Tras una década de torturas y confinamiento, Estados Unidos intenta cerrar la cárcel de Guantánamo, por la que pasaron casi 800 presos

Luego de los atentados del 11 de setiembre del 2001, cuando el gobierno estadounidense salió a cazar terroristas islámicos, se enfrentó a la pregunta de dónde confinaría a los prisioneros. Decidió establecer un campo de detención en la base de Guantánamo, con establecimientos “provisorios”. Con el correr de la década siguiente ese establecimiento representaría el deterioro de la imagen ante la comunidad internacional del respeto de Estados Unidos por los derechos humanos.

En el 2005 la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, expresó en un comunicado que “casi un año después de que la Suprema Corte decidiera que los detenidos en Guantánamo deberían tener acceso a un proceso judicial, ni un solo caso de los cerca de 500 detenidos llegó a las cortes por obstáculos de la Administración”.

“Guantánamo se convirtió en el gulag de nuestros tiempos, estableciendo la noción de que las personas pueden ser detenidas sin recurrir ante la ley”, afirmó. “Si Guantánamo evoca imágenes de la represión soviética, los ‘detenidos fantasma’ (...) retoman la práctica de las ‘desapariciones’ tan popular entre los dictadores latinoamericanos en el pasado”.

Khan afirmó que “bajando los estándares de derechos humanos, los Estados Unidos han debilitado su propia autoridad moral para hablar de derechos humanos”.

En febrero del 2006 un informe de las Naciones Unidas concluyó que Estados Unidos estaba cometiendo actos de tortura en Guantánamo, que incluían la alimentación forzada de los detenidos y el confinamiento solitario prolongado. El informe recomendaba el cierre de Guantánamo y el cese de las técnicas “especiales” de interrogación. Además afirmaba que Estados Unidos violaba el derecho de los detenidos a un juicio justo, a la libertad religiosa y a la salud.

“The Washington Post” reveló en el 2009 que la oficial a cargo de supervisar el enjuiciamiento de prisioneros de Guantánamo, Susan Crawford, reconoció que los militares de Estados Unidos habían torturado a un árabe acusado de participar en la planificación de los atentados del 11 de setiembre “interrogándolo con técnicas que incluyeron aislamiento sostenido, privación del sueño, desnudez y prolongada exposición al frío”. Crawford dijo que el tratamiento de ese prisionero “coincide con la definición legal de tortura”.

En el 2006, luego de que la Suprema Corte de Justicia decidiera que los reclusos no podían ser juzgados por tribunales militares, el gobierno anunció una directiva según la cual debían respetarse las garantías acordadas en Ginebra. Sin embargo continuaron las acusaciones de que dentro de las rejas de Guantánamo estaban ocurriendo torturas.

Michael Hayden, director de la CIA, informó al entonces presidente electo Barack Obama sobre las operaciones antiterroristas en una reunión que mantuvieron en diciembre del 2008, según cuenta el periodista Bob Woodward en su libro “Las guerras de Obama”, de 2010.

En ese encuentro Hay­den le dijo a Obama que solo seis de las técnicas de interrogación que se habían usado en Guantánamo seguían vigentes. Como la privación del sueño “parecía ser la única técnica que funcionaba en terroristas duros”, el resto de los métodos tenían como objetivo “prevenir que un detenido se durmiera”.

Obama preguntó cuáles eran las técnicas. Aislamiento del detenido, ruido o música alta, luces las 24 horas, uso de grilletes y de vendas, respondió el jerarca de inteligencia.

“Ok. ¿Qué solía estar en la lista?”, preguntó a continuación Obama, según reconstruyó Woodward en su libro. De las 13 técnicas que Hayden mencionó, algunas seguían siendo usadas:

Manipular la dieta del detenido y reducirla a menos de 1.000 calorías diarias. Desnudarlo. Tomar al detenido del cuello de la camisa para impulsarlo hacia adelante. Arrojarlo sobre una pared falsa y flexible unas 20 o 30 veces. Tomar al detenido de la cara con ambas manos. Abofetear al recluso en la mandíbula y en los abdominales. Confinarlo en espacios reducidos durante no más de ocho horas por vez, o 18 horas diarias. Hacer parar al detenido a cierta distancia de la pared, con los brazos extendidos tocándola, sin que pueda moverse. Empapar con agua fría al prisionero. Privarlo del sueño por más de 48 horas, por un máximo de 180, encadenándolo al techo. Y el submarino: atar al detenido a una tabla y sumergirlo en agua con los pies hacia arriba.

En el 2012, diez años después de la apertura de la cárcel, la alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, denunció que “individuos siguen arbitrariamente detenidos —indefinidamente— en clara violación al derecho internacional”.

En una columna de opinión en “The New York Times” el ex presidente Jimmy Carter sostuvo que Estados Unidos “está abandonando su rol como el campeón global de los derechos humanos”.

Un año después unos cien presos de Guantánamo iniciaron una huelga de hambre. Oficiales de las Naciones Unidas difundieron una declaración en la que sostuvieron que el confinamiento indefinido de los reclusos es “una violación flagrante de la legislación internacional en derechos humanos y constituye en sí mismo una forma de tratamiento cruel, inhumana y degradante”.

Prisioneros.

Como había prometido durante su campaña electoral, en enero del 2009 Obama firmó una orden ejecutiva para cerrar Guantánamo. Dio un plazo de un año para clausurar las instalaciones, mover a los detenidos a otros lugares y juzgar a los que fueran culpables de algún delito.

Pero meses después el Senado votó en contra del traslado de los prisioneros a otros centros y de otorgar los U$S 80 millones que el gobierno había pedido para cerrar la cárcel de Guantánamo.

