escribe María Paz Sartori
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá“¿Cómo puede ser que tengamos el mismo proveedor de medicamentos que nuestros países vecinos y paguemos mucho más? Voy a renegociar el contrato, me niego a seguir pagando estos precios”, le dijo un funcionario público de Botswana a un grupo de investigadores e informáticos que recopilaron información sobre los costos del acceso a medicamentos en el sur de África. El grupo había trabajado bajo el concepto de open data o “datos abiertos” para hacer disponible y accesible las cifras tanto para el gobierno como para la sociedad.
Esas personas entrenadas formaron una red de monitores para recoger información sobre las clínicas de salud, su funcionamiento y horarios de atención. Una vez recopilada la información pudieron detectar diferencias en la atención y “todo tipo de disparidades”, dijo el ingeniero en software José Manuel Alonso, director de Open Data en la Web Foundation, impulsor de la iniciativa Open Data de España, delegado experto en la Comisión Europea y en Naciones Unidas y asesor de gobiernos como Chile y Ghana en datos abiertos. Alonso disertó sobre datos abiertos durante la Conferencia Regional de Datos Abiertos para América Latina y el Caribe que se realizó en Montevideo entre el 26 y 27 de junio.
El trabajo de relevamiento de información fue arduo para poder sacar estas conclusiones. “Con estos datos fue que empezaron a visitar agencias y ministerios para contarles lo que estaba pasando”, recordó Alonso.
En el plano de la salud mantener una política de datos abiertos —información pública, disponible y accesible— puede contribuir a mejorar el acceso de la población a este servicio. Así ocurrió con el proyecto de open data titulado Sarpam (el Programa Regional de África del Sur sobre el Acceso a Medicamentos y Diagnósticos, por sus siglas en inglés) que integran países como Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Namibia, Zimbabwe, entre otros.
Esta iniciativa de datos abiertos financiada por el Reino Unido permitió detectar los problemas en el acceso a medicamentos en el sur de África y comprobar que algunos fármacos en un país se llegaban a pagar —al mismo proveedor de medicamentos— hasta 25 veces más que en otros países, destacó Alonso durante su exposición en la Conferencia Regional de Datos Abiertos. Por ejemplo, fue en Suazilandia que se detectó una de las diferencias más grandes. Allí un medicamento llegó a pagarse 25 veces más que en Ruanda al mismo proveedor.
En temas como el medioambiente y la salud hacer disponibles estos datos “tiene una implicancia ética importante”, no son “datos fríos”, dijo Alejandro Rossi, director ejecutivo de Ecojure en Argentina, una organización dedicada a la investigación y el asesoramiento en temas medioambientales.
Pero lo que a menudo ocurre con los datos del gobierno, sus gastos y sus servicios es que la información está pero no de forma estandarizada ni disponible y accesible en la web para poder ser analizada. El objetivo de un “gobierno abierto” es que la gente pueda acceder a los datos y también que los pueda “utilizar como quiera”.
De hecho, Andrew Stott, integrante del Consejo de Transparencia del Reino Unido, dijo durante la Conferencia que en su país ya existen varias aplicaciones comerciales que utilizan los datos abiertos como insumo. Además, algunas aplicaciones de software reúnen la información de gobierno como la que publica la división de tránsito y mediante el procesamiento de los datos permite a los conductores de vehículos decidir la mejor ruta para ir de un sitio al otro.
“Debe haber un ecosistema de open data” para que la información disponible sea tomada y reanalizada por la sociedad, explicó Stott.
Según Felipe Mancini, de la Unidad de Modernización y de Gobierno Digital de Chile, en la región “hay mucha información pero esto no es suficiente, porque la gente la tiene que usar”. Además, “hay mucho open data que en realidad no es open”, no es accesible en formato abierto para todos, comentó Alonso.
De todos modos, la propuesta de datos abiertos debe partir del gobierno. Según Alonso, puede estar la infraestructura para tener disponible la información, pero en definitiva lograr un “gobierno abierto” es un tema político. Existen dificultades porque “el gobierno, la administración pública, no está acostumbrada a innovar”, comentó José Clastornik, director de la Agencia de Gobierno Electrónico (Agesic) durante su disertación en el evento sobre datos abiertos. Alonso destacó que el tema datos abiertos es “nuevo” y Clastornik opinó que no debería ser “un tema de moda” y “se debe institucionalizar”.
“Es un tema técnico, cultural y político”, dijo a Búsqueda Clastornik. El técnico —datos disponibles en formatos abiertos, interoperables— es “el más sencillo”, el cultural “el más duro” y el político es el que puede “habilitar” el cambio cultural. Para lograr un gobierno abierto no alcanza con “la burbuja política” porque la gente debería tomar esos datos, utilizarlos y difundirlos.
Según Stott los gobiernos no deben pretender que los datos que publican sean solo aquellos que les generan una buena imagen. De hecho “un gobierno abierto debe reconocer que los datos pueden disminuir la reputación del Estado”, comentó. Por eso “open data es un proyecto de reforma política”, relató Alonso.
Fuentes de gobierno uruguayas explicaron a Búsqueda que se trabaja “por la positiva” pero que cuando algunos organismos de gobierno proporcionan información y se la utiliza para brindar mensajes “negativos” a la sociedad se genera una desconfianza de brindar más datos a futuro.
“Tenés que aceptar que te digan algo que no te gusta o que se usen los datos para sacar conclusiones distintas de las que vos sacaste. Tiene que ser parte de la cultura”, expresó Clastornik.
La Ley de Acceso a la Información Pública (Nº 18.281 de 2008 que habilita a la población a solicitar información del Estado) es de “transparencia” y el “open data” o datos abiertos es más que una herramienta para hacer disponible la información, “va a más y es colaboración y coparticipación”, señaló Clastornik. Significa “ampliar las fronteras del Estado, es otra cabeza y una construcción colectiva. Hay algo que surge de lo institucional pero también otra parte es que la sociedad civil se apropie de esa información. Son tangos que no se bailan de a uno”, explicó Clastornik.
Continúa siendo un tema discutido porque en el plano del derecho “aún hay muchas cuestiones de confidencialidad y del cómo” publicar los datos que están pendientes, dijo Alonso.
Uruguay lanzó su iniciativa de gobierno abierto y a través de la plataforma datos.gub.uy algunos organismos ya han comenzado a publicar información accesible vía web (formatos abiertos). La página cuenta con un catálogo de datos que incluye información sobre temas como infraestructura y transporte y 14 organismos ingresados entre los que figuran municipios, ministerios y facultades, entre otras.
Durante la Conferencia Regional en la sesión de Periodismo de Datos, una integrante de Agesic mencionó que hay un gran número de datos disponibles en la web pero no existen desde los medios de comunicación nacionales equipos de trabajo ni espacios para contratar desarrolladores que trabajen de la mano de periodistas para transformar esos datos en noticias.