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Cumplir los requisitos para convertirse en un conductor de Uber insume apenas alrededor de una hora. Es un proceso simple de cuatro pasos, completamente digital, que requiere la presentación de algunos documentos básicos: cédula de identidad, libreta de conducir, libreta de propiedad del vehículo, fotos del vehículo, la foto del sticker del seguro y un número de cuenta bancaria. Una vez que se obtiene la confirmación de la empresa, sin mediar ninguna reunión, prueba psicológica o curso de capacitación, el nuevo chofer ya puede comenzar sus viajes.
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El 29 de octubre del año pasado, Uber, a través de su cuenta de Twitter en Uruguay, convocó a personas interesadas en usar la aplicación. Los días siguientes, la directora de Comunicación de Uber en el Cono Sur, Soledad Lago Rodríguez, explicó en diversos medios de comunicación los detalles de la actividad de la empresa.
Al ser consultada por las garantías acerca de la aptitud de quienes querían brindar el servicio de transporte a través de la aplicación, Lago Rodríguez respondió que iban a exigir antecedentes penales y harían pruebas psicológicas para asegurarse de que eran capaces de hacer el trabajo.
Unas semanas después, 3.000 personas estaban anotadas para participar en las charlas de capacitación para convertirse en socios conductores de Uber. Con los meses fueron más y más las personas que se sumaron a la lista de potenciales socios. En abril los anotados eran 15.000.
En la actualidad, Uber no aplica casi ninguno de los controles prometidos cuando llegó al país para habilitar a sus conductores a prestar el servicio, según consultas que hizo Búsqueda a varias personas que usan la aplicación.
Los talleres de capacitación presenciales se realizaron solo al principio, debido a que la Gremial Única del Taxi ocupó los lugares donde se llevaban a cabo e impidió que continuaran. Esa instancia fue sustituida por una charla online, que consiste en un video de poco más de 17 minutos que explica cómo funciona la aplicación, pauta exigencias que deben respetar los choferes y da algunos consejos. Luego se realiza una encuesta en la que se hacen preguntas sobre el video.
“Es una estupidez el cuestionario”, resumió uno de los conductores consultados. Otros choferes reconocieron que ni siquiera dedicaron los 17 minutos para ver el video de capacitación y aseguraron que no debieron responder un cuestionario.
Según la empresa, los autos de los conductores deben ser de un modelo posterior a 2008, tener un motor de 1.000 centímetros cúbicos o más, cuatro puertas y airbag. Pero varios choferes de Uber dijeron que no hay control sobre esas condiciones. De hecho, uno de ellos manejaba un auto sin airbag.
Fuentes de Uber consultadas por Búsqueda insistieron en que los “procesos” de selección online y los documentos que solicita la empresa son suficientes para asegurar que los conductores son aptos, aunque reconocieron que no hacen pruebas psicológicas ni solicitan antecedentes penales.
Las flexibilidades para convertirse en conductor de Uber es uno de los atractivos que animan a sumarse a la empresa, además del dinero en juego. Conductores consultados dijeron que si se alcanza el bono que la empresa otorga por trabajar 60 horas semanales y los 100 viajes se puede obtener un ingreso cercano a los $ 14.000 por semana. Un grupo de cerca de 300 choferes creó un grupo de WhatsApp. Allí están evaluando pedirle a la empresa un aumento de los bonos porque sostienen que los premios bajaron desde que la empresa comenzó a operar.
Multas y emboscadas.
La falta de garantías que ofrece Uber fue de las primeras críticas que pusieron sobre la mesa las autoridades de la Intendencia de Montevideo (IMM). Argumentaron, por ejemplo, que a los taxistas se les exigía una libreta profesional y que eso daba seguridad a los ciudadanos, mientras que los potenciales socios de Uber iban a operar con un permiso de conductor amateur.
Para la comuna la actividad de Uber es “ilegal”, ya que está al margen de las disposiciones que establece como entidad reguladora del transporte público en la ciudad. De hecho, en mayo el intendente Daniel Martínez aumentó el monto de la multa por prestar servicios de transporte fuera del marco regulatorio de 35 a 70 unidades reajustables (unos $ 63.000), para frenar su crecimiento.
Cada vez que las autoridades encuentran a alguien en infracción, además de aplicar la multa retiran y retienen la chapa del vehículo hasta que se abone el dinero. En respuesta, la empresa comunicó a los conductores que se haría cargo de pagar la multa. La comuna, por su parte, tuvo dificultades para encontrar un método de identificar y multar a los choferes de Uber.
Ante esa situación, la Gremial Única del Taxi emprendió diversas acciones por su cuenta. Un taxista llegó a golpear a un funcionario de Uber y, en abril, otro fue procesado por agredir verbalmente a un chofer de la aplicación.
Una de las últimas movilizaciones de la gremial fue el 31 de mayo. Ese día tendió una “emboscada” a un conductor de Uber que, llevado por una cliente que resultó ser cómplice, terminó frente al edificio de la Dirección General Impositiva rodeado de decenas de taxistas. Acudieron allí los inspectores municipales, aplicaron la multa y retiraron la chapa al propietario del coche de Uber. Sin embargo, las autoridades de la comuna advirtieron que no acudirían en caso de que se realice una nueva “emboscada”.
Aunque eso fue un alivio para muchos de los conductores de la empresa internacional, la situación de “ilegalidad” y, sobre todo, las acciones de los taxistas, los pone en un lugar incómodo. Muchos de ellos cuando realizan los viajes esconden el celular y evitan ser identificados como socios de la compañía.
El 8 de junio un chofer de la empresa chocó contra un auto estacionado. Llevaba dos pasajeros a bordo. Uno de ellos se lastimó el hombro con el impacto. En lugar de llamar a una ambulancia o de llevarlos a un centro de asistencia, les dijo que solicitaran el servicio de otro conductor de la empresa para que los llevara al destino que ellos querían, según contó a Búsqueda uno de los pasajeros. Luego, la persona que se había lastimado se sintió mal y tuvo que llamar a la emergencia.
Regulación y competencia.
Regular este tipo de empresas es un desafío en todo el mundo. En primer lugar porque su actividad económica se basa en una aplicación tecnológica —que pone en contacto a los demandantes con los oferentes de determinado servicio— y suelen tener poca o nula presencia física en el lugar donde se instalan.
En Uruguay, el Poder Ejecutivo envió a mediados de marzo un proyecto de ley para regular la actividad de ese tipo de empresas. El texto fue criticado desde el ámbito empresarial, político y académico, por lo que hace unas semanas el gobierno envió otro proyecto diseñado por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).
Al igual que la iniciativa anterior, apunta a que el tipo de compañías como Uber paguen impuestos y cumplan con las normativas. No obstante, introduce algunos cambios: elimina el artículo 2, que planteaba legislar el sistema informático, en lugar de hacerlo a la persona que lo utiliza o que saca un rédito con él. A su vez, busca que sean los diferentes organismos del Estado los que regulen las aplicaciones vinculadas a su actividad. La idea de las autoridades es dejar establecido el marco legal no solo para las aplicaciones que ya están instaladas, sino para las que desembarcarán en Uruguay.
Fuentes de Uber dijeron que están “alerta” ante la posible llegada de sus competidores, como las empresas Lyft y Cabify.