Martinelli defendió la reestructura que baja de 13 a nueve la cantidad de direcciones nacionales y que proyecta eliminar dos cargos de confianza. También sostuvo que con la incorporación de las asignaciones familiares el Mides pasará a tener a su cargo todas las transferencias monetarias que recibe la población vulnerable y eso permitirá una mejor gestión y atención a las familias.
El Ministerio de Vivienda, una de las áreas definidas como prioritarias por el gobierno, es otro de los pocos organismos que obtiene algunos recursos adicionales en un marco general de restricciones. Los artículos promovidos por ese inciso ponen énfasis en atender la situación de las personas que viven en asentamientos. En ellos se establece la posibilidad de declarar la emergencia habitacional y la intervención sociohabitacional en asentamientos irregulares.
Según el gobierno, esta medida permitirá una “acción rápida, coordinada y efectiva de los diferentes organismos del Estado involucrados en la regularización”. Esa intervención consiste en obras de infraestructura y mejoras edilicias, regularización de la titularidad de la tierra, y el fomento de la integración de las familias participantes y su entorno.
Una reforma y un aumento polémico
En la sección 2 el Presupuesto establece una serie de normas para un proceso de reestructura organizativa de las distintas dependencias estatales de la administración central. Para llevar a cabo esas modificaciones ponen un plazo de 18 meses. Los cambios pueden incluir “supresión, transformación, fusión y creación de nuevas unidades, así como modificación de sus denominaciones” y deben cumplir con una condición: no pueden “incrementar el costo de los vínculos laborales con el Estado al 1º de enero de 2020”. Para concretarse necesitan dictamen favorable de la Oficina Nacional de Servicio Civil y aprobación del Poder Ejecutivo.
El articulado establece un sistema de declaración de excedencia “sin necesidad de obtener la conformidad de los funcionarios” que realicen esas tareas. Para quienes queden en esa categoría y no accedan a retirarse dispone un régimen de “readecuación funcional”.
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) considera “peligrosas” las disposiciones de esa sección, según publicó la diaria ayer, miércoles 2.
El proyecto también prevé un aumento de más de $ 100.000 para los presidentes de las empresas públicas, lo que fue muy cuestionado por la oposición.
Foto: Nicolás Celaya / adhocFOTOS
La Udelar discriminada y el hospital del Cerro
En el amplio espectro de organismos educativos las sensaciones que dejó el articulado son diversas. En la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) las expectativas resultaron cercanas a la realidad, aunque con algunas salvedades. En su propuesta presupuestal el organismo había presentado una línea de base de $ 76.607 millones anuales y $ 742 millones para políticas de innovación educativa y obras edilicias construidas vía participación público-privada (PPP). El proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento contempla una línea de base de $ 76.528 millones, pero no el incremento necesario para los recursos de las obras PPP. Por otro lado, a partir de 2022 la ANEP planteaba una proyección incremental hasta alcanzar 3,8% al cerrar el quinquenio, pero el Ejecutivo entregó un mensaje de aumento solo para el primer año, sujeto a corrección en sucesivas rendiciones de cuenta.
Una de las principales novedades que presenta el Presupuesto para este organismo es la inclusión por primera vez de metas de cobertura, egreso y aprendizaje a cumplir en el período. La Administración se comprometió a llegar al 75% de egreso en bachillerato para 2024, cifra que hoy está en 43%. Otras de las metas a cumplir al cabo del quinquenio son: que cuatro de cada 10 de los escolares de los contextos más pobres esté en una propuesta de tiempo extendido, aumentar casi 10 puntos la asistencia suficiente y reducir en tres puntos la extraedad.
En un sentido similar, para 2023 la ANEP pretende llegar a 60 liceos modelo, semejantes a los prometidos durante la campaña presidencial por el excandidato colorado Ernesto Talvi, quien había prometido 136, según dijo a Búsqueda Robert Silva, presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP y compañero de fórmula de Talvi en las elecciones nacionales.
El presupuesto previsto para la Universidad de la República (Udelar) está lejos de lo pretendido por sus autoridades. “No son noticias buenas”, dijo su rector, Rodrigo Arim, el martes 1º durante la última sesión del Consejo Directivo Central (CDC).
La Universidad estatal preveía un aumento del 49% de su línea base presupuestal, de manera escalonada, hasta cerrar el quinquenio. El Poder Ejecutivo no fija ningún aumento ni ajuste presupuestal en el resto del quinquenio. Simplemente se mantiene la línea de base de unos $ 18.074 millones anuales.
Arim considera que “el congelamiento” del presupuesto universitario “pone en riesgo” los planes de crecimiento de la institución. “Un presupuesto cero en la Udelar, con el conjunto de restricciones adicionales que se presentan, es un escenario que complejiza mucho la vida institucional en el próximo quinquenio”, dijo.
Ante el CDC, el rector planteó: “¿Por qué la Universidad de la República no puede recibir donaciones especiales como las privadas y la ANEP?”. Finamente concluyó: “Nos enfrentamos a una discriminación institucional cuya explicación de fondo es inaccesible”.
La Universidad Tecnológica tenía en su planificación estratégica 2021-2025 metas de crecimiento sostenido. Su consejera, Graciela do Mato, dijo a Búsqueda que acompañarán el mensaje presupuestal presentado por el Poder Ejecutivo, ya que contempla tres áreas fundamentales que considera fundamentales: “Mantener la oferta educativa en los diferentes institutos y sedes del país, culminar las carreras en curso y culminar las obras en desarrollo”.
