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Una comisión preinvestigadora creada para analizar negocios de la empresa Aire Fresco con Venezuela y su vinculación con el Movimiento de Participación Popular (MPP), del ex presidente José Mujica, se pronunció este miércoles en contra de abrir una investigación acerca de los hechos. La denuncia fue presentada por el diputado blanco Jaime Trobo, quien anexó pruebas documentales de que la empresa, que intermedió en negocios con el país caribeño durante el mandato de Mujica, hizo aportes a la campaña del MPP en las últimas elecciones presidenciales.
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Este miércoles el diario “El País” publicó que Aire Fresco colaboró el 3 de setiembre de ese año con la suma de $ 480.000, unos U$S 19.400 en aquel momento. Los datos surgen de información de la Corte Electoral que detalla distintas donaciones recibidas por el sector de Mujica. La empresa tiene a su frente a los ex tupamaros Omar Alaniz y Carlos Decia, y al diputado del MPP Daniel Placeres.
Pese a la documentación presentada por Trobo, los diputados frenteamplistas Oscar Groba y José Querejeta entendieron que no existen motivos para iniciar la investigación. Argumentaron que la denuncia está basada en “recortes de prensa, dimes y diretes”, según recogió el portal de “El País”. El diputado blanco Rodrigo Goñi votó afirmativamente la idea de abrir una investigación. Ahora el tema se definirá el lunes 31 en el plenario de la Cámara de Diputados cuando se analicen dos informes: uno en contra y otro a favor. En principio el oficialismo tiene los votos suficientes para hacer que la iniciativa no prospere.
Millones.
A lo largo del escrito presentado por Trobo, de 31 páginas, se fundamentan las razones para instalar una comisión parlamentaria que investigue la intermediación de Aire Fresco en negocios millonarios y acuerdos bilaterales con Venezuela. Según la denuncia, el “vínculo notorio de personas y empresas, con sectores políticos integrados por altas jerarquías de gobierno, a quienes se concedió por parte de las autoridades uruguayas una posición preferente, y en algunos casos exclusiva, para realizar o impulsar negocios con entidades estatales o paraestatales, monopólicas de Venezuela” da mérito suficiente para realizar una investigación.
Para Trobo, la administración del Fondo Bolívar-Artigas y el financiamiento del Fondo para el Desarrollo (Fondes) para empresas “cuya viabilidad solo se explica por negocios que se realizan exclusivamente con Venezuela”, y la selección de empresas y personas amigas de jerarcas para realizar negocios en forma exclusiva, ofrecen una serie de elementos de apariencia “irregular”. También encuentra razones para que se investigue por “la alta probabilidad que alguna de estas personas o empresas beneficiadas contribuyan con sectores políticos cuyos representantes están cerca de las decisiones que los beneficiaron”. La denuncia se centra en 13 acuerdos comerciales firmados en enero de 2011 entre Mujica y el presidente venezolano Nicolás Maduro. En dos de esos contratos intermedió la empresa Aire Fresco.
En 2015, durante una rueda de prensa, Mujica le restó importancia a la participación de la empresa en los negocios con Venezuela y negó cualquier vínculo con su sector político. “Es una manera de ganarse la vida como cualquier otra. ¿O usted le pregunta a un intermediario, al de la barraca, si es colorado o es blanco? ¿Le va a preguntar al del frigorífico, que le compra ganado, si lo carnea y después lo vende?”.
La empresa Aire Fresco, que se dedica a la exportación de alimentos, vendió productos por alrededor de U$S 156 millones a Venezuela durante el anterior gobierno. La cifra representa el 8,9% del total exportado por Uruguay a ese país durante ese período, según una investigación publicada por Búsqueda. Entre 2011 y 2015 la empresa colocó unas 268.000 toneladas de distintos productos en el mercado venezolano, principalmente arroz y pollo, pero también trigo y pasta seca.
Bolívar Artigas y Fondes.
Trobo sostiene en su denuncia que el Fondo Bolívar-Artigas ha sido la caja de financiamiento de negocios, mayoritariamente realizados por el sector privado, sobre los que “no es posible” encontrar información sistematizada. Los volúmenes de dinero que se han manejado públicamente entre inversiones, venta de productos y servicios, le permiten arriesgar al diputado que alcanzan a los mil millones de dólares. Y entonces se pregunta: “¿Qué autoridad nacional en el Uruguay ha sido y es responsable de todos los aspectos vinculados a las actuaciones del Fondo Bolívar-Artigas? ¿Cuáles son los mecanismos para identificar los beneficiarios de los negocios que dicho Fondo financió? ¿Qué proyectos, actividades o ventas se financiaron? ¿Qué monto de recursos ha administrado el Fondo desde su creación hasta la fecha?”.
El diputado inquiere sobre las decisiones y el criterio de asignación de recursos a través del Fondes a las empresas y proyectos beneficiarios. Para Trobo es notorio que hay empresas asistidas por el Fondes que presentan una “excesiva dependencia comercial, económica y financiera que las hacen cautivas de sus compradores (únicos, en algún caso)”. Señala que eso “no solo es contrario a las reglas del mercado, sino también demuestran su manifiesta falta de competencia, y consecuentemente, su absoluta carencia de competitividad”.
En su escrito el diputado reclama investigar “para conocer de qué modo se comportó la administración y sus jerarcas en decisiones que están lejos de ser lo transparente que merecen, e involucra a privados notoriamente beneficiados en forma arbitraria”.
