Tras el caso de corrupción en Florencio Sánchez, el Tribunal de Cuentas definió auditar municipios en todos los departamentos

Al igual que el resto de los colonienses y su sistema político, la población de poco más de 3.700 habitantes —según el censo del 2011— que lleva el nombre del autor de M‘hijo el dotor se vio sacudida por las derivaciones de la llamada Operación Corruptio: en junio pasado, Alfredo Sánchez Balbuena, alcalde blanco del municipio de Florencio Sánchez, fue encarcelado al constatarse múltiples maniobras con recursos públicos. En esos delitos estaban involucrados también varios de sus familiares, algunos funcionarios municipales y un empresario. “Era cierto que Sánchez era el hombre de las gauchadas, sin importar cómo las hacía”, dijo en setiembre de 2021 en la diaria el exintendente Walter Zimmer, cuando el caso tomó estado público. Al mes siguiente el alcalde corrupto, que estaba en el cargo desde 2015, fue desplazado y el municipio fue intervenido. Según consignó por entonces El Observador, el jefe comunal coloniense, el también nacionalista Carlos Moreira, reconoció al comparecer ante la Junta Departamental: “Los controladores somos varios, y nos burlaron a todos”.

Plata y auditorías

El presupuesto con el que cuentan los municipios proviene de las asignaciones que dan los gobiernos departamentales, los recursos de origen nacional del Fondo de Incentivo para la Gestión Municipal (FIGM), así como de donaciones o legados que les realicen. Estos órganos de gobierno fueron creados en 2009 con el cometido de, entre otras cosas, elaborar anteproyectos de decretos y resoluciones y colaborar en obras públicas realizadas en su jurisdicción, ocuparse de asuntos de vialidad y el tránsito, el mantenimiento de espacios públicos, alumbrado público y pluviales —sin perjuicio de las potestades de las autoridades departamentales al respecto—, así como prestar servicios de necrópolis o relacionados con los residuos cuando se los asignan las intendencias. El sonado Municipio de Florencio Sánchez, por ejemplo, para 2022 tiene asignados del FIGM $ 7.312.546 —cerca de US$ 180.000 al tipo de cambio actual—, que previó gastar, principalmente, en la construcción de un cordón-cuneta y en la reconstrucción de cámaras y badenes ($ 3.286.358); también en la mejora en la iluminación del bulevar que lleva el nombre del dramaturgo y de la ciudad ($ 939.216) porque las carencias actuales afectan “el normal desplazamiento de los transeúntes en horarios nocturnos, principalmente de mujeres y jóvenes que realizan caminatas saludables”, explica en su plan de gestión. Los municipios de Montevideo disponen de más plata proveniente del FIGM; el “A”, de los más grandes y con unos 200.000 habitantes, cuenta para este año con $ 109.535.728 —casi US$ 2,7 millones—, unas 15 veces lo que tuvo a disposición el alcalde coloniense encarcelado.

Después del caso de Florencio Sánchez, al TCR le empezaron a “llover pedidos de auditorías. Solamente la Junta Departamental de Colonia nos pidió que auditáramos los 11 municipios”, contó Gallinal hace pocas semanas en una comisión del Parlamento. “En total, en el país hay aproximadamente 140 municipios. Imagínese, señor presidente, lo que sería para nosotros si tuviéramos que abarcar a todos de un golpe; resultaría imposible porque es obvio que nuestras competencias son mucho más amplias y tenemos bastantes tareas durante todos los días del año”, afirmó. La decisión, por tanto, fue hacer auditorías de desempeño en todos los departamentos, pero solo en dos municipios de cada uno, elegidos por sorteo. Eso logra “un resultado a dos puntas: por un lado, el que marque la propia auditoría y, por otro, se genera un estado de alerta, de preocupación de todos los demás de que hay que hacer un seguimiento más, no porque no haya responsabilidad sino porque, primero, los municipios son instituciones nuevas y, segundo, porque muchas veces no disponen de todos los recursos necesarios para tener una oficina administrativa de contralor contable, de auditoría interna. En ese sentido hay que dar tiempo para que todo eso se realice”, explicó. Más allá de eso, acotó, “cuando aparece alguna noticia cierta de que suceden hechos irregulares en algún municipio, como ha ocurrido, allí está el Tribunal de Cuentas”.

La selección al azar y sin notificación previa contribuye a que se “actúe con la mayor independencia posible” al auditar los municipios, dijo Gallinal a Búsqueda. Más allá de ese criterio, informó que el TCR resolvió pedirles a los gobiernos departamentales que, cuando le soliciten una auditoría, le fundamenten los motivos y le entreguen los pronunciamientos elaborados por las auditorías internas de las comunas “para poder tomar las decisiones correspondientes. De esa manera abarcamos el espectro posible”.

Gallinal comentó que “se supone que hay algún tipo de contralor” de las juntas departamentales sobre los municipios, pero estos “son de reciente creación” y la “infraestructura necesaria para abarcar todos los estudios correspondientes recién se está creando. De hecho, la alcaldesa de Solís de Mataojo empezó a trabajar para contratar a un contador propio para que le analice los temas del pasado” y los del futuro, luego de las irregularidades ocurridas allí.

En opinión de ese ministro del TCR, “a la luz de los hechos, este tema va a ir avanzando en todos los municipios”, en el entendido de que los controles son también una preocupación de las autoridades de los ejecutivos y legislativos departamentales.

• Recuadro de la nota

“Las debilidades de control interno” que “facilitaron” los delitos del alcalde de las “mil gauchadas”