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El ex tupamaro Héctor Amodio Pérez “fue un felón, que en las circunstancias en las que estaba no dudó en ponerse del lado de los carceleros militares para colaborar con los mismos, aportando información en busca de beneficios para sí”, abonado por “una personalidad egocéntrica, orgullosa, vanidosa, que estaba resentida y dolida con sus ex compañeros”. No obstante, no corresponde su procesamiento por el delito de privación de libertad, porque las detenciones en las que participó antes de salir al exterior gracias a un acuerdo con el Ejército fueron dentro de la ley y además fue amnistiado.
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Basado en esos y otros argumentos, el Tribunal de Apelaciones Penal de 4º Turno, integrado por Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Merialdo, revocó el procesamiento de Amodio que había dictado en setiembre pasado la jueza Julia Staricco a pedido de la fiscal Stella Llorente y dispuso su libertad provisional.
Amodio, que había sido detenido luego de presentar un libro en el hotel Sheraton de Montevideo —tras retornar al país en forma legal luego de más 40 años fuera— “no actuó amparado por el poder del Estado, sino que colaboró con el mismo, lo que es distinto”, evaluaron los magistrados.
El Tribunal, si bien no aceptó el recurso de nulidad presentado por la defensa del ex tupamaro, citó parte del escrito presentado por el abogado Andrés Ojeda, que considera que la jueza Starrico “estira y fuerza conceptos de suma relevancia, (...) aduciendo que las detenciones eran ilegítimas”.
En efecto, más allá de las consecuencias para los detenidos, los arrestos fueron realizados por orden del Poder Ejecutivo al amparo de las leyes vigentes en 1972, antes de que se produjera un golpe de Estado y que comenzara una dictadura que se extendió hasta 1985.
El fallo también señala que “en inadvertida incongruencia” la jueza en primera instancia procesó a Amodio como “presunto autor”, pero en otra parte del auto de procesamiento también lo calificó como “coautor”.
El Tribunal no pone en duda que Amodio “tuvo activa participación en la aprehensión de varios integrantes del Movimiento (tupamaro), así como también en la dirección de los interrogatorios” y que por “su actividad colaboracionista” obtuvo beneficios, como vivir con su entonces pareja, la ex tupamara Alicia Rey Morales, con la que viajó a España con ayuda de los militares, pero entiende que no corresponde juzgarlo debido a que “tiene la calidad de amnistiado formalmente concedida” según la ley 15.737.
Los magistrados entienden que esa amnistía “en el acierto o en el error” es algo que “no puede ser revisado” por más que “traicionó a su organización donde fue un alto dirigente (...) a cambio de una recompensa personal”.
“Tiras”.
La interpretación del Tribunal es que Amodio no está comprendido en las causas de exclusión de la ley de caducidad, “porque no era un funcionario policial, militar, equiparado o asimilado” , “los incalificables tiras” infiltrados, sino un “colaboracionista”, que por lo tanto “conforma un estatuto especial no previsto y bajo el cual incluso ya fue amnistiado en una causa”.
Ojeda, el abogado de Amodio, dijo a Búsqueda que si bien está satisfecho con el resultado, “la amnistía no es lo central ni lo más importante” del fallo sino que su cliente es “absolutamente inocente”.
Amodio había insistido en el Juzgado que no había traicionado a sus compañeros a pesar de que al menos dos militares retirados, Asencio Lucero y Orosmán Pereira, habían declarado durante la investigación de una denuncia por torturas y abusos sexuales presentada por varias mujeres en 2011, que los había ayudado a realizar detenciones.
En la causa habían declarado el ex presidente José Mujica, el ex ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro y los también tupamaros Pascual Quartino, Julio Listre y Carlos Martell, entre otros.
“Yo no soy juez de nadie. Respeto a los jueces. Cualquier opinión que haga sería mal interpretada”, dijo Mujica a VTV luego de que se conociera la revocación, y agregó que no encuentra sentido reunirse con Amodio, quien está “perseguido por su conciencia”.
Amodio reside en el Buceo, en la casa del investigador Jorge Marius, donde pasó una parte de su prisión domiciliaria.
Este miércoles mantuvo una nueva reunión con su abogado para estudiar si inicia una demanda contra el Estado antes de regresar a Cobeña (Madrid, España), donde tiene su residencia. Ojeda sostuvo que antes de adoptar esa decisión hay que esperar que se cumpla el plazo de 15 días hábiles que dispone la fiscal Llorente para presentar un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia.
