre del Estado.
Algunas cifras más detalladas, referidas a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB), fueron presentadas a los integrantes de ese cuerpo el jueves 16 por representantes de la caja paraestatal.
“A partir de la puesta en marcha del sistema proyectado el Estado asume el costo de transición de un sistema a otro, el cual puede tener un período base de 30 años con una posible extensión de diez años más. En ese caso el costo ascendería a US$ 2.113 millones que deberíamos recibir desde el Estado como compensación por la transición al régimen mixto y los aportes que se dejan de percibir porque pasan a capitalización individual”, explicó la gerenta de prestaciones de la CJPB, Ann Rodríguez. Dijo que la asistencia financiera directa estatal recibida por la caja en 2022 fue de US$ 11,2 millones.
Esa cifra es un total de lo que se iría acumulando a lo largo del tiempo –a valores constantes de 2022–, empezando por US$ 23 millones en el quinquenio 2023-2027. Hacia mediados de este siglo (2048-2052) las partidas compensatorias de Rentas Generales a la caja sumarían US$ 1.075 millones, y seguirían hasta los US$ 2.113 millones en 2058-2062.
“El cálculo es ese, en caso de que ocurra porque normalmente a los 40 años va a haber un montón de gente que va a seguir pasando de una cosa a otra; o sea que eso podría ampliarse. Cuando uno mira el proyecto en general, más allá de las consideraciones que pueda merecer, en el caso de la Caja Bancaria ¿el Estado en qué se beneficia por los cambios previstos? Económicamente, no. Hoy, no tiene que asumir ningún costo”, comentó ante la comisión Julio Pose, asesor de la CJPB. “Los trabajadores tampoco”, siguió.
Para ese abogado, “sin duda, hay un problema de tiempo y de oportunidad, que es cómo combinar de la mejor forma el cumplimiento de algunas de las cosas que están pendientes de la reforma que se hizo por la otra ley (en 2008) y que tiene incidencia también sobre las personas, las empresas y el Estado, con esta nueva legislación que viene. Por ahora, no hay una coordinación porque en el proyecto simplemente se dice que sobre las cajas paraestatales –artículo 292 – se va a presentar a posteriori alguna iniciativa. Finalmente, la caja no tiene ninguna vocación de isla ni quiere ninguna legislación especial que deba contemplar determinadas particularidades. Sí los puntos de partida son distintos y la igualdad debería contemplar todo el abanico: las prestaciones y también la forma de aportación”.
La CJPB está atravesando una etapa de déficits operativos que cubren con sus reservas.
El diputado frenteamplista Marcelo Fernández Cabrera preguntó a propósito de la cifra de US$ 2.123 millones. “¿La estimación la realizan los estudios actuariales de la delegación o es información que tienen desde el propio equipo de gobierno? Me parece importante la consulta porque tenemos entendido que no hay todavía un estudio al respecto de parte del equipo de gobierno sobre esta situación, lo que podría aventurar una conjetura respecto a qué sucedería con los ingresos de la caja si estos números no condicen con los que el propio gobierno pueda informar en el futuro”.
Esa y otras interrogantes formuladas por miembros de la comisión no tuvieron respuesta. El presidente de la CJPB, Ángel Mingroni, dijo que contestarán “por escrito, con la confidencialidad y la reserva que amerita esta situación”, por cuanto refieren a “información de cuestiones sensibles de la caja”. Eso no dejó contentos a algunos legisladores.
