Democracia y corrupción
En dictadura, los actos de corrupción quedaban casi siempre entre cuatro paredes y en la mesa chica de los generales. Durante el primer gobierno de Julio Sanguinetti, que comenzó en marzo de 1985, no hubo casos relevantes que llegaran a los estrados judiciales.
En 1995, cuando los colorados regresaron al poder después del gobierno de Luis Lacalle Herrera, sin embargo, se produjo lo que este denominó “una embestida baguala”, que llevó a varios de sus principales colaboradores a los juzgados penales y a algunos de ellos a la cárcel.
Los presos blancos más notorios fueron el contador Enrique Braga, Daniel Cambón y Julio Grenno. Braga, presidente del Banco Central en 1994, habría ejecutado la orden de Lacalle Herrera de vender el Banco Pan de Azúcar, que había quedado en manos del Estado, a un grupo suizo encabezado por Stephan Benhamou.
La denuncia original involucró a Lacalle Herrera y a su esposa, Julia Pou, pero nada se les pudo probar a ellos. Solo Braga y Cambón fueron presos por conjunción del interés personal y del público. A su vez, Cambón fue procesado junto con Grenno por abuso de funciones (artículo 162 del Código Penal) por su responsabilidad en una operación fraudulenta de marcado de vehículos por el Banco de Seguros del Estado.
El expresidente blanco de la Administración de Ferrocarriles del Estado Rodolfo Flores y su vice Iván Coronel marcharon a la cárcel en 1999 por fraude, luego de que la Justicia investigara maniobras con privados en dos líneas de pasajeros.
El exintendente nacionalista de Florida Andrés Arocena pasó 370 días en prisión domiciliaria. Fue liberado poco antes de la Navidad de 2007 y había sido procesado también por abuso de funciones al efectuar reiteradas compras irregulares mientras estaba al frente de la comuna.
El exintendente de Colonia Walter Zimmer pasó 70 días preso, en 2014, después de que la Justicia probara dolos en el empadronamiento de vehículos en el departamento, en medio de la llamada guerra de las patentes.
En un plano diferente al de las obras, el ex secretario general de la Intendencia de Paysandú Horacio de los Santos debió responder ante la Justicia en julio de 2013, que lo procesó y envió a prisión por contribución a la explotación sexual de personas menores de edad y abuso de funciones por las fiestas que se realizaban en una propiedad de la comuna conocida como la casita del parque. Pasó 27 meses detenido.
Los colorados también tuvieron algunos presos. El entonces presidente del Banco Hipotecario Salomón Noachas fue a prisión por el delito de concusión al adjudicar de forma directa viviendas en Montevideo y Punta del Este para su familia.
Ernesto Laguardia dejó de ser secretario privado del presidente Sanguinetti en junio de 2000 cuando comenzó a ser investigado por la Dirección General Impositiva. Luego su nombre apareció vinculado a supuestos pedidos de coimas para la adjudicación de la Terminal de Contenedores en el Puerto de Montevideo y finalmente fue procesado con prisión, en 2003, por estafa, al haber librado cheques sin fondo.
Los delitos de fraude y abuso de funciones llevaron a Cárcel Central a los exdirectores de Obras Sanitarias del Estado (OSE) Hugo Granucci y Carlos Rodríguez Landoni. Ambos estaban involucrados en gastos excesivos en viáticos, la construcción irregular de un monumento al caballo y una cancha de fútbol, asignación de publicidad oficial y gastos desorbitados en locomoción, entre otras. También fue a prisión por su actuación en OSE el exintendente de Florida Juan Justo Amaro.
En 2003 fue remitido el exdirector de Aduanas Pablo Illarietti por un delito continuado de abuso de funciones, después de haber otorgado una partida extra de viáticos a 22 funcionarios de su confianza.
Otro director de Aduanas, Víctor Lissidini, el mismo año que el ingeniero Illarietti, pasó 57 días preso en la cárcel de Colonia, como coautor del delito de usurpación de funciones, por su gestión irregular de combate al contrabando.
En 2009, la Justicia de Artigas procesó con prisión por fraude continuado al exintendente Carlos Signorelli y a su secretario general, Carlos Omar Silva, por maniobras con cheques. Fue uno de los pocos casos en el que se votó un desafuero, ya que otros evitaron a la Justicia.
El exministro de Turismo Benito Stern fue procesado en agosto de 2002 por delitos en esa secretaría, pero evitó la cárcel, aunque no así su director general Juan Rodríguez Siri ni el subdirector Juan Miguez, sobre los que recayó la tipificación de abuso de funciones y falsificación de documentos privados.
Casino y arena frentistas.
Entre 2000 y 2005, el contador Juan Carlos Bengoa fue director de Casinos de la Intendencia de Montevideo. En ese período puso en funcionamiento un peculiar sistema de arrendamiento de slots, en el que se beneficiaban amigos y familiares suyos, que finalmente lo llevó a prisión.
Cuando la Justicia lo puso en la cárcel, Bengoa ya había dejado la comuna y estaba al frente de todos los casinos del Estado, bajo el gobierno del Frente Amplio y el aval del líder de Asamblea Uruguay, Danilo Astori.
