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La decisión anunciada por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial no sorprendió al gobierno, que “esperaba” que el grupo de árbitros internacionales considerara que tiene jurisdicción para estudiar “la sustancia” de la demanda que Philip Morris International inició al Estado uruguayo por la política de control del tabaco. En los hechos, la definición abre un nuevo capítulo en el litigio considerado un “leading case” —caso que lidera— a nivel internacional entre gobiernos y tabacaleras.
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Ayer miércoles, el Banco Mundial dio a conocer su resolución por la que opina que, tal como argumentó la multinacional, tiene jurisdicción para resolver el caso. A partir de ahora comienza un proceso largo de estudio que, según el gobierno, podría terminar a finales de 2015.
Philip Morris “celebró” ayer la decisión tomada por los árbitros internacionales, mientras que el gobierno remarcó que no se trata de una “victoria” de la tabacalera pese a que “así intente mostrarlo”, sostuvo ayer en conferencia de prensa el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.
El jerarca sostuvo que la decisión era “esperable” y que por eso mismo el grupo de abogados y representantes del gobierno que trabajan el caso ya tiene “definida su estrategia” para argumentar que el “Estado soberano” tiene “derecho a defender la salud de su población”.
Además, aseguró que las organizaciones no gubernamentales que hasta ahora apoyaron económicamente a Uruguay para defender su postura, como “Tobacco Free Kids” o el alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, continuarán ayudando financieramente al país.
Por otra parte, Julie Soderlund, vocera de Philip Morris, declaró ayer que “esta decisión hace que Uruguay asuma su responsabilidad respecto a sus obligaciones internacionales, responsabilidad que intentó evadir en las cortes locales ante este Tribunal (Ciadi)”. Consideró “injustificables” las medidas que tomó el gobierno uruguayo contra la epidemia del tabaquismo, iniciadas durante la administración de Tabaré Vázquez. Entre las medidas que ha tomado el gobierno se incluyen la suba de precios del tabaco mediante impuestos, la colocación de advertencias que cubren las cajillas, la restricción del uso de marcas registradas como “light” por ejemplo y la prohibición de publicidad.
Ayer miércoles la ministra de Salud Pública, Susana Muñiz, aclaró que la política antitabaco “es irreversible” y que “el derecho comercial de una empresa no puede estar por encima de los derechos”.
Es “preocupante” la crítica a la Justicia, opina la Presidencia
El argumento “más preocupante” de la resolución tomada por el tribunal internacional del Banco Mundial que dio lugar a la demanda iniciada por Philip Morris International contra el Estado uruguayo es aquel que critica dos aspectos del procedimiento de la Justicia uruguaya, opinó ayer miércoles en conferencia de prensa el prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa.
“El argumento más preocupante, que demuestra algunos de los problemas que podemos tener en el futuro, es que los reclamantes indicaron
que hubo denegación de Justicia y el arbitraje coincide en eso, por la forma jurídica que tiene Uruguay”, dijo.
Por un lado, los árbitros criticaron que el órgano que resuelve los asuntos administrativos en Uruguay, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), no da la posibilidad de apelar el fallo. Como consecuencia, consideraron que la empresa no tuvo posibilidad de apelar y negociar con el Estado.
En segundo lugar, los árbitros internacionales puestos para estudiar el caso indicaron que Philip Morris debió realizar el procedimiento establecido en la ley nacional Nº16.110 —que indica que en casos de empresas que se sientan afectadas y estén amparadas por el tratado bilateral de inversiones deben acudir al Tribunales de Apelaciones en lo Civil— pero que “como los jueces uruguayos no le dijeron en ningún momento que se debía ir por la vía de esa ley, entonces Uruguay renunció a ese derecho”, explicó Cánepa.
En un comunicado, Philip Morris International expresó que “el Tribunal hoy ha despejado el camino para que (la empresa) demuestre que estas dos regulaciones son arbitrarias e innecesarias y violan los compromisos internacionales del país”.
Uruguay había argumentado que el Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) del Banco Mundial no tiene jurisdicción en el caso, entre otras cosas porque la empresa debió agotar las instancias nacionales antes de llevar el juicio a la órbita internacional.
