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UPM rechazó propuesta del gobierno para la prevención de conflictos
El centro de la idea del Poder Ejecutivo era abrir oficinas cerca de la obra; el CEO de la empresa calificó como “crítico” alcanzar un acuerdo que mitigue las posibles medidas sindicales durante la construcción de la planta de celulosa
imagen de UPM rechazó propuesta del gobierno para la prevención de conflictos
Tabaré Vázquez recibió una buena noticia el martes 30 de abril: el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un paquete financiero de aproximadamente US$ 500 millones para la construcción de los 273 kilómetros de líneas que forman el Ferrocarril Central entre Montevideo y Paso de Los Toros. El anuncio era esperado por Vázquez desde hacía dos meses, cuando el presidente del BID, Luis Alberto Moreno, le informó que el cierre financiero de la operación iba a concluirse en abril. Sin embargo, el avance en la construcción del tren no significa que el gobierno pueda finalmente anunciar la instalación de una nueva fábrica de pasta de celulosa en el país, uno de sus objetivos principales antes de dejar la presidencia. Para eso es necesario que la finlandesa UPM acepte del Poder Ejecutivo un plan convincente sobre solución de protestas sindicales, lo que aún no sucedió.
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“Si bien se han logrado avances alentadores en muchas áreas, varias condiciones importantes establecidas en el acuerdo de inversión aún están pendientes. Los protocolos laborales, la regulación de la mitigación de conflictos y ciertos elementos importantes especificados en el acuerdo de inversión son todos críticos para UPM”, afirmó Jussi Pesonen, presidente y CEO de la empresa. “Deben cumplirse antes de que sigamos adelante”, agregó en la presentación del reporte financiero del primer trimestre, realizada el 26 de abril para los accionistas.
Los protocolos laborales, la regulación de la mitigación de conflictos y ciertos elementos importantes especificados en el acuerdo de inversión son todos críticos para UPM”, afirmó Jussi Pesonen, presidente y CEO de la empresa.
En febrero el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social elaboró un proyecto de resolución en relación con la prevención de conflictos durante la construcción de la nueva planta de pasta de celulosa, el tema que más preocupa a la empresa ante las demoras que las medidas sindicales puedan ocasionar a la obra. El proyecto, al cual accedió Búsqueda, se asienta “en la premisa de no generar procedimientos complejos que resulten ajenos al estatuto laboral que exhibe nuestro país”. La idea concreta implicaba instalar dos oficinas del Ministerio de Trabajo en Pueblo Centenario para intervenir en conflictos, crear una comisión de seguimiento de la obra, adoptar el procedimiento de prevención de conflictos de la industria metalúrgica y de la construcción en el Consejo de Salarios y un ámbito de arbitraje integrado por cada parte.
Tal como está planteado el proyecto fue rechazado por UPM, por lo cual las partes “siguen conversando y haciendo esfuerzo por llegar a algo aceptable”, según señaló una fuente al tanto de la negociación. El 24 de abril el ministro de Trabajo, Ernesto Murro, dijo en Radio Carve que “las cosas están muy bien encaminadas” y “que en 15 días habrá avances sustantivos”. Según informó El Observador, UPM comunicará su decisión final antes del 30 de junio, día de las elecciones nacionales internas.
En el punto 3.6.10 del acuerdo de inversión firmado por el gobierno y la empresa en 2017, UPM deja expresa constancia de que el resultado de las negociaciones en el ámbito de solución de conflictos podrá constituir una causal para que no construya la planta si no es “plenamente satisfactorio” a sus requisitos. “Varias condiciones importantes acordadas en el acuerdo de inversión no han sido satisfechas hasta la fecha”, sostiene la empresa en su reporte financiero, refiriéndose en específico a la necesidad de avanzar “en los protocolos laborales y en la regulación de la mitigación de conflictos”.
Seguimiento diario
Durante su único Consejo de Ministros abierto de 2019, realizado en Pueblo Centenario, Vázquez fue contundente al transmitirle a la población local que si fuera por él, ya estaría construyéndose allí la planta de celulosa. Pero la última palabra es de UPM, que tiene tiempo hasta el 15 de febrero del 2020 y antes de definir busca asegurarse que, a partir del primer día de obra, la fábrica esté pronta para operar en un máximo de 30 meses. La preocupación es evitar los problemas que debió sufrir Montes del Plata, que llevó entre 37 y 40 meses de construcción por las medidas sindicales.
Con el punto 3.6.10 del acuerdo de inversión como base, desde 2017 UPM, el Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT se han reunido para discutir protocolos de prevención de conflictos que eviten alargar la obra por huelgas u ocupaciones. El proyecto de resolución elaborado en febrero por el ministerio sostiene que la concreción de los objetivos fijados en esa cláusula debe ser facilitada dentro de su ámbito “mediante la aplicación de la normativa referida y el uso de las herramientas institucionales con las que cuenta el país”.
“Varias condiciones importantes acordadas en el acuerdo de inversión no han sido satisfechas hasta la fecha”, sostiene la empresa en su reporte financiero.
Una de las disposiciones del proyecto es la instalación en el sitio de construcción de la planta de una oficina de la Dirección Nacional de Trabajo y otra de la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social para funcionar de manera permanente durante el lapso de la obra, con la posibilidad de “comunicarse directamente con las jerarquías” del ministerio y el cometido de realizar el seguimiento diario “interviniendo directa e inmediatamente en las diferencias, conflictos o consultas con el objeto de resolverlas en el menor tiempo posible”. Más allá de estas oficinas, propone que el Poder Ejecutivo “fomente” la creación de una comisión tripartita de seguimiento de la obra “con el fin de garantizar las herramientas de mediación y conciliación en los conflictos que puedan generarse en las empresas proveedoras de los bienes y servicios, con la participación directa de los jerarcas de los órganos y organismos con competencia en la materia”.
El borrador también establece que las actividades centrales que intervengan en la construcción de la planta adopten el procedimiento existente en materia de prevención de conflictos “siguiendo el espíritu” de la resolución del Consejo de Salarios para los grupos 8 y 9 (la industria metalúrgica y de la construcción respectivamente) y la creación de un ámbito de arbitraje facultativo pero con laudo obligatorio para los casos complejos que así se determinen, que resuelva por consenso o mayoría y esté integrado con expertos de cada una de las partes y un tercero a propuesta del ministerio.