Un artículo posterga hasta enero de 2022 la puesta en marcha del Instituto de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria.
En Salud, una de las novedades incluidas en el mensaje presupuestal es la creación de una Dirección General de Fiscalización para “generar información confiable, trazable y oportuna para la toma de decisiones que les brinde garantías al administrado y a la población en general”. Para su conformación se crea el cargo de director, subdirector y 50 cargos técnicos en esta nueva área que funcionará en la órbita del Ministerio de Salud Pública (MSP).
El proyecto confirma el objetivo de crear un hospital en el barrio del Cerro. La “necesidad” de instalar un centro de salud en la zona está fundamentada por el número de usuarios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) que se atienden en el sector público: unas 65.000 personas, que corresponde a 45% de la población del Cerro. Para esto se prevé la asignación de unos $ 160 millones para la creación de cargos y complementos salariales.
Hay también un fuerte énfasis en el área de la salud mental y las adicciones. El proyecto propone construir instalaciones para albergar 140 plazas de psiquiatría en los hospitales Pasteur y Saint Bois. También planea rediseñar la estructura edilicia de las salas de internación del actual Hospital Psiquiátrico, transformándolo en Hospital Judicial, pasando a una dotación total de 120 camas. El proyecto plantea la creación de un Centro de Desintoxicación, con 20 camas, ubicado en un hospital general “a determinar”, para iniciar la primera fase del tratamiento cuando la internación esté indicada.
Sin apoyo
Si se aprueba el articulado sin cambios, el Poder Ejecutivo dejará de otorgar el subsidio estatal a la Federación Uruguaya de Teatros Independientes (FUTI), creado en el período anterior (2015-2020) y dotado de $ 14 millones por cada año.
“Golpe mortal a todos los grupos de la FUTI”, reza un mensaje viralizado por WhatsApp en la noche de ayer entre varias de las 19 compañías que integran esa agremiación. “Tenemos que resistir pero sobre todo tenemos que estar unidos y buscar una salida. Serán cinco años muy difíciles”. Este subsidio fue además objeto de una reciente polémica entre el ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, y Héctor Guido, el secretario general de El Galpón, la mayor compañía teatral nucleada en FUTI, que recibe la porción principal de ese subsidio.
Consultado por Búsqueda, Álvaro Ahunchain, coordinador del Instituto Nacional de Artes Escénicas, dijo desconocer el origen de la decisión, “ya que esa área del proyecto es resorte del Ministerio de Economía”.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
La identificación facial y los soldados vulnerables
“Recuperar una convivencia segura y pacífica es uno de los objetivos fundamentales de la acción del gobierno nacional para el presente período”, indica el Poder Ejecutivo en el mensaje y exposición de motivos del Presupuesto 2020-2024. Con ese enfoque, 12% de las asignaciones presupuestales totales se destinaron a los incisos asociados al Ministerio del Interior, que mantiene el gasto, recibirá $ 35.751 millones en 2021 y es el ministerio de mayor presupuesto.
Entre las propuestas más llamativas de esta cartera se encuentra la creación de una base de datos de identificación facial con fines de seguridad pública. El proyecto establece que la Dirección Nacional de Identificación Civil migre a la Secretaría del ministerio las imágenes faciales de las personas mayores de edad de las que lleva registro, los nombres y apellidos de sus titulares, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad, número de cédula de identidad, fecha de expedición y fecha de expiración.
Esta base de identificación facial se apoyará en la Ley 18.331 de protección de datos personales, a la cual el Presupuesto agregó en uno de sus literales los datos biométricos, datos personales obtenidos a partir de un tratamiento técnico específico, relativos a las características físicas, fisiológicas o conductuales de una persona que confirmen su identificación mediante datos dactiloscópicos, reconocimiento de imagen o voz.
La administración saliente ya había iniciado la adquisición de un sistema de reconocimiento facial.
En el Ministerio de Defensa uno de los puntos más relevantes era el aumento salarial que iba a recibir el personal más bajo del escalafón. En el mensaje de la ley de Presupuesto, el Poder Ejecutivo sostiene que los problemas de reclutamiento y de formación de recursos humanos se deben a limitaciones presupuestales que afectan las remuneraciones y el entrenamiento, y que el personal subalterno está “fuertemente afectado” por los problemas sociales que afligen a la población de menores ingresos.
La ley establece un incremento mensual de $ 600 para soldados, $ 625 para cabos de segunda, $ 740 para cabos de primera y $ 810 para sargentos. Además, asigna una partida anual para el pago de una compensación diaria de $ 450 al personal que desempeña tareas de control fronterizo.
Con el foco en el combate de la inseguridad y el narcotráfico, en marzo las Fuerzas Armadas iniciaron su despliegue en la frontera en cumplimiento de la ley aprobada por el Parlamento en 2018, que habilita a militares a patrullar en el perímetro de 20 kilómetros de la franja fronteriza, exceptuando los centros poblados. Los militares que realizan tareas de frontera son habitualmente el personal más bajo y están al menos siete días al mes abocados a ese trabajo.
Por otro lado, provocó polémica el aumento del número de oficiales superiores que prevén los artículos 113 y 114 de la ley de Presupuesto, que sustituyen los límites establecidos en la Ley Orgánica Militar aprobada el año pasado. Los efectivos de oficiales superiores del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea serán 156 en lugar de 130.