Sánchez se mostró optimista respecto a una nueva mejora de la calificación en marzo y comentó que UAG “por primera vez logró tener un resultado neto positivo en su balance en lo que respecta al último trimestre” del año pasado, “aunque sean US$ 100.000”. Hay “señales positivas” que se verán en el balance financiero al 31 de diciembre, que será publicado esta semana, acotó.
Consultado sobre el proceso de reestructura, ese ejecutivo explicó que “en ningún momento” la empresa estuvo en conocimiento de una eventual ejecución de algún campo por parte del BROU para lograr el pago de las deudas.
“Lo que pasó es que tenía vencimientos importantes y la empresa no tenía flujos en lo productivo comercial para hacer frente a esos vencimientos, entonces se pidió una reestructura para adelante. Al no poder pagar, y con algunos vales bastante grandes, el banco nos bajó la calificación”, señaló.
Contó: “Nos hicieron una refinanciación acorde a la situación en la que estábamos, entendieron el cambio en el modelo de negocio y al 30 de junio de 2017 ya teníamos la deuda vigente” con el Banco República.
Respecto a la calificación actual de los créditos de UAG, Sánchez comentó que “si bien la deuda está vigente, reprogramada y al día con todos los bancos, el BROU no puede mejorar esa calificación porque se requiere el pago de un porcentaje de entre el 10% y 15% de la deuda, lo que está establecido en la normativa” legal bancaria.
A diciembre de 2017, el riesgo crediticio de esa firma con el BROU estaba en la categoría 5, que se trata de casos de clara evidencia de incobrabilidad, con atrasos mayores a 180 días en los pagos.
“Tenemos toda la deuda garantizada, con garantías de hipoteca de campos de una relación de dos a uno, no solo con el República sino con todos los bancos que operamos”, enfatizó Sánchez. Y agregó que UAG tiene un “patrimonio en campos superior a los US$ 300 millones y casi US$ 200 comprometidos en hipotecas con los bancos, para darle tranquilidad a los bancos de que la empresa va a respetar sus compromisos”.
Ventas y accionistas.
Tras admitir que al 30 de junio del año pasado “la empresa tenía urgencia de ir vendiendo algunos campos para dar solución a algunos bancos que pretendían ir achicando las deudas”, el gerente general de UAG consideró que hoy están “tranquilos” con la venta de campos que hicieron y que pueden ir vendiendo algún otro campo “en la medida que aparezcan buenos negocios”.
“No estamos dispuestos a vender por debajo del precio de tasación”, indicó.
Insistió: “Los bancos no están nerviosos, porque la deuda comercial la dejamos en cero, lo cual es un tema no menor”.
UAG es una compañía conformada por los fondos Wellington Management Company, LLP, Sprott Resource Corp, el FCPR Ice Opportunity, China Investmenet Corporation (CIC) y Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG), indicó la empresa a Búsqueda. Estos dos últimos fondos comprenden participación estatal, ya que el CIC es un fondo soberano chino y DEG es una institución financiera de desarrollo que es subsidiaria del banco KfW del gobierno alemán. Los fondos Agrivent y Columbia Wanger Asset Management, LP dejaron de ser accionistas de UAG. Actualmente los chinos de CIC son los mayores accionistas de esa firma, con un 13% del capital.
UAG cuenta con 275 accionistas.
Desde 2015 hasta el momento, Union Agriculture Group vendió entre 30.000 y 35.000 hectáreas para obtener recursos tendientes a reducir la deuda bancaria y ponerse al día con la deuda comercial.
Si la empresa concretara “la venta de 20.000 hectáreas” más, bajaría la deuda bancaria “a cero”, por lo que “UAG no es ni por asomo un cliente riesgoso para los bancos”, comentó Sánchez.
En varias operaciones de venta de campos realizadas en diciembre de 2017 la compañía optó por el cambio de acciones como parte de pago por las tierras, que en algunos casos estaban hipotecadas.
