Un Poder Judicial “servil a otras áreas del poder” no sería “de un país democrático”, advierte un ministro de la Suprema Corte de Justicia

En una entrevista con Búsqueda, Chalar advierte que si el Poder Judicial fuera “servil a otras áreas de poder” no sería “democrático”.

Afirma que ese día sintió “algo parecido” a lo que se vivió “hace 40 años cuando se habían cerrado las puertas del Palacio Legislativo” en alusión al golpe de Estado.

Lo que sigue es un resumen de las respuestas que Chalar envió a Búsqueda por correo electrónico desde el exterior, donde asiste a un seminario.

—En las últimas semanas algunos dirigentes oficialistas han hablado de “democratizar” la Justicia ante fallos adversos de la SCJ que los molestaron. ¿Qué opina al respecto?

—Entiendo que su pregunta refiere a la publicación de Búsqueda del 2 de mayo en la que se dice de señores “con poderes especiales”, que toman decisiones y nadie los puede cuestionar, sentados desde su sillón con altos respaldos, etcétera. Creo que no todo eso justifica una opinión. No imagino que la altura de los respaldos o los tapizados de los sillones de que se sirven los señores senadores, por ejemplo, justifiquen un proceso de “democratización” del Parlamento o revelen algo acerca de la vocación democrática de nuestros legisladores: las instituciones y los países no son más o menos democráticos según las características de su mobiliario. Ahora lo de “democratización” quizá habría que tomarlo con mayor seriedad en cuanto parece corresponder a los pasajes en que, nada menos, se hacen apreciaciones que implicarían disconformidad con la independencia del Poder Judicial, independencia sin la cual, precisamente, el Estado democrático no existe. No sé si un Poder Judicial servil a otras áreas del poder sería la característica de un Estado “democratizado”, pero sé que no es la de un país democrático. La Justicia no requiere ser “democratizada”, vaya uno a saber con qué sentido y atendiendo a cuál propósito, sino que debe ser democrática, según lo es la de nuestro país. La Justicia es democrática cuando —le gusten o no sus sentencias a los gobiernos del momento o a otros centros de poder— actúa con independencia y con ajuste a la Constitución y a las leyes; y de esto da prueba sobrada el Poder Judicial uruguayo y lo reconoce el mundo, y debe ser defendido por todos para preservar la forma republicana de gobierno y demás valores de una democracia.

—¿A su juicio estos comentarios están ligados con la voluntad del gobierno de incidir en la formación de derechos humanos del CEJU (la escuela judicial)?

— No me consta que la voluntad del gobierno sea incidir en la formación de derechos humanos del CEJU, cosa que tampoco el Poder Judicial admitiría. Ni tampoco me consta que el gobierno comparta los comentarios (de “dirigentes”) sobre los que me pidió opinión en la pregunta anterior. Destaco que yo he tenido la fortuna de crecer en el Uruguay, así que nunca confundiría Estado con gobierno ni gobierno con sectores o partidos políticos, como ocurre en los regímenes totalitarios.

De todos modos, el CEJU es un centro de formación de jueces y por tanto siempre estará libre de “incidencias” e ideologías que no sean la republicana que recibe el artículo 72 de la Constitución, las sustente o no algún gobierno: los jueces no estamos para servir o complacer a gobiernos o a ideologías sino para cumplir lo que nos impone la Constitución. Suelo decir: la escuela y la justicia, laicas.

—¿Cree que en el fondo el oficialismo pretende controlar la designación y traslado de los jueces?

—No sé qué pretende el oficialismo, o si algo pretende, ni he encontrado motivo para preguntármelo. Sí puedo decirle que recientemente —por primera vez que yo recuerde, y en el marco de decenas de traslados de jueces que la Suprema Corte dispuso, según es frecuente y necesario para la debida prestación del servicio— algunos legisladores se interesaron por el traslado de una juez en particular.

—¿Teme que se llegue a una situación similar a la de Argentina? ¿Advierte un riesgo de politización del Poder Judicial?

—No. Creo y confío en la formación cívica de nuestros ciudadanos.

—¿Qué sintió el día que el Palacio Piria fue ocupado por un grupo de manifestantes con motivo del juramento de la jueza Mariana Mota? 

—Algo parecido a lo que sentí hace 40 años cuando supe que se habían cerrado las puertas del Palacio Legislativo. Y no llamaría grupo de manifestantes a quienes con insultos, amenazas y otras formas de violencia lograron durante horas impedir el funcionamiento de un Poder del Estado, debiendo intervenir la fuerza pública para restablecerlo y justificando la intervención de la Justicia penal. Por supuesto, restablecido el orden, la vivencia fue distinta a la de hace 40 años.