UPM y Uruguay “abren las puertas” para instalar otra planta de celulosa, con la empresa cautelosa respecto al monto de inversión

El martes, por primera vez desde que las conversaciones se iniciaron en julio del año pasado, UPM dio de forma oficial una cifra para su inversión: “aproximadamente” 2.000 millones de euros en el sitio para la construcción de la planta, según publicó la empresa en un comunicado y divulgó después Sarantola en la conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva. Allí el ejecutivo finlandés habló en inglés más de media hora, con Javier Solari, gerente general de la empresa en Uruguay, como improvisado traductor. Su presentación con diapositivas no mencionaba los US$ 4.000 millones de inversión a cargo de UPM que en este tiempo el gobierno ha recalcado, pero Sarantola se salió por un momento del guion para intentar aclarar confusiones.

Lo cierto es que, más allá del total de la inversión, UPM mantuvo prudencia respecto a la globalidad del acuerdo firmado y a su significado. Tanto en el comunicado como en la presentación de su ejecutivo más alto en Uruguay, puntualizó que se trata de un contrato que establece “los compromisos de ambas partes, así como aspectos relevantes a ser acordados antes de la decisión final de inversión” para una planta de celulosa. Esos aspectos son fiscales, tributarios, ambientales, de capital humano, laborales y de infraestructura.

Críticamente importante.

La carpeta de Hughes & Hughes, estudio jurídico asesor legal de UPM, fue pasando de mano en mano para las firmas: primero al secretario y al prosecretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma y Juan Andrés Roballo; luego Gonzalo Giambruno, director de la Plataforma de Desarrollo de Negocios de UPM en Uruguay; por último, Solari. En la misma mesa observaba Sarantola y detrás de él los seis ministros involucrados en la negociación entre UPM y Uruguay: Tabaré Aguerre (Ganadería), Danilo Astori (Economía), Carolina Cosse (Industria), Eneida de León (Ambiente), Ernesto Murro (Trabajo) y Víctor Rossi (Transporte). Sentado debajo del estrado como un espectador más observaba Juan Otegui, presidente de la forestal Cofusa y socio local de UPM en Uruguay, otro de los actores fuertes que viene dialogando desde julio del año pasado.

El contrato de 91 páginas estima que la posible planta de UPM se instalará en Durazno, 5 km abajo de la ciudad de Paso de los Toros y pueblo Centenario, para producir celulosa y sus derivados, y abarcar otras líneas de negocios en el ámbito de la bioeconomía y las energías renovables. Generará un promedio de 3.000 puestos de trabajo, incrementará permanentemente el PBI en casi dos puntos porcentuales y recaudará tributos aproximados de US$ 120 millones al año.

“Ha sido un paso enorme para lograr que se instale la planta de celulosa”, valoró el miércoles 8 Vázquez en rueda de prensa sobre el acuerdo de inversión, que cerró la primera de las tres etapas del proyecto. El presidente citó para el jueves 9 a la mañana un Consejo de Ministros extraordinario en la residencia de Suárez con el objetivo de diseñar la segunda etapa, que confía se desenvuelva con más agilidad pues las partes “ya no se van a ubicar de un lado y del otro del mostrador, sino del mismo lado”.

Las proyecciones de la empresa indican que esta segunda fase durará entre un año y medio y dos años, y en ella espera importantes avances en la implementación de las obras de infraestructura lideradas por el Estado uruguayo. En el comunicado, UPM define al desarrollo de infraestructura “como factor fundamental” para construir su planta. Se trata de US$ 1.000 millones para desplegar una red ferroviaria de Paso de los Toros a Montevideo, renovar rutas y puentes en ese tramo, crear un viaducto y conceder a la empresa una terminal especializada en celulosa con acceso ferroviario en el puerto de Montevideo. El gobierno pretende conseguir esos fondos con financiación pública y privada.

Recién si esta segunda etapa concluye con éxito UPM iniciará el “proceso regular de análisis y preparación de una decisión de inversión respecto a una potencial fábrica de celulosa”, según ha manifestado la empresa en sus últimos dos reportes financieros. En el acuerdo sellado el martes 7 refuerza ese punto: alcanzar esas metas de infraestructura “es críticamente importante para la decisión final de inversión”.

Por eso, aunque en los últimos meses el gobierno ha insistido en que la red ferroviaria Montevideo-Paso de los Toros se hará con UPM o sin UPM, la pastera finlandesa tendrá un rol sustancial en el nuevo sistema ferroviario, que se ejecutará con un llamado a licitación pública internacional. El contrato establece que el gobierno debe asegurar a UPM que tendrá la capacidad y seguridad para el transporte y tráfico de cargas mediante el ferrocarril; que le proporcionará acceso total y no restringido en forma regular a toda la información relacionada con la obra; que la empresa tendrá derecho a nombrar personal propio y asesores independientes para monitorear la obra, y que la empresa contratará ciertos servicios y estudios de proveedores externos con el fin de asesorar en el diseño y la implementación del proceso de licitación del proyecto ferroviario.

Expresa constancia.

UPM deberá definir si construye o no otra planta de celulosa antes del 15 de febrero de 2020, de lo contrario el contrato alcanzado quedará sin efecto. La decisión dependerá de factores del mercado que haya en el momento (por ejemplo, los costos) pero especialmente de los aspectos que deben acordarse con el gobierno uruguayo. Además de la infraestructura, sobresalen entre ellos las condiciones laborales.

“UPM deja expresa constancia que si el resultado de las negociaciones en ese ámbito no fuera plenamente satisfactorio a los requisitos del proyecto, podrá constituir una causal para que UPM no tome una decisión final de inversión positiva”, advierte la empresa en el acuerdo. En ese sentido, el contrato afirma que ante situaciones problemáticas que puedan generarse por piquetes u ocupaciones, Uruguay “asume el firme compromiso” de convocar a un ámbito de negociación donde se trabajará “tomando como base los aspectos fundamentales contenidos en la propuesta del Ministerio de Trabajo presentada en marzo”.

Esa propuesta, redactada por el ministro Ernesto Murro, refiere a la regulación de procedimientos de prevención y solución de conflictos. Sostiene que en casos de ocupación y/o piquetes, “el Ministerio de Trabajo tendrá la facultad de intimar en plazo perentorio de 24 horas el cese de las medidas”; también señala que aquellos reclamos que perturben el orden público y no permitan la libre circulación de personas y bienes y el derecho al ingreso en empresas o instituciones públicas o privadas, habilitarán “al Ministerio del Interior a proceder al restablecimiento de la actividad normal bajo apercibimiento de uso de la fuerza pública”.