UAG Corp., que es la propietaria de UAG, resolvió vender en ese mes los derechos de propiedad de los establecimientos El Tauro, El Cerro, El Totoral y Cabatir a cambio de pago en efectivo y parte con la transferencia de acciones de Agrivent y Finetfo, según datos a los que accedió Búsqueda. Ese grupo de inmuebles comprende unas 3.000 hectáreas, ubicadas en los departamentos de Río Negro, Rivera y Salto, y están gravados con una hipoteca a favor de las firmas Maple Terra Corporation y Ofina Financial Group. En esa transacción, además de un monto de dinero, se estipuló el pago con 2.184.278 acciones a un valor de US$ 4,71 por acción.
Otra de las ventas de campos comprendió a los establecimientos La Victoria, con casi 4.700 hectáreas en Paysandú, y La Pilarica, con 420 hectáreas en Soriano, ambos gravados también con primera hipoteca a favor de Maple Terra Corp. En ese negocio se estipuló el pago con 3.050.050 acciones de UAG Corp., por un valor de US$ 4,71 por acción y un cierto monto de dinero.
En relación con esas transacciones, Sánchez reconoció que algunas “tuvieron un componente de efectivo que fue de un mínimo de 35%, y el resto de los pagos en acciones o con otras propiedades”.
“Si a la empresa le sirve y le genera beneficios a los accionistas, estamos dispuestos a analizar los negocios”, argumentó.
Comentó que “fueron operaciones aprobadas por el directorio de la compañía, porque son beneficiosas para el accionista, por recibir las acciones y el valor de la firma se mantiene o aumenta por ese tipo de transacciones”.
“Al venderse algunos campos entra un componente de efectivo que permite levantar la hipoteca y repagar algunas deudas”, indicó.
El actual Directorio de UAG es presidido por el empresario y fundador Juan Sartori, e integrado por los directores: Julio de Brun (expresidente del Banco Central entre 2002 y 2005), Oscar Costa, Oscar León, Francisco Ortiz Von Bismarck, Jerome Tordo, Ned Goodman y Wenyan Ma, este último en representación del fondo chino.
Planes.
De cara al futuro próximo de UAG, Sánchez señaló: “Por ahora no nos es conveniente producir”, lo que llevó a la empresa a “tomar la decisión de arrendar los campos, en vez de trabajarlos”. Del total de campos, quedó con 5.000 hectáreas dedicadas a agricultura y 6.000 hectáreas a la ganadería.
La idea es concentrarse en otras actividades vinculadas a la comercialización, al trading y a la logística, mediante la firma Granosur, que es propiedad de UAG.
“A cada productor que arrienda nuestros campos le pedimos una primera opción de venta de insumos, de compra de sus productos, y de esa forma la empresa pasa a ser socia del productor”, dijo.
La empresa le provee seguros agrícolas, asesoramiento agronómico, financiamiento para la compra de maquinaria, entre otras herramientas.
Los que arriendan campos de UAG son algo más de 30 productores y empresas dedicadas al cultivo de arroz, a producir soja, a engordar ganado y a la forestación, como es el caso de la finlandesa UPM.
El objetivo es diversificar los riesgos por el tipo de actividad, de contrato y formas de pago.
Luego de contar con varios cientos de empleados en otros años, hoy UAG tiene unos 100 empleados, de los cuales 70 trabajan en Granosur y otros en una firma contratista agrícola creada por UAG. Algunos agrónomos y técnicos aceptaron arrendar algunos predios para dedicarse a producir y mantenerse en actividad.
Pasaron 10 años desde el comienzo de las primeras actividades de UAG en Uruguay, cuando Sartori soñaba con conformar la empresa agropecuaria más grande del país y quedarse con los campos que estaban en manos de pooles de siembra de Argentina. Ese proceso vertiginoso de crecimiento tuvo un freno y un sacudón que ya le implicó un par de ajustes a esa empresa. Y mientras no se disparen los precios de los granos en el mercado de Chicago o haya una baja en los costos internos de producción, esa situación no parece que vaya a cambiar.
