En las columnas de opinión y análisis publicadas en medios como El País o la diaria, en blogs de reflexión especializada, en los intercambios en redes sociales, economistas de distinto pelo suelen exponer visiones muchas veces discordantes. Puede que esos espacios den una perspectiva muy parcial sobre qué tan lejanos, o cercanos, se ubican conceptualmente los profesionales de la ciencia económica en Uruguay. O no.
A partir de encuestas referidas a casi 40 afirmaciones sobre varios bloques temáticos, Verónica Amarante, Marisa Bucheli y Cecilia Lara, del Instituto de Economía (Iecon) de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, hallaron que entre los economistas uruguayos hay consenso “fuerte” en 28% de ellas, “sustancial” en 18%, “modesto” en 51% y “nulo” en 3%. La suma de las coincidencias más potentes (“fuerte” y “sustancial”), un 46%, resultó menor que la surgida de investigaciones similares efectuadas en Estados Unidos y México.
De manera consistente con la evolución creciente de la matrícula de la carrera, la población en estudio se compuso de solo 13% de graduados antes del 2000. A su vez, los recibidos en las tres universidades privadas (Católica, de Montevideo y ORT) fueron el 23%. Casi la mitad (48%) de las contestaciones correspondieron a mujeres. Para capturar la posición ideológica, se les pidió que se ubicaran en una escala del 1 al 10; las respuestas, agrupadas en tres, arrojaron una incidencia de 45% de aquellos “de izquierda”, 32% de “centro” y 23% de “derecha”.
El cuestionario relevó 39 opiniones referidas a seis áreas temáticas —“Supuestos y estatus como ciencia”; “Soluciones de mercado e intervención del gobierno en mercados”; “Desigualdad y redistribución”; “Discriminación”; “Políticas educativas”; “Medio ambiente”— usando distintas escalas para expresar si comparten o disienten (o declarar que “no tiene opinión”). Basándose en tres indicadores, las autoras calificaron el grado de concordancia en las opiniones de los economistas como “fuerte” cuando todos tienen coincidencia; hablan de un consenso “sustancial” si coinciden dos indicadores y de “modesto” en caso de que sea solo uno; hay disenso total (o consenso “nulo”) si ninguno coincide.
De todos modos, aclaran que existen ciertas limitaciones en este tipo de mediciones: son difíciles de interpretar sin información comparativa y los resultados dependen de las preguntas sometidas a opinión. Además, las personas suelen tener diferente grado de conocimiento de los distintos tópicos.
De las 39 afirmaciones propuestas en el cuestionario, 11 obtuvieron un consenso “fuerte”, sobre todo por los módulos referidos a la discriminación de tipo étnica o de género y al medio ambiente (aunque es en el primero de estos dos en donde parece existir mayor convergencia de opiniones). Siete sentencias planteadas recogieron un acuerdo “sustancial”, en tanto que en otras 20 fue “modesto” (que resultó la categoría de consenso más frecuente).
Dado que las preguntas no son idénticas, la comparación con los resultados generales de los estudios similares de otros países tomados como antecedentes debe ser cuidadosa, si bien resulta ilustrativa, puntualizan Amarante, Bucheli y Lara. En referencia a los economistas de Estados Unidos, citaron un trabajo que reportó, para 2020, una distribución según grado de consenso de 33%, 30% 35% y 2% (consenso “fuerte”, “sustancial”, “modesto” y “nulo”, respectivamente). A su vez, entre los académicos de centros de economía mexicanos, fue de 24%, 34%, 34% y 7% en cada caso. El bajo consenso “nulo” y la proporción de la suma de aquel “fuerte” y “sustancial” (63% en Estados Unidos y 58% en México) llevó a los autores de esas investigaciones a concluir que no se puede hablar de disenso en la disciplina en dichos países.
Áreas de opinión
Como una de las seis áreas temáticas, el cuestionario planteó un bloque de aseveraciones buscando establecer el grado de acuerdo con tres supuestos de los principios de la economía neoclásica y cuatro afirmaciones indicativas del carácter científico de la disciplina.
Las respuestas arrojaron que los supuestos neoclásicos escogidos no despiertan consenso entre los economistas uruguayos. Tampoco dos proposiciones sobre el estatus de la economía como ciencia: una que refirió al uso excesivo de la matemática y otra a su rigurosidad en comparación con otras ciencias sociales.

Más lejos de la teoría y cerca del terreno, 11 preguntas indagaron acerca de la preferencia por soluciones de mercado o por intervenciones estatales. Entre aquellas que obtuvieron un consenso “fuerte”, los profesionales se expresaron en desacuerdo con la idea de que las leyes de protección al consumidor reducen la eficiencia económica y de acuerdo con que el gobierno debería intervenir para reducir el poder de monopolio de empresas privadas. “Es decir que los encuestados se manifiestan a favor de la intervención gubernamental en los mercados para proteger, en última instancia, al consumidor”, traducen las investigadoras.
Las preguntas relativas a la inserción internacional del país generaron consenso “modesto” en términos absolutos y neutralidad, o incluso disenso, en términos relativos, por ejemplo, al responder si para las “economías pequeñas, los tratados de libre comercio mejoran el bienestar”. Es un tema que, como con el eventual TLC con China, suele alimentar debates entre los economistas tuiteros.
