Tribunal de Cuentas avaló, dividido, una renegociación con HRU para pasar la sala de casino de Pando al Nuevocentro Shopping

HRU es la concesionaria del Hipódromo de Maroñas licitada en 2001 que incluyó, además, un esquema mixto para los casinos: la empresa se encarga de proveer la infraestructura (inmuebles y equipamiento para las salas de esparcimiento), que se la arrienda a la DGC para que esta, con su personal, explote el juego, a cambio de un pago. Esos locales son los de 18 de Julio y Yaguarón (ex El Día), Montevideo Shopping, Géant de Parque Roosevelt, Pando y Las Piedras. El pliego de la licitación estableció que debían ser dos en la capital y tres en el interior.

En marzo de 2022 Nuevocentro y HRU firmaron el contrato de arrendamiento de nueve locales que abarcan una superficie de 1.385 metros cuadrados. Hípica prevé disponer 262 slots —muchos ya en uso en Pando— y 18 puestos de ruleta (frente a los 144 y seis electro chancer que hay en Pando), con una inversión en la obra civil y equipamiento en ese centro comercial de en torno a US$ 3 millones.

Tribunal

Para la Asesoría Letrada de la DGC, si bien es “discutible el principio rector inmutabilidad o la mutabilidad de los contratos”, en este caso, la modificación de las bases contractuales de la licitación pública internacional de 2001, que derivó en la concesión a HRU, “parte del acuerdo de voluntad entre el Estado y concesionaria, fundado esencialmente en satisfacer el mismo interés público considerado en el contrato a modificar, en probado beneficio y mejora del servicio”. En tal sentido, agregó, la reubicación “no implica un cambio en el objeto del contrato” de 2011 para la sala de Pando. En el marco de la renegociación se pactó un cambio en la cláusula “precio” para el primer año de vigencia y se convino un incremento puntual que contempla la inversión que está haciendo HRU en Nuevocentro y el “consecuente rédito que le aparejará a la DGC” por la mudanza. Según un informe del área comercial de esa repartición ministerial de junio pasado, el aumento de los slots en un porcentaje superior al 85% del actual parque en una nueva locación en un centro comercial “influyente y con densidad de población muy superior a la ciudad de Pando determinará un incremento de prestaciones superiores al 50%” de las que presta hoy.

Teniendo en cuenta esos y otros elementos, el mes pasado el TCR acordó “no formular observaciones a la modificación del contrato proyectada”, aunque tres ministros discreparon.

“No comparto” la resolución “entendiendo que debió observarse la modificación contractual” según el informe de la División Jurídica, planteó Diana Marcos. Se refirió, en concreto, a que el pliego y las bases de la licitación pública de 2001 previó que, de las cinco salas bajo el régimen mixto, dos debían estar en Montevideo y tres en el interior. “Si bien se reconoce que al momento de ofertar (…) no existió obligación de especificar la ubicación precisa de los cinco locales, aun así, resulta de manifiesto que se debe cumplir con el guarismo indicado en lo que atañe a la ubicación departamental”. Además, para esa ministra, aunque surge del acuerdo de partes, la reubicación de la sala de esparcimiento “implica un claro apartamiento de las estipulaciones previstas en las bases del llamado”. También invocó el artículo 63 del Tocaf, en el sentido de que debe imponerse el “estricto cumplimiento de los pliegos”.

Con argumentos similares, el ministro Miguel Aumento opinó que la modificación debió ser observada por el TCR “en consistencia con lo informado por la abogada”. Argumentó que “en el caso de que el oferente manifieste su voluntad de ofrecer en arrendamiento hasta cinco locales surge de forma clara que, si este oferta la totalidad, deberán dos encontrarse en Montevideo y los otros tres en el interior del país. En el caso de ofertar menos, deberá ser en proporción a lo estipulado”.

Agregó que los contratos públicos podrán modificarse “siempre y cuando se respeten las condiciones para ello, operando como uno de dichos límites a la potestad modificatoria —entre otros— la no vulneración de normas y principios imperantes en materia de contratación administrativa”.

Y mencionó, además, el hecho de que HRU “visualiza como una amenaza para las inversiones realizadas por ella” el establecimiento de la nueva sala del Costa Urbana.

Otro voto discorde fue el del vicepresidente del órgano de contralor, Enrique Cabrera, quien también invocó lo dicho por la abogada informante y suscribió los alegatos del ministro Aumento.

Una fuente que conoce el sector consultada por Búsqueda cuestionó la renegociación con el concesionario desde otra perspectiva. Dijo que, más allá de la obra de acondicionamiento en Nuevocentro, la DGC “no solicitó nada, no pidió ni exigió inversión adicional”, lo que contrastó con una anterior revisión contractual de 2010 que comprometió a HRU a invertir US$ 9 millones en mejoras del Hipódromo de Maroñas, incluida la construcción de la pista de césped. Y añadió: “Si no hubo un perjuicio probado (con la apertura de la sala de Costa Urbana) y tampoco hay contrapartida en obra alguna para el interés del Estado que no sea una mayor recaudación, la renegociación solo mejora la ecuación comercial de la empresa, que es la gran beneficiaria”.