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Un tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento del exdirector de los hospitales de Salto y Bella Unión, Marcos García, por el delito de conjunción del interés personal y el público.
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En una sentencia firmada el 10 de octubre, y a la que accedió Búsqueda, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4to turno rechazó por unanimidad los argumentos de la defensa y confirmó el fallo de primera instancia.
La investigación judicial —que fue iniciada de oficio por el fiscal Carlos Negro en 2016, luego de que trascendieran públicamente presuntas irregularidades en la contratación de ambulancias en Bella Unión— también indagó a otros dos médicos del centro, Federico Eguren y Rodrigo Barcelona, todos socios de Siemm. Pero finalmente solo encontró responsabilidad en García, que tras la confirmación del tribunal deberá enfrentar un juicio.
García fue contratado en 2009 como subdirector del Hospital de Bella Unión. En marzo de 2011 pasó a ser adjunto a la dirección, y en ese año fundó la empresa de traslados junto con Eguren, director del hospital en ese entonces, y Barcelona, pediatra en el mismo centro. García asumió la dirección del hospital en 2012 (más adelante asumiría la dirección del Hospital de Salto).
Según la sentencia de Sánchez, “en su calidad de director y como ordenador de gastos”, García contrató “directamente a los servicios de traslado de pacientes del Hospital de Bella Unión, a una empresa de la cual era dueño y fundador”. Posteriormente, hizo un llamado a licitación “a sabiendas de que la única empresa interesada en comparecer al llamado era precisamente Siemm, pues era la que venía siendo contratada”.
En 2015 la Administración de Servicios de Salud del Estado inició una investigación administrativa sobre un posible conflicto de intereses. El resultado de la investigación fue una amonestación verbal para García.
El exjerarca integró listas nacionales y departamentales del ex vicepresidente Raúl Sendic en las elecciones internas del Frente Amplio en julio de 2016.
Apelación
La defensa del médico alegó ante el tribunal que no hay pruebas que acrediten “un interés legítimo o ilegítimo” en obtener “un provecho indebido con la contratación de Siemm”. Por el contrario, sostuvo, “la tercerización del traslado de pacientes era una necesidad del servicio”.
La defensa también argumentó que el proceso debía ser declarado nulo debido a que no se respetaron garantías previstas en el Código del Proceso Penal.
El tribunal rechazó ambos planteos. “Formalmente, la indagatoria preliminar se desarrolló con todas las garantías del debido proceso legal”, argumentaron los ministros Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Merialdo. Por otra parte, consideraron que la defensa no logró “desvirtuar la semiplena prueba reunida” en contra de García.