El presidente siguió presionando durante los años siguientes sin éxito. En el 2011 el secretario de Defensa, Robert Gates, dijo ante el Senado que “las perspectivas de cerrar Guantánamo son, en el mejor de los casos, muy, muy bajas dada la amplia oposición a hacerlo que hay en el Congreso”.

Una revisión elaborada por el gobierno estadounidense y completada en 2010 determinó que de 240 detenidos en Guantánamo se había aprobado el traslado de 126. De ellos 44 ya habían sido enviados a otros países.

Según el informe, “aprobar la transferencia de un detenido no refleja una decisión de que el detenido no represente una amenaza o riesgo de reincidencia. Más bien la decisión refleja el mejor juicio predictivo de oficiales del gobierno, basado en la información disponible, de que cualquier amenaza que represente el detenido puede ser suficientemente mitigada a través de medidas de seguridad viables y apropiadas en el país receptor”.

Otros 44 detenidos fueron elegidos para ser procesados judicialmente, y 36 de ellos eran sujetos de investigaciones en curso. El fiscal general anunció que seis serían procesados por la Justicia federal y otros seis por comisiones militares.

De acuerdo a la revisión, 48 prisioneros fueron calificados como “demasiado peligrosos” para ser transferidos pero era inviable su sometimiento a la Justicia, por lo que debían seguir detenidos.

El principal motivo por el que el juzgamiento de algunos prisioneros era inviable, según el informe, es que cuando fueron capturados no se recogió evidencia admisible o suficiente para sostener una acusación criminal, ni hay testigos que los involucren en actos terroristas. Otra razón es la limitación jurisdiccional.

En el 2013 el Departamento de Defensa entregó una lista de prisioneros en esa condición luego de un pedido de acceso a la información pública presentado por el diario “The Miami Herald”.

Zeke Johnson, director de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, afirmó que “bajo la legislación internacional de derechos humanos todos los detenidos deberían ser acusados y juzgados justamente en una corte federal, o liberados”.

Desde el 2002 hasta el 2010, 779 individuos fueron detenidos en Guantánamo en conexión con la “guerra contra el terrorismo”. Cerca del 80% de los detenidos llegaron a Guantánamo en el 2002, durante los primeros meses de operaciones en Afganistán.

Entre los prisioneros hay, según el gobierno de Estados Unidos, “líderes, operativos y facilitadores involucrados en conspiraciones terroristas contra objetivos estadounidenses”, individuos “con roles organizacionales significativos en Al-Qaeda u organizaciones terroristas asociadas”, “líderes talibanes y miembros de milicias anti-coalición”, “combatientes extranjeros de bajo nivel” y otros no clasificados.

Aproximadamente el 40% de los detenidos eran yemeníes y más del 10% eran afganos. El resto tenían otras varias nacionalidades. La gran mayoría de los detenidos, cerca del 60%, fueron capturados en Afganistán o en la frontera de Afganistán y Pakistán, mientras que el 30% fueron apresados en Pakistán.

De los 779 presos de Guantánamo, casi el 70% fueron transferidos o liberados antes del 2009, informó el gobierno.

Algunos de los principales sospechosos de terrorismo contra los cuales se podía iniciar un proceso judicial eran Khalid Sheikh Mohammed (supuesto cerebro de los ataques del 11 de setiembre) y Ramzi bin al-Shibh (supuesto coordinador de los atentados, enlace entre Mohammed y los secuestradores de los aviones).

En la prisión también hubo niños y ancianos recluidos. Los diarios “The New York Times” y “The Guardian” publicaron en el 2011 fichas elaboradas por las Fuerzas Armadas estadounidenses sobre cada prisionero. El examen de esa información reveló algunos casos extremos, como el de Mohammed Sadiq, que tenía 89 años, demencia senil, depresión y otras enfermedades. Había sido detenido por posesión de documentos sospechosos, se descartó su conexión con Al-Qaeda y fue liberado algunos meses después. También destaca la situación de Naqib Ullah, que tenía 14 años cuando fue capturado en el 2003 y estuvo un año internado en Guantánamo. Omar Khadr, que tenía 15 años cuando fue capturado, era hijo de un supuesto líder de Al-Qaeda en Canadá y había matado a un soldado estadounidense con una granada. En 2010 se declaró culpable de crímenes de guerra ante un tribunal militar; era el primer menor en enfrentar esa condena desde la II Guerra Mundial.

En la actualidad, según información oficial proporcionada a Búsqueda, hay 154 detenidos en Guantánamo. De ellos 76 fueron catalogados como transferibles y 78 considerados de alto riesgo. Además, 83 ya fueron transferidos.

Obama pretende seguir el proceso de transferencia de prisioneros a otros países con el objetivo de cumplir su vieja promesa electoral de cerrar el campo. Por eso mantiene contactos con países que considera “amigos” para intentar que reciban a algunos de los prisioneros.

En ese proceso el gobierno de Estados Unidos solicita a los países receptores de prisioneros que les dé cierta seguridad y seguimiento, que monitoree su comportamiento y facilite su integración a la sociedad. Los gobiernos de los países receptores deben encargarse de todo eso, ya que no hay ninguna asistencia prevista de parte de Estados Unidos.

Los presos que llegarán a Uruguay ya saben que vendrán al país y tienen interés en hacerlo, según fuentes oficiales.

El acuerdo se concretaría por medio de una “nota diplomática” y falta que lo apruebe el Senado estadounidense, que hasta ahora obstaculizó durante más de una década el traslado de prisioneros y el cierre de la cárcel de Guantánamo.