Tribunal de lo Contencioso Administrativo encontró “ilegitimidades sustanciales” en una licitación de la Administración de Puertos

En paralelo, el organismo se enfrenta a una demanda por “daños y perjuicios” de la empresa Asilor S.A., que también compitió en la licitación. La compañía reclama unos US$ 350.000 porque entiende que la adjudicación fue ilegítima, ya que Galictio Tiferey S.A. no cumplía con algunos requisitos sustanciales del pliego de la licitación.

Una vez que se concretó la adjudicación, Asilor S.A. presentó recursos de “anulación” ante la ANP primero y el Poder Ejecutivo después. En ambos casos los reclamos fueron deses­timados y se confirmó la adjudicación con el argumento, entre otros motivos, de que el Tribunal de Cuentas no había hecho observaciones al proceso.

El último paso de Asilor S.A. fue presentarse ante el TCA y en este caso sí tuvo éxito. El 1º de junio de este año ese órgano hizo lugar a la demanda de la empresa y anuló el acto administrativo por el que se había adjudicado la compra de la draga a Galictio Tiferey S.A.

“La firma adjudicataria no presentó antecedentes propios, aspecto que fue correctamente relevado en el informe de la Comisión Asesora de Adjudicaciones, del cual luego se apartó —sin señalarlo con claridad y menos fundarlo— el acto de adjudicación dictado”, consideró el TCA.

Los antecedentes que presentó Galictio Tiferey S.A. eran en realidad de la española Freinval. En la oferta señalaba que esa firma le aportaría el know how para la construcción de la grúa. Sin embargo, la Comisión Asesora de Adjudicaciones y el TCA entendieron que, “sin desconocer la capacidad y experiencia de Freinval”, la oferta no era “evaluable”, ya que esa empresa no revestía “la calidad de oferente”.

En su fallo, el TCA sostiene que el hecho de haber considerado la oferta pese al incumplimiento de “un requisito sustancial del pliego” supone “una transgresión al principio de igualdad de trato de los oferentes”.

Además, el tribunal advierte sobre otro incumplimiento a un aspecto “central” del pliego. En uno de los anexos del pliego se exigía que el equipo a adquirir se construyera bajos las normas técnicas ISO 9001 y 14001. Sin embargo, en el acta de apertura de ofertas quedó asentado que la propuesta de Galictio Tiferey S.A. “no realizó mención a ninguna de las ISO”.

Al margen de esos dos aspectos que califica como “ilegitimidades sustanciales”, el TCA se expresó en profundidad sobre un “severo vicio en la motivación” del acto de adjudicación. Los ministros del tribunal apuntan de esa manera a que uno de los argumentos por los que la ANP resolvió la adjudicación a Galictio Tiferey S.A. es en realidad “completamente erróneo”.

En la resolución del 1º de julio de 2014, en el primer “considerando”, el Directorio de la ANP sostenía que en “el informe técnico de la Comisión Asesora de Adjudicaciones” las tres ofertas habían obtenido un “sí” en los cuatro ítems de evaluación y, por ende, todas eran “aptas” para la adjudicación.

Sin embargo, el informe técnico que valoró de esa manera las ofertas fue emitido en realidad por el Departamento de Flota y Dragado de la ANP como insumo para la Comisión Asesora de Adjudicaciones, que finalmente “rechazó lo informado” y entendió que “las ofertas de Galictio Tiferey S.A. y Habilis S.A. no cumplían desde el punto de vista formal con los requisitos”.

En el recurso que presentó ante el TCA, Asilor S.A. afirmó que el Directorio fundó su decisión en “un hecho falso”. La empresa cuestionó que la ANP “ni siquiera” fundamentara su decisión de apartarse de la recomendación de la Comisión Asesora de Adjudicaciones y que, en su lugar, optara “por hacerle decir a esta lo que nunca dijo”. En un tono más moderado, el TCA le dio la razón al reclamo.

“Los hechos no fueron como los expresó el Directorio en su resolución. La administración expuso una motivación errónea. Los motivos invocados por el Directorio de la ANP para adjudicar la licitación (…) son inexactos, dado que la empresa no cumplió con los requisitos contemplados en el pliego. (…) Se verificó un supuesto de motivación errónea o inexacta, o de inexistencia de los motivos, lo que conduce a la anulación del acto administrativo”, manifestó.