Se respiraba un ambiente de asamblea, que no llegaba a ser festivo ni mucho menos beligerante. Las pancartas definían por dónde venía la mano: “Acá se defiende la Cultura de Barrio”, “Todos somos Villa Española”, “Ellos tan Tahona, nosotros tan Villa Española”, “Coordinadora Solidaria Villa Española”, “Las de la Loma del Quinoto”, “Presente”. En remeras y carteles se repetía estampada la margarita de Desaparecidos. Hubo mate y tambores. Hubo una proclama de la comisión vecinal que, en lenguaje inclusivo, reivindicó las actividades sociales de “un club solidario”, con el que expresaron su “mayor solidaridad” y su “repudio” a la decisión del MEC. Hubo unas muy medidas palabras del secretario general del club, Omar Cazarré. Agradeció, precisó que no se buscaba confrontación, admitió algunas de las irregularidades señaladas, aunque recordó que toda la vida las hubo en el club. También expresó su preocupación por recientes episodios de violencia sufridos por jugadores y dirigentes el pasado fin de semana y, enfático, señaló que “nada tiene que ver la política partidaria”.
La tarde del martes pasó de la “cultura de barrio” al “barrio de mi alma”, como reza una pared en Camino Corrales y José Pedro Varela. Ahí está la sede del club, pintada de rojo y amarillo, con el gimnasio de boxeo que hace medio siglo albergó los sueños de Alfredo Bichuchi Evangelista y una cantina que hoy es sinécdoque del conflicto institucional. En las primeras horas de la noche, cuando la movida en el Obdulio Varela ya se había dispersado, el largo cartel de tela blanca que bloqueaba casi toda la entrada dejaba claro por dónde iban acá los tiros: “Se hizo justicia”, “Patentaron la marca cultura de barrio para camisetear”, “Curraron”.
Unas 60 personas, casi todos hombres, identificados como socios e hinchas del club, algunos con el sello de “La 79”, la barra de aliento, se congregaron frente a la sede en apoyo a la medida del MEC y cuestionando la legitimidad de las actuales autoridades, electas en noviembre de 2020. Hubo bombos y redoblantes, concentración y bocinazos de apoyo de los autos que pasaban. No hubo proclama, mucho menos lenguaje inclusivo. Algunos de los presentes dijeron que fueron los que cruzaron insultos el fin de semana con Santiago Bigote López, jugador y capitán del club, muy identificado con “los otros”, los de la “Cultura de Barrio”.
“Bigote alcahuete”, reza un graffiti de la esquina y es claro que, para estos manifestantes, no es referente de nada. Comparado con lo vivido en la cancha solo un rato antes, el ambiente en la sede es más barrial y futbolero, mucho más. “Acá no tiene nada que ver la política”, aseguró a Búsqueda Leonarda Pintos, una de las denunciantes de la situación, una mujer de 68 años de vida y 45 de socia, en una de las pocas y relativas coincidencias con sus antagonistas. “Lo que pasa es que cerraron la cantina solo para ellos”, enfatizó otro de ellos, Alejandro Suárez, en lo que resulta ser otro elemento de discordia.
En el medio de todo esto hay un conflicto a la vez muy fácil y muy difícil de entender que gira en torno a un club de barrio, que nació junto con un ring de boxeo y recién después se acercó a las canchas de fútbol. Es un club de barrio que hasta hace pocos años pasaba absolutamente inadvertido para cualquiera que no fuera uno de sus escasos hinchas.
De partidos, cantinas y camisetas
Fundado en 1940, con un estatuto de 1958 y debut en Primera División en 1998, eterno subibaja desde entonces y con años sin jugar al fútbol profesional por cuestiones económicas, la notoriedad de Villa Española se debe, admiten tirios y troyanos, a factores ajenos a la pelota. La diferencia es cómo lo han considerado tirios y troyanos.
La “Cultura de Barrio” que impulsan las actuales autoridades incluye la huerta orgánica que funciona en el mismo predio municipal del estadio Obdulio Varela, la colaboración con la escuela vecina y manifestaciones políticas en su propia camiseta contra la homofobia y en apoyo a la Marcha del Silencio. Eso ha estado de la mano con otras iniciativas particulares. Santiago López ha sido fotografiado por su postura contraria a la Ley de Urgente Consideración (LUC) con camisetas debajo de la indumentaria oficial. Esto último, precisó Cazarré, no representa la postura oficial del club. “De hecho, el presidente del club (Miguel Romero) no firmó contra la LUC”, dijo durante el Abrazo al Villa.
Curiosa situación espejo: otro de los impulsores de la denuncia que terminó en la intervención, el exdirectivo Edgardo Ramos Verde, ha reiterado por todos lados su condición de frenteamplista.
Esas manifestaciones políticas —a las que los actuales dirigentes le quitan todo rótulo partidario y quieren darle una pátina más filosófica— le generó a Villa Española inocultables simpatías desde la izquierda, aun en personas absolutamente ajenas al fútbol. Desde el arco político, las manifestaciones más notorias de solidaridad a esta medida han venido del Frente Amplio.
El presidente de esa fuerza política, Fernando Pereira, calificó de “disparate” la medida. La Comisión de Cultura del partido, más allá de entender la “pertinencia normativa” de la actuación del MEC, manifestó su “solidaridad” con el club y calificó de “preocupante” la intromisión del Estado “en el uso de redes institucionales”, algo que la resolución pide regular. Pero el gobierno en pleno, con el presidente Luis Lacalle Pou a la cabeza, respaldó el accionar ministerial.
