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Que es “rígido”, que buena parte es “endógeno” y deja poco margen de maniobra. Eso dicen las autoridades del gobierno cada vez que se discute sobre el Presupuesto, como en estos días con la última Rendición de Cuentas del período, que puede habilitar ampliaciones de gasto.
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La discusión ahora es sobre unos US$ 140 millones que el Poder Ejecutivo propuso como dinero adicional para 2019 y una cifra ligeramente mayor para 2020. Se trata de un aumento relativamente modesto considerando que el gasto presupuestal total en 2017 rondó los US$ 16.600 millones. Pero no hay “espacio fiscal” para más, señalan, por lo que las negociaciones en el Parlamento apuntan a redistribuir esos millones extra.
La rendición de gastos ejecutados de 2017 elaborada por la Contaduría General de la Nación (CGN) permite constatar la rigidez presupuestal de la que hablan los jerarcas del equipo económico: de cada 10 pesos, más de nueve (94%) fueron para poner en funcionamiento a la administración central, que engloba a los tres poderes del Estado, los organismos de contralor (Tribunal de Cuentas y de lo Contencioso Administrativo, Corte Electoral), la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y la Tecnológica, el Instituto del Niño y Adolescente, la “Junta Anticorrupción”, la Fiscalía de la Nación y Meteorología. El otro 6% —unos US$ 1.020 millones— fueron inversiones.
A los efectos del análisis, Búsqueda convirtió las cifras a dólares al tipo de cambio promedio del año pasado.
Rubros.
Dentro de los gastos de funcionamiento —cercanos a los US$ 15.700 millones el año pasado, según la CGN— se destacan algunos por el elevado monto involucrado. También otros, menores en cuantía, porque reflejan la diversidad de actividades que desarrolla la porción del sector público involucrada en el Presupuesto nacional.
Los “servicios personales” insumieron US$ 4.976 millones, lo que incluye el pago de sueldos, las cargas legales y las prestaciones sociales de los funcionarios, que superan los 223.000 en la administración central.
En contratos de personal de apoyo directo a ministros o directores se abonaron casi US$ 900.000, mientras que se gastaron otros US$ 950.000 en contratos artísticos. Figuran también diversas compensaciones o retribuciones especiales en algunas áreas o para grupos específicos de funcionarios: por “riesgo de vuelo” u “horas efectivas de vuelo”, a choferes y por “tareas inspectivas”. A su vez, el Ministerio de Defensa pagó “ayudas para arrendamiento”.
Las “transferencias” son otro rubro relevante en el presupuesto total ejecutado el año pasado. En esa categoría se computaron, por ejemplo, los US$ 1.900 millones recaudados por puntos del IVA asignados al Banco de Previsión Social, además de una asistencia por US$ 647 millones para cubrir el déficit de esa institución. Otros organismos con números rojos reciben subsidios, como AFE. Son también transferencias el apoyo estatal al Plan Ceibal, a Cinemateca Uruguaya, a Mujeres de Negro o a la Federación de Teatro Independiente, entre muchas otras. Algunos sectores productivos, como la industria de la vestimenta, reciben a su vez “subvenciones”.
La administración central destinó el año pasado más de US$ 1.000 millones a “servicios no personales”, una categoría que incluye varios rubros básicos de funcionamiento. Como cualquier hogar o empresa —aunque con facturas millonarias—, sus distintas reparticiones consumieron electricidad (US$ 72 millones), agua (US$ 38 millones) y telefonía (US$ 36 millones). También gastaron US$ 72 millones en limpieza, aseo y fumigación.
El rubro publicidad insumió US$ 10 millones, aunque en la contabilidad presupuestal se computaron aparte US$ 272.000 en campañas contratadas como “propaganda”.
En pasajes al exterior se gastó el año pasado US$ 2,3 millones y para viáticos fuera del país se destinó US$ 3,9 millones. En traslados internos se pagaron pasajes por US$ 10 millones y el doble en viáticos.
El director de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, defendió los “ahorros” que se están haciendo en ese rubro. Al presentar el martes 10 en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de Diputados el proyecto de Rendición de Cuentas, dijo que las misiones oficiales “se vienen controlando de manera extremadamente estricta”, así como los viáticos para viajes.
Otros “servicios no personales” en los que se gastó en 2017 fueron estudios, investigaciones y análisis de proyectos de factibilidad (US$ 2,6 millones). Por otro lado, se pagó cerca de US$ 1,4 millones en “servicios artísticos y similares”, surge de la información de la CGN presentada con la Rendición.
El papeleo que pasa por las oficinas públicas consume parte de los recursos presupuestales, por ejemplo, en útiles de escritorio (US$ 2,2 millones). Eso se complementó con adquisiciones de mobiliario así como de equipamiento informático, audiovisual y de comunicaciones por US$ 617 millones.
Para atender a usuarios del servicio de salud estatal, la alimentación en las escuelas o el personal de los cuarteles, el rubro “alimentos para personas” fue el principal entre los bienes de consumo, con un gasto de algo más de US$ 105 millones. En comida para animales se gastaron casi US$ 900.000 en 2017.
La cuenta de “intereses y otros gastos” asociados con la deuda pública —que financia el déficit fiscal— requirió más de US$ 1.600 millones.
Finalmente, la contabilidad presupuestal agrupa rubros diversos que no se pueden clasificar. Allí están los más de US$ 4 millones que insumieron los “acontecimientos graves e imprevistos”, así como otros “extraordinarios” por US$ 13,6 millones, “honores fúnebres” por US$ 15.000, US$ 625.000 en “gastos confidenciales” y casi US$ 1,5 millones en “gastos de etiqueta”, por ejemplo.