Aunque la Fiscalía exigió responsabilidades al entonces intendente Mariano Arana y a su secretaria general María Julia Muñoz, junto con el contador fueron a prisión solo dos subalternos: Orestes González y José Luis Antúnez. Bengoa, al que reprocharon los delitos de conjunción del interés personal y público, fraude y concusión, fue el político que estuvo más tiempo preso en democracia. Al salir de Cárcel Central en 2010 había pasado dos años y tres meses detrás de las rejas.
Ya en el tercer gobierno del Frente, cuando el entonces presidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, contó en un foro internacional de especialistas en el combate a la corrupción que el vicepresidente Raúl Sendic había sido empujado a renunciar luego de haber hecho compras personales por un valor cercano a los 10.000 dólares con la tarjeta corporativa de la petrolera estatal, provocó fuertes carcajadas entre sus colegas, porque consideraban el monto algo menor.
Esta semana, Gil dejó la calma de jubilado en la Costa de Oro para criticar tanto al Frente Amplio como a la actual Jutep, que preside la cabildante Susana Signorino, por el manejo del tema Antel Arena. El exjerarca, entrevistado en el programa En perspectiva, también deslizó una autocrítica: aunque no existieron indicios de corrupción debió haber investigado una obra hecha casi sin llamado a licitaciones y que costó más del doble de lo previsto.
La construcción del complejo multifuncional que reemplazó al Cilindro Municipal provocó controversias desde el inicio. Y no solo entre la entonces oposición, que sostuvo que una sala de este tipo excede las competencias constitucionales del ente.
Al comenzar el gobierno, en 2015, por razones de presupuesto, Astori quiso frenar el proyecto, pero tanto el entonces presidente Tabaré Vázquez como Mujica finalmente dieron luz verde con el argumento de reactivar la economía.
Sin embargo, el afán de Cosse por terminar la obra antes de las elecciones y la consecuente modalidad de compra directa para ir más rápido determinaron que, cuando llegó la hora de cortar la cinta, el ministro de Economía y el entonces subsecretario Pablo Ferreri pegaron el faltazo.
Cuando asumió el nuevo directorio de Antel hizo un llamado a licitación abreviada con cuatro objetivos: auditar el costo total, las contrataciones a terceros y analizar los aspectos jurídicos de las contrataciones y los resultados económicos.
En junio pasado, después de recibir el informe final de la auditoría, el directorio de Antel, con el voto en contra del representante del Frente, presentó una denuncia penal. Según el vicepresidente, Carlos Bouvier, ello estuvo basado en “la existencia de apartamientos y contravenciones a normas y principios en materia de contratación administrativa”.
Además de llevar el caso a la Justicia, el directorio envió una copia de la auditoría externa a la Jutep para que se expidiera, y esta realizó un informe confirmatorio de las observaciones que se aprobó el 16 de setiembre pasado.
Tanto la auditoría externa como el informe de la Jutep, realizado por un abogado contratado al efecto, levantaron una pequeña tormenta política entre oficialismo y oposición.
La intendenta Cosse, en lugar de defender la obra, recurrió a denostar a la auditoría realizada por la firma Ecovis con el argumento de que su director es “un militante herrerista”.
“Simplemente nos remitimos a la información que nos enviara el ente del auditor externo. Nuestras conclusiones son sobre el informe, no sobre los hechos en sí, que no investigó la Jutep”, declaró el entonces representante de la oposición en la Jutep Jorge Castro a El Observador, poco antes de que el Partido Comunista le pidiera la renuncia por no haber tenido en cuenta la reacción política que iba a provocar.
El Frente Amplio, a su vez, aceptó que a Castro su partido le pidiera la renuncia por haber firmado un informe donde se sostiene que la construcción del Antel Arena violentó los principios de probidad, transparencia, eficiencia y legalidad.
Mientras Cosse declaró que la de Ecovis fue “una pseudoauditoría”, la consultora reivindica haber hecho un trabajo serio ganado en licitación pública en competencia con varias empresas del sector, más allá de que su director, Marcelo Caiafa, que tiene más de tres décadas de experiencia en el área, hubiera anunciado en redes sociales ser “orgullosamente blanco”.
Mucho más complejo de analizar que la actuación del ahora famoso “hombre de las mil gauchadas” de Florencio Sánchez, el caso del Antel Arena lo está estudiando la Fiscalía. Ayer miércoles se agregó otro asunto pesado, pero de signo contrario: los senadores frentistas presentaron ante la Fiscalía General con la intención de que sea derivada a Delitos Económicos y Complejos la anunciada denuncia contra el ministro del Interior y antes de Transporte, Luis Alberto Heber, el presidente de la Administración Nacional de Puertos, Juan Curbelo, y otros funcionarios, por el acuerdo con la naviera belga Katoen Natie en relación con la terminal de contenedores. La oposición considera que, al menos, fue ocultado de forma ilícita, avasallando competencias, usurpando funciones y otorgando beneficios ilegales a la empresa.
“Enterado sobre una denuncia presentada contra distintos funcionarios del gobierno respecto al acuerdo en torno a la terminal portuaria, quiero dejar claro que ellos actuaron bajo mi supervisión y responsabilidad”, escribió en la red social Twitter el miércoles 29, luego de que se presentara la denuncia, el presidente Luis Lacalle Pou.
