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Al asumir sus cargos en UTE, los directores representantes del gobierno volvieron a poner sobre la mesa un tema que un par de años antes había requerido una investigación en el Parlamento. El fallido proyecto de una planta regasificadora en Puntas de Sayago volvería a ser analizado en profundidad, esta vez a través de un informe de gestión externo, realizado por PricewaterhouseCoopers (PwC).
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Los hallazgos de esta consultora —que concluyó que Gas Sayago implicó una pérdida de US$ 213 millones, entre otros puntos— fueron nuevos insumos para la Justicia, que investiga presuntas irregularidades, y también para la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), otro organismo al que UTE decidió enviar esas conclusiones.
Basada en ese informe de PwC, la Jutep analizó la gestión de Gas Sayago y elaboró un documento que el miércoles 3 entregó a las autoridades de UTE, la empresa estatal que junto con Ancap es accionista de la sociedad anónima.
La Jutep concluyó que la gestión del proyecto de Gas Sayago fue “deficiente” e implicó “transgresión a las normas y a principios éticos”, lo que puede resumirse en “la violación al principio de legalidad”, afirma el documento al que accedió Búsqueda.
La violación de estos principios “puede constituir” una “falta administrativa, y consecuentemente aparejar sanción”, afirma la oficina de transparencia.
Según la Jutep, el directorio, los accionistas y la comisión fiscal de Gas Sayago “consintieron las situaciones irregulares”. Los jerarcas de UTE y Ancap “validaron expresa o tácitamente estos hechos y actos”, que constituyeron “un desvío de las directrices generales de buena administración pública”. Los controles de estas dos empresas públicas fueron “ineficaces e ineficientes”.
“De haberse obrado con estricto apego a la protección del interés público en juego, es razonable pensar que los resultados negativos se hubiesen atenuado”, dice otra parte del texto.
El organismo cuestionó que “no surgen evidencias de la realización de estudios previos” del proyecto y que “no se adoptó la sistematización metodológica aconsejada a nivel internacional”.
La planta regasificadora implicaba una “infraestructura compleja y de alto costo”, que requería de estudios de pre-factibilidad y factibilidad. Sin embargo, estos estudios previos fueron “insuficientes”, estuvieron alejados de “las mejores prácticas internacionales y locales” y se basaron en “documentos elaborados sobre premisas no debidamente fundadas”.
La “envergadura” de la sociedad anónima “no permitía avanzar” en su concreción hasta que no existieran “todos los estudios necesarios y una visión integral que arrojara proyecciones de rentabilidad sobre bases sólidas”.
Por este motivo, el organismo considera que resultó “resentido” el deber de “quienes ejercen la función pública en sentido amplio”. Agrega que la decisión de avanzar en el plan “no coincide con el concepto de ‘idónea administración de los recursos públicos’”.
El proyecto de Gas Sayago “careció desde su inicio” de una “valoración integral imprescindible”. En sus consideraciones, la Jutep menciona que en 2013 un documento ya preveía una “rentabilidad negativa para los accionistas” de US$ 76 millones.
Pilotes de Gas Sayago
Adjudicación irregular y sobrecostos
La Jutep se pronunció sobre tres obras que se ejecutaron como parte de la inversión de Gas Sayago: el dragado del Río de la Plata en Puntas de Sayago, el gasoducto de la regasificadora y la instalación de los pilotes, que aún siguen enterrados en esa zona de Montevideo.
Los estudios para la obra del dragado arrojaban que su viabilidad era “negativa”. “Su construcción no finalizó” porque solo se concretó en la “parte blanda” del Río de la Plata, pero no en la zona rocosa. “Objetivamente —consideró la Jutep— podemos decir que los responsables” de Gas Sayago “no obraron con la diligencia de un buen hombre de negocios”.
Al analizar la obra del gasoducto, el organismo se centró en la adjudicación a la empresa brasileña OAS, en un proceso que “no se ajustó a los requisitos exigidos por la empresa”. En esta selección “no se respetaron las bases del llamado a precalificación y se vulneró el “principio de igualdad y transparencia”, sostiene la Jutep.
Sobre la instalación de los pilotes en el agua, destacan que su remoción implicará un gasto aproximado de US$ 8 millones.
La estimación realizada por UTE para estas tres obras era de US$ 390 millones y los contratos firmados alcanzaron los US$ 718 millones, lo que implicó una desviación del orden del 84%, que “se traduce en un sobrecosto muy importante”.
Uruguay contra Perú en el partido de 2016. Foto: AUF
Fútbol y catering
El gasto de US$ 15.560 para un partido en 2016 por Eliminatorias entre Uruguay y Perú es otra de las partidas que la Jutep considera en su informe. La incluye en las consideraciones de “gastos operativos y generales” que si bien “no fueron significativos” en relación con el monto total de la inversión de la regasificadora, fueron “resaltados a nivel de control social”.
La compra de entradas para ese partido de fútbol es un ejemplo, para la Jutep, de gastos que “resultan totalmente ajenos al giro de la empresa”. En esta categoría incluye la contratación de un servicio de gimnasia laboral y masajes, que “debieron ser observados” por UTE y Ancap.
La Jutep menciona los gastos en alimentación, las contrataciones de servicios de catering, la compra de canastas navideñas, frutos secos y comidas de fin de año.
