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    UPM recibió más de 90 inspecciones por parte del Ministerio de Ambiente desde 2020

    Ambientalistas cuestionan datos de la cartera respecto a cantidad de autorizaciones ambientales aprobadas y critican que, de 937, solo 84 proyectos se pusieron de manifiesto público en 2023

    Días atrás, la gerenta del Área de Evaluación de Impacto Ambiental del Ministerio de Ambiente, Rosario Lucas, informaba que la cartera había otorgado 937 nuevas autorizaciones ambientales durante el año 2023; contemplan entre otras cosas a la llamada Autorización Ambiental Previa (AAP), un permiso que otorga el ministerio antes del inicio de determinadas actividades, construcciones u obras, con el fin de eliminar o mitigar potenciales impactos ambientales negativos (Búsqueda Nº 2.269).

    Pero sus anuncios no fueron bien recibidos por algunas organizaciones de la sociedad civil, que cuestionan las cifras manejadas por la cartera. En ese sentido, Raúl Viñas, integrante del Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus), dijo a Búsqueda que le “llamó poderosamente la atención el número de autorizaciones”, ya que “de ser correcto” significaría que se aprobaron casi tres permisos por día, cuatro si se consideran los días hábiles. “Es una carga de estudios autorizados demasiado grande. Además, si el estudio de cada proyecto implica un plazo de 120 días (un objetivo interno fijado por el ministerio), esa cantidad parece un disparate”, opinó Viñas. Consultada sobre los tiempos de aprobación, Lucas había informado que en promedio el análisis de los trámites demandaba entre seis y nueve meses.

    El ambientalista y magíster en Meteorología fue un paso más allá y afirmó que, según los datos del Observatorio Ambiental Nacional del Ministerio de Ambiente (OAN), solo se publicaron 84 manifiestos públicos de proyectos en 2023, correspondientes a iniciativas categorizadas como B y C, tal como establece la ley.

    “No puedo creer que haya tantos requerimientos de autorización ambiental y más cuando después vemos la cantidad de manifiestos. No pueden ser tantos los proyectos categorizados como A”, cuestionó en referencia a aquellas actividades, construcciones u obras, cuyas ejecuciones no presentarían impactos ambientales negativos y no necesitan ser puestas a audiencia pública ni presentar un estudio de impacto ambiental. “Es muy difícil que menos de un 10% de los proyectos dé lugar a manifiesto, que es básico para saber qué es lo que se está haciendo”, criticó.

    Viñas puso como ejemplo todos los proyectos vinculados al área forestal, que en general son categorizados como B. Según explicó, hace dos años se estableció que cuando se replantaran áreas forestadas las plantaciones de árboles anteriores a 2005 tendrían la obligación de presentar un estudio de impacto ambiental. “Todavía no hemos visto que aparezcan esos estudios en la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea)”, comentó.

    Por otro lado, el representante del Movus se refirió a los proyectos que el Ministerio de Ambiente no autoriza, que según dijo Lucas, significan menos del 2% de las iniciativas que se presentan. En ese sentido, Viñas dijo que ese porcentaje se debe a que “las empresas los retiran o el gobierno ordena que no se sigan estudiando, como el caso de Casupá”, pero no porque la cartera los rechace.

    “Es incompartible la idea de Lucas sobre que todos los proyectos se aprueben con modificaciones o ajustes; hay cosas que directamente deben ser rechazadas de plano”, comentó al referirse, por ejemplo, al megaproyecto inmobiliario que se estudia para Punta Ballena. “Eso no es oponerse al desarrollo, es buscar un desarrollo verdaderamente sostenible”, agregó.

    Por último, Viñas se refirió al desarrollo de las iniciativas de hidrógeno verde mencionados por Lucas, quien sostuvo que tanto los proyectos de HIF en Paysandú como el previsto para la localidad de Tambores, ya habían presentado estudios de impacto ambiental y se encontraban en etapa de evaluación. “Esto aún no figura en los manifiestos ni está registrado en el OAN”, criticó el ambientalista.

    Desde el Ministerio de Ambiente, en tanto, reiteraron los datos informados previamente y aseguraron que se trata de las cifras correctas. Explicaron que las autorizaciones que la cartera otorga tras ser evaluadas por el Área de Evaluación de Impacto Ambiental corresponden a la AAP, la Autorización Ambiental de Operación (AAO), la Autorización Ambiental Especial (AAE), la Viabilidad Ambiental de Localización (VAL), la Autorización de Actividad de Faja de Defensa de Costa, el Registro Forestal y los Planes de Cierre de Proyectos.

    “De acuerdo a lo previsto en el marco regulatorio, los proyectos que deben ponerse de manifiesto son los correspondientes a trámite de VAL y las AAP y AAE que pueden generar impactos ambientales significativos, concretamente aquellos clasificados B o C”, indicó Lucas. Los demás trámites no quedan alcanzados por la instancia de puesta de manifiesto, razón por la que en efecto solo se publicaron 84 en 2023. Incluso los proyectos B “no necesariamente” deben someterse a audiencia pública, pero el ministerio trata de hacerlo de todas formas.

    Inspecciones

    Si bien la cantidad de autorizaciones otorgadas en el año puede no vincularse directamente con la cantidad de inspecciones realizadas por el Ministerio de Ambiente —debido a que los proyectos autorizados pueden no haber iniciado la obra ni la operación—, el número de visitas podría dar cuenta de la cantidad de iniciativas que buscan desarrollarse en Uruguay.

    En ese sentido, según datos obtenidos a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por Búsqueda, desde su creación en 2020 el Ministerio de Ambiente realizó 2.030 inspecciones de oficio y 303 inspecciones a raíz de denuncias a través de su Departamento de Control Ambiental de Actividades.

    De las inspecciones de oficio realizadas, 61 se llevaron adelante en 2020, 504 en 2021, 874 en 2022 y 591 se hicieron en 2023. UPM fue la empresa que recibió más visitas de la cartera: tuvo en total 73 inspecciones, una en 2020, 18 en 2021, 23 en 2022 y 31 en 2023. En tanto, las inspecciones por denuncias a emprendimientos fueron 63 en 2020, 43 en 2021, 10 en 2022 y 187 en 2023.

    Por otro lado, el Área Evaluación de Impacto Ambiental también dio cuenta de las inspecciones realizadas durante esta gestión. Según informaron, las inspecciones vinculadas a los trámites de AAO fueron 83, mientras que las referidas a denuncias y al seguimiento de proyectos categorizados como de alta complejidad fueron 40 en total. Entre ellos, se realizaron 21 inspecciones a la planta de celulosa de UPM 2 en Durazno, 11 inspecciones al proyecto ferroviario Ferrocarril Central del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y seis a Tebetur S.A. (Terminal Portuaria Especializada en Celulosa en el Puerto de Montevideo).

    Los proyectos de Obras Sanitarias de Estado (OSE) para la “ampliación y mejora de la capacidad de abastecimiento de agua potable al área metropolitana de Montevideo” y la Terminal Cuenca del Plata S.A. fueron los otros dos categorizados como de alta complejidad que recibieron una inspección.

    “Como en cualquier administración, los recursos son limitados y hay que priorizar. Es por eso que a las empresas que pueden generar más impacto o tener más problemas se les hace un programa de inspecciones. Así, UPM tiene más inspecciones debido a su tamaño”, comentó Lucas.