Esta postura también le significó beneficios económicos a un club donde todo parece estar atado con alambre. Cazarré dijo a Búsqueda que al mes de marzo había unos 500 socios activos, cifra que aumentó en aproximadamente un centenar en estos días de anunciada intervención. En las elecciones de 2018, ganadas por Luis Peranich, “no teníamos la cantidad de socios suficientes para armar una lista”, agregó. Peranich —“que ni siquiera tenía la antigüedad de socio requerida para ser presidente”— renunció a los dos meses, por lo que Romero tomó el mando, el que ratificó en las últimas elecciones de 2020, con lista única. También significó la venta “de alrededor de 2.000 camisetas en el último año y medio”. Solo Peñarol y Nacional venden más, se jactan.
La elección de 2018 es reflejo de una situación reconocida por todos: el incumplimiento religioso de los estatutos es parte del folklore del club. Solo que recién ahora hubo una denuncia ante el MEC. Algunos de los allegados que se congregaron en el Obdulio Varela dijeron —en off— que al gobierno le molesta “lo político y lo social”; otros —todavía más en off— deslizan que “haber logrado que no se le deba nada a Tenfield” es lo que está detrás de esto. Desde la oposición (de Villa Española) se rechaza un extremo y otro.
La vieja cantina del club, hoy Cantina Sócrates, en homenaje al crack brasileño que impulsó la “Democracia Corinthiana” en plena dictadura de su país, con Santiago López tan referente en su gestión ahí como en el equipo, es hoy un centro cultural lejano al centro. En los mostradores que otrora gastaba Washington Canario Luna, su hincha más notorio, han actuado recientemente artistas tan distintos como Diego Presa, Estela Magnone o Florencia Núñez. Y esa cantina es otro campo de batalla.
El martes, quienes aplaudieron la medida del MEC afirmaban que fueron “echados” de la cantina, que “ya no pueden ir los hinchas ni los socios”, que “ya no hay ni sede”, que “se perdió el espíritu de barrio y de hinchada”, que “ya no es club de fútbol”.
Desde la vereda opuesta tienen una visión mucho menos romántica de lo que era esa vieja cantina, a la que describen —otra vez: en estricto off— como un ambiente “pesado” que incluía prostitución y trabajo infantil.
De miedos y plazos
Los dirigentes de Villa Española no ocultan que se han incumplido normas internas. Efectivamente, los estatutos hablan de una elección por año que todavía no se celebraron; el balance 2021 no se terminó y la comisión fiscal no existe como tal. El artículo 5 dice que el club “mantendrá absoluta prescindencia en materia política o religiosa, estando prohibidas las discusiones o celebración de actos de tal carácter” en locales de la institución. La disyuntiva pasa por una interpretación estricta o laxa de “política”.
Frente a la sede, en la fría noche del martes 28, los manifestantes sumaban sus reproches como en cascada: hablaban de jugadores que no firmaron la LUC y se tuvieron que ir del plantel (lo que la otra parte rechaza tajantemente), de renunciantes de comisiones fiscales que no tienen sustitutos, de trofeos del club tirados y encontrados en una volqueta, de socios nuevos acarreados en manada por los actuales gobernantes, de redes sociales utilizadas para burlarse de socios de toda la vida, “de un jugador (por el Bigote López) que parece que es el dueño”, de números que no cierran para los juveniles, de “negociados” con las camisetas.
Más prudente a la hora de hablar, Ramos Verde le dice a Búsqueda que durante todo 2021 advirtieron de la situación a las actuales autoridades. “Yo le dije al presidente: ‘Mirá que la estás macaneando’, ‘mirá que no podés presentar un balance el mismo día que nombrás la comisión’, ‘mirá que esta asamblea (noviembre de 2021) está mal convocada’. Y nunca tuve respuesta”.
Cazarré no cuestiona los hechos estatutarios señalados, aunque sí rechaza que se haya hecho “política partidaria”, y repite que por los canales oficiales nunca hubo un pronunciamiento “a favor o en contra de la LUC”. Dice que cuando López apareció con una remera alusiva en un partido oficial, “le advertimos que eso podía resultar perjudicial y no se repitió”. Además, que la intención de la directiva no era “perpetuarse”, y que la pandemia impidió un funcionamiento normal. Que pensaban llamar a asamblea, aprobar el balance y convocar a elecciones. Originalmente lo pensaron para junio, pero la denuncia de los socios del 29 de diciembre y la necesidad de contestar un informe del MEC en abril —donde se pedían explicaciones sobre las irregularidades— postergó la idea.
Como el fallo aún no es firme, los dirigentes siguieron cumpliendo sus funciones. Muchos admitieron sentir “miedo” el fin de semana pasado por los insultos recibidos luego de la derrota ante Racing. Como todo en esta historia, las partes se acusan mutuamente de provocar los incidentes. Los jugadores —que salieron a la cancha con carteles de cartón con inscripciones como “Nunca más”, “La primera independencia es leer”, “Al Villa con amor”— debieron permanecer 45 minutos en los vestuarios por las amenazas recibidas, según dijo el directivo a TV Ciudad.
El recurso para evitar la intervención puede ser presentado después de la Feria Judicial menor, que termina el 15 de julio. De concretarse la medida, el club tendrá que pagarle $ 35.000 al interventor por mes. Esa cifra, dice Cazarré, es “un platal” para Villa Española. “En el club todo lo hacemos de forma honoraria. A los jugadores les pagamos 25.000 pesos nominales, que es lo mínimo”. Recientemente, a un jugador se le rescindió el contrato para que pudiera hacer una diferencia económica en el exterior: le había salido un contrato “por tres o cuatro mil dólares“ en Guatemala.