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Un contrato de Ricardo Gil antes de que asumiera en la “junta anticorrupción” genera suspicacias en dirigentes oficialistas
Luego de indagar en su pasado, cuestionan que fuera contratado por la Presidencia por 14 meses con un sueldo de $ 103.000 mientras esperaba que se aprobara su venia; el jerarca niega que fuera “un curro”
El presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil, mantiene un alto perfil desde que, a mediados del 2017, decidió que el organismo asumiera competencia en el caso del entonces vicepresidente Raúl Sendic. Las decisiones que adoptó la denominada “junta anticorrupción” bajo su mando cuestionaron el desempeño ético de dirigentes del Frente Amplio y la oposición, y hasta provocaron críticas desde el gobierno y de referentes blancos y colorados.
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Algunos de ellos comenzaron a indagar hace semanas el pasado de Gil para detectar si hay antecedentes que permitan cuestionar su ética, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. Así fue que en los últimos días comenzó a circular entre dirigentes del Frente Amplio el contrato por el cual la Presidencia de la República reclutó a Gil como asesor durante más de un año, gracias al cual cobraba $ 103.000 mensuales, hasta que el Parlamento aprobó su venia para dirigir la Jutep.
Consultado por Búsqueda, el presidente de la “junta anticorrupción” sostuvo que en esos 14 meses que trabajó para el Poder Ejecutivo realizó varias tareas, entre las que mencionó haber dictado cursos de capacitación sobre lavado de activos, colaborar en la elaboración del proyecto de ley para cambiar la normativa sobre blanqueo de capitales y el asesoramiento a la Justicia en casos como la investigación que derivó en el procesamiento del ex vicepresidente de la FIFA Eugenio Figueredo.
Perfil alto.
Cuando asumió al frente de la Jutep, Gil aseguró que una de las prioridades de su gestión sería el combate a la corrupción. Aprovechó la oportunidad para llevar esa idea a la práctica cuando, en junio de 2017, Búsqueda informó que Sendic usó de manera irregular las tarjetas corporativas de Ancap mientras integraba el directorio de la petrolera.
El organismo emitió en setiembre de ese año un dictamen lapidario sobre la conducta de Sendic, quien había renunciado semanas antes. Después llegaron decisiones críticas sobre el intendente de Soriano, Agustín Bascou; el senador Leonardo de León (Lista 711), y sobre casos de nepotismo que involucraban a la intendenta de Lavalleja, Adriana Peña, y al presidente Tabaré Vázquez.
El caso del mandatario, que había contratado a su suegro para trabajar en el equipo de la seguridad presidencial, provocó un duro cruce entre Gil y el gobierno.
El Observador informó en febrero sobre la designación de Enrique Estévez como chofer de su consuegro, el presidente. El Poder Ejecutivo consultó a la Jutep si eso era irregular y el organismo respondió que no había reparos constitucionales, legales o reglamentarios, pero que creía inconveniente que el consuegro siguiera en su cargo.
El gobierno consideró que la Jutep se extralimitó en su dictamen y cayó en contradicciones. Desde la oposición también hubo voces críticas con la Junta.
Contrato.
Mientras siguen las apariciones de Gil en los medios para hablar de la ética pública, esta semana comenzó a circular en ámbitos políticos el documento que prueba el vínculo contractual entre Gil y la Presidencia. Quienes lo cuestionan, consideran que lo hicieron para pagarle un sueldo mientras conseguía el cargo en la Jutep, dijeron fuentes oficialistas al tanto de las discusiones.
El contrato, firmado el 11 de noviembre por el secretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, establece que Gil “se compromete” a colaborar “no adquiriendo en ningún caso la calidad de funcionario público”. El salario mensual acordado fue de $ 103.000.
El artículo cuarto establece que el contrato regiría “por el término de un año a partir de la fecha, y a su vencimiento se prorrogará tácitamente no más allá del término del mandato presidencial”.
El Poder Ejecutivo, con la firma del presidente en ejercicio Raúl Sendic, rescindió el contrato en febrero del 2017, cuando el Senado aprobó la venia de Gil para la Jutep.
“Ningún curro”.
Dos meses antes de su contratación, en setiembre del 2015, Gil renunció al trabajo que tenía en Buenos Aires en el Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, un organismo regional encargado de evaluar el control al lavado de activos en cada país. Desde el gobierno de Vázquez lo contactaron porque querían integrarlo a la gestión. Gil había sido el zar antilavado durante la primera administración del Frente Amplio y tenía una relación cercana con el hermano del presidente y actual subsecretario de Interior, Jorge Vázquez.
Cuando le preguntaron en ese momento qué quería hacer, Gil dijo que le interesaba trabajar en la Jutep para combatir el tema de la corrupción. Para ocupar el cargo debía esperar a que terminara a mediados del 2016 la gestión vigente, liderada por Luis Yarzábal, y que el Senado aprobara su venia.
Las venias fueron enviadas en setiembre del 2016 y aprobadas en diciembre del 2017.
El titular de la Jutep afirmó el miércoles 16 a Búsqueda que su contrato no fue “ningún curro”. Sostuvo que se extendió más de lo previsto porque la oposición no estaba del todo de acuerdo con los tres nombres elegidos por el gobierno.
Gil dijo que cumplió varias tareas durante su trabajo como asesor de la Presidencia. Entre otras, mencionó su participación en la comisión montada por la Secretaría Nacional Antilavado de Activos para elaborar un proyecto de ley que actualizara la normativa en la materia. En las actas parlamentarias consta la participación del titular de la Jutep en ese grupo.
El Poder Ejecutivo envió la propuesta al Parlamento y fue aprobada a fines del 2017.
El jerarca también colaboró con la Justicia durante la investigación por el caso de corrupción que involucró a Figueredo y otros dirigentes del fútbol regional. Esa actividad incluyó la elaboración de informes para la jueza Adriana de los Santos y la participación en interrogatorios con el indagado, según constató Búsqueda.
Gil dijo que durante el período cuestionado también organizó y dictó un curso de capacitación de varios meses sobre lavado de activos en el que participaron jueces, fiscales e integrantes de diversos organismos de contralor.
Consultado acerca de la remuneración que fijó el gobierno para su trabajo como adscripto, respondió que no sabe qué criterio utilizaron, pero mencionó que era “un poco menor” que la de la Jutep y que aquella que percibía por su trabajo en Buenos Aires.
El jerarca insistió en que su contrato de asesoría con Presidencia no era “nada secreto”, que lo conocían los legisladores cuando votaron su venia y también lo informaron los medios en diversas entrevistas. “En el currículum enviado al Parlamento cuando se mandó el pedido de venia está ese contrato y lo que hice en ese período”, aseguró.
