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“No podemos entender que el consumo de ninguna droga sea parte de la agenda de derechos de una persona”. La diputada nacionalista Alexandra Inzaurralde daba así la bienvenida al conversatorio Prevención, un capítulo pendiente, sobre el consumo de cannabis en jóvenes, que ella organizó el martes 5 en la sala Acuña de Figueroa del edificio anexo al Parlamento. El tono era claro: subrayar las ventajas de retardar lo más posible el inicio del consumo en el país, hoy a los 15 años, según las estadísticas, o directamente desalentarlo en la adolescencia.
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“Hablar de cannabis en Uruguay es para valientes. Te ganás una cantidad de enemigos rápidamente”, dijo a su turno la doctora Lorena Quintana, directora del Programa de Adicciones del Ministerio de Salud Pública (MSP). Si bien no quiso valorar la ley, próxima a cumplir 10 años, precisó que lo que esta legalizó fue “el mercado” y no “el consumo, que ya estaba permitido”, y “lamentablemente reguló a la vez el cannabis de uso medicinal que el recreativo”. El “lamentablemente”, puntualizó, se debe a que eso produjo “algún entrevero”: “Tengo pacientes de más de 80 años que me han dicho que compran ‘el de la farmacia’ para ver si les calma el dolor”. Es que la ley estableció que una de las vías de acceso al cannabis recreativo sea a través de las farmacias. Esta médica de familia, integrante de Cabildo Abierto, partido que en 2022 propuso derogar esta ley, señaló que “para elegir libremente” es necesario conocer los riesgos, comparando con los octógonos en los envoltorios de las galletas dulces sobre excesos de azúcares o grasas. “Yo después elijo si sigo comiendo las galletas o no”. La jerarca agregó que Uruguay “merece una campaña similar a la que (el expresidente) Tabaré (Vázquez) llevó adelante con el consumo de tabaco, pero en este caso de la prevención de cannabis”. Pero a su criterio “hablar de riesgos del consumo de cannabis en Uruguay es como demonizarlo”, señalando que eso no pasa con otras sustancias legales. “Yo puedo decir que el alcohol puede causar cirrosis, o el tabaco, cáncer de pulmón, y no se ofende nadie, pero por decir que hay riesgos de tumores de testículo, de esterilidad, de infecciones respiratorias o bronquitis crónica por cannabis parece que estamos haciendo una campaña en contra”.
La suya fue la ponencia que cerraba el conversatorio. Un posteo suyo en X (ex-Twitter) el día anterior señalaba que en Uruguay “el 23,9% de los estudiantes que consumieron marihuana alguna vez” habían intentado suicidarse, contra el 7,8% de los que no fumaron cannabis. Ese es un dato de la II Encuesta Mundial de Salud Adolescente de 2012.
Ese posteo, que recibió varias críticas en X (antes Twitter) que señalaban la no correlación entre ambos factores —algo que el propio informe señalaba y que la jerarca admitió—, tenía el objetivo de “promocionar” el conversatorio, como Quintana reconoció en esa red social. Ese objetivo fue logrado: el recinto estaba abarrotado, con un público que mezclaba liceales —como de la Sagrada Familia o el Jubilar— con autoridades, como el ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
El dato sobre los suicidios no fue manejado en ninguna de las ponencias. El posteo fue eliminado antes del evento porque tenía adjunto un afiche sobre el conversatorio que incluía entre los expositores a la politóloga Rosario Queirolo, que finalmente no participó por decisión de la organización.
Contenciones
“Chau, looocooo, estoy acá, en el Parlamento nacionaaal”. El psiquiatra de niños y adolescentes Gabriel Rossi provocó la hilaridad de los presentes en una intervención similar a la del recordado personaje “Paolo, el rockero”. Así sería el hiperasombro, una consecuencia del consumo (“en la adolescencia no se debe hablar de consumo no problemático”) en esta población; otros serían los problemas de reflejos (“pueden llegar a ser dos o tres veces más lentos que quienes no fuman”) o de memoria reciente. “El consumo antes de los 16 años puede generar grandes problemas en el lóbulo prefrontal” del cerebro, donde juegan la personalidad y la cognición y que termina de desarrollarse luego de los 20 años.
Ante esto, el profesional sugirió legislar “subiendo la edad de venta (de marihuana) por lo menos a los 21 años”. De inmediato dijo que esto, “que también debería considerarse para el alcohol”, no será impulsado por ningún político “por miedo a perder votos”.
El psicólogo Alejandro de Barbieri apuntó al involucramiento familiar y coincidió con Rossi en no hablar de “adicción”, sino de “consumo” a secas en adolescentes y en postergar la edad del inicio.
Luego de la participación de Patricia Odella Berón, directora sectorial de Salud de la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP), que desarrolló cómo se trabaja el tema tanto en la esfera curricular como en los equipos multidisciplinarios del organismo, llegó el turno de Quintana. La jerarca indicó que el año que viene el MSP impulsará un programa preventivo de origen islandés llamado Planet Youth, de gran resultado en ese país, importado a otros de Europa y América, con un “enfoque comunitario”. Al respecto, añadió: “Tiene que ver con oportunidades recreativas, deportivas, educativas y culturales para que el adolescente elija no consumir”.
Quintana se refirió al “involucramiento familiar” para reforzar la prevención. La IX Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas en Estudiantes de Enseñanza Media, elaborado en 2022 por la Junta Nacional de Drogas, indica que en cannabis el “uso experimental” aumenta de 18,9% a 39,4% “entre hijos de padres involucrados o no”.
La jerarca del MSP habló de “muy buenos” resultados “primarios” del programa Familias Fuertes, traído por la cartera el año pasado, que ella coordina y que hoy está en 13 departamentos. “Este programa habla de amor, de puesta de límites, de cómo decir ‘no’ a la presión grupal. Estamos haciendo la evaluación de su impacto para ver si efectivamente retarda el inicio del consumo de sustancias, como ya ha pasado en Chile, Colombia o Perú. En eso estamos”, cerró el conversatorio.
Rosario Queirolo, profesora titular del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay (UCU), iba a participar en él con base en una investigación en la que participó, publicada en el journal Addiction en 2022. En ella se comparaban poblaciones estudiantiles de Uruguay y Chile, con historiales de consumo similares. Ahí se concluía que la legalización del cannabis en este país “no estuvo asociada con aumentos generales en el consumo” y que si bien hubo una tendencia al alza, esta se desaceleró, mientras que Chile, donde no hubo regularización, el crecimiento se mantuvo.
Pese a que estaba en la convocatoria, la organización decidió que Queirolo no participara en la actividad, supo Búsqueda.