Hubo un poco más de desacuerdo respecto a establecer restricciones al movimiento de capitales internacionales. Frente a esa cuestión, así como la de si se debería limitar la compraventa de divisas en situaciones de crisis de balanza de pagos, porcentajes relevantes de economistas optaron por no contestar. Tampoco surgieron consensos importantes en las afirmaciones relativas al mercado laboral, como la conveniencia de restringir el poder sindical y de flexibilizar los despidos.
La última pregunta del bloque aludió tangencialmente a un tema hoy caliente: una eventual reforma previsional. La afirmación planteó que “si se busca postergar la edad de jubilación es mejor modificar las tasas de reemplazo” (el porcentaje de retribución al pasivo respecto de su salario en actividad), lo que arrojó “resultados confusos” según las autoras.
En cuanto al capítulo relativo a la igualdad social, un bloque que abarcó seis preguntas, dos revelaron un —previsible— acuerdo “fuerte” con el enunciado de que la distribución del ingreso debiera ser más equitativa y que propiciarlo es una tarea que le compete al gobierno. Al aterrizar eso, interrogando sobre las alternativas fiscales para la redistribución, aparecieron las divergencias: todas las afirmaciones despertaron un consenso “modesto” y dos un disenso relativo. Los mayores porcentajes de coincidencia correspondieron a la idea de no aumentar los impuestos a los más ricos porque ya están soportando cargas muy altas (65%) y a que los tributos directos deberían ser el pilar de los sistemas tributarios (58%). Menos acuerdo hubo respecto a apoyar la instalación de un gravamen a la herencia por razones filosóficas (49%).
Y en relación a la importancia del gasto frente a los impuestos como instrumento de redistribución, la mayoría de las respuestas se concentró en una posición neutra. “Así, si bien hay acuerdo en la necesidad de mayor equidad de ingresos y en la importancia del rol del Estado para alcanzarla, no se vislumbra” una coincidencia sobre “la mejor herramienta redistributiva. Esto es, existe una dificultad en que los economistas se pongan de acuerdo en las medidas a seguir para lograr una distribución más equitativa”, interpretaron las investigadoras del Iecon.
Del mismo modo que los encuestados compartieron ampliamente en que no existen las mismas oportunidades para mujeres y afrodescendientes que para el resto de la población, también resultó “fuerte” el consenso en entender que el gobierno debe promover la equidad de género en la toma de decisiones políticas (79%).
En contraste con esa sintonía, ninguna de las cuatro preguntas relativas a las políticas educativas tuvo un acuerdo “fuerte”. Por ejemplo, alrededor de 70% de los economistas discrepó con cobrar los estudios universitarios públicos; en torno al establecimiento de cupos de ingreso y cobro a los egresados de las universidades estatales y la instauración de un sistema de “vouchers” para que las familias elijan mandar a sus hijos a escuelas públicas o privadas hubo mayor divergencia (consenso “modesto”).
El 10% de los encuestados prefirió no responder el bloque relativo al medio ambiente, lo que para las autoras del Iecon sugiere que “se trata de una temática en la que hay una relativa falta de conocimiento y/o familiaridad en relación con las otras”. Entre los que contestaron hubo consenso “fuerte” en cuanto a que el gobierno tendría que ser más activo en controlar las emisiones de gases de efecto invernadero (84%) y al disentir en que se debe priorizar el empleo incluso a expensas del medio ambiente (67%).
Tipologías
Finalmente, el estudio incluyó un agrupamiento de los economistas en tipologías de individuos similares al interior de grupos y diferenciados entre estos.
Según esta caracterización, los del grupo 1 están en desacuerdo con la afirmación de “no aumentar impuestos a los ricos” y con flexibilizar los despidos de trabajadores, y muy de acuerdo con una distribución del ingreso más equitativa y que el gobierno favorezca la mayor equidad de género. Por su lado, los economistas del grupo 2 tienden a opinar lo opuesto, aunque sus posiciones no son tan extremas. De todos modos, la distinción entre ambas agrupaciones no resulta tan clara en todas las opiniones.
La probabilidad de pertenecer al primer grupo es mucho mayor para las mujeres. También para los economistas de 30 a 39 años, en relación con los más jóvenes, aunque cuando se incluyen las variables que reflejan el posicionamiento ideológico esta asociación se debilita. Del mismo modo, la probabilidad de integrar el grupo 1 es superior entre los que solo tienen el grado o han realizado un doctorado frente a aquellos cuyo máximo nivel educativo es la maestría.
Más previsible es el hallazgo de que las variables relativas a la ideología, tanto por autodefinición de los propios encuestados como de sus hogares de pertenencia, resultan altamente significativas para predecir la pertenencia al grupo 1. Así, esa probabilidad es menor para los economistas categorizados como de “centro” que para los de “izquierda” y aún más pequeña para los de “derecha”.
En ocasiones la red Twitter funciona como ágora para el intercambio entre economistas afines al actual gobierno, los que simpatizan con el Frente Amplio y algún independiente terciando posiciones que, muchas veces, suenan más parecidas que contrapuestas, como ocurre con los políticos.