Con el director de la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) de Uruguay como anfitrión junto con las autoridades del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD), durante dos días, en Montevideo, jerarcas de varios países de Iberoamérica y algunos expertos intercambiaron visiones sobre un desafío que, al parecer, es generalizado: hay espacio para mejorar la eficiencia de los funcionarios estatales.
Este foro, titulado Buenas prácticas de gestión de personal en el sector público y que tuvo lugar el jueves 20 y el viernes 21, encontró al director de la ONSC, Conrado Ramos, en un momento de trabajo intenso, procurando cerrar las negociaciones para llevar al Parlamento una propuesta de un nuevo sistema de carrera basado en ocupaciones que cambie la forma de pagarle a los funcionarios en la administración central. Si los votantes de la coalición multicolor tenían expectativa de ver en marcha una reforma del Estado, más allá de ciertos ahorros logrados en estos años, ese plan probablemente sea lo que más se le acerque.
Un nuevo sistema de cargos, remuneraciones y movilidad dentro de la administración fue diseñado bajo el liderazgo de Ramos —un doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Frankfurt vinculado al Partido Independiente—, que contó para eso con el aval del presidente Luis Lacalle Pou, aunque el avance de esta reforma estuvo por momentos en duda. Por cálculos políticos y ante el retraso en ciertas definiciones instrumentales, en 2021 se decidió postergar su presentación e incluirla en el proyecto de Rendición de Cuentas de 2022, lo que al final no ocurrió. Se priorizó, antes de llevarlo al Parlamento, abrir un tiempo de negociación con los sindicatos de los empleados públicos, que por estos días estaría cerca de culminar.
Ramos dijo a comienzos de esta semana a Búsqueda que ahora se llegó a un “preacuerdo” con la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) y señaló que la intención es incorporar esta reforma en el articulado de la próxima Rendición de Cuentas.
En declaraciones publicadas ayer miércoles por El País, el jerarca ratificó ese avance. El diario citó una fuente del Poder Ejecutivo que agregó que también es importante la negociación en la interna del gobierno, ya que el Ministerio de Economía planteó “algunos reparos en ciertos temas” que deberán ser superados. “Soy optimista en llegar con el acuerdo para la Rendición porque, si no, no tendría sentido el esfuerzo invertido por todos y el preacuerdo ya alcanzado con COFE”, dijo Ramos a párrafo seguido.
El diagnóstico base para promover esta reforma es, en palabras del director de la ONSC y según lo que arrojó una encuesta interna, que los empleados se sienten desmotivados debido a la “terrible” falta de movilidad dentro del Estado; que “nadie sabe” la tarea que realiza cada funcionario; que en distintas áreas se paga diferente por hacer lo mismo, lo que genera injusticias; que se realizan evaluaciones de rendimiento sin “mucho sentido”; y que los mandos altos son designados por confianza política.
Para el nuevo modelo que se pretende instalar, la ONSC describió 97 “ocupaciones”, es decir, un conjunto de actividades laborales de similar naturaleza en cuanto al tipo de conocimientos aplicados y a las habilidades y competencias requeridas de parte de quien la desarrolla. Corresponden a tres escalafones: servicios generales (13), administrativo/especializado (11) y profesional/técnico (73).
Para cada una de esas ocupaciones se realizó una estimación del “valor público relativo” que producen, independientemente de la persona que lo ocupe y de su desempeño, ponderando aspectos como el conocimiento aplicado, la “influencia y liderazgo”, la “toma de decisiones” y la “supervisión recibida”, entre otras. A partir de esos y otros aspectos se define el salario que les correspondería.
Los empleados públicos que se incorporen a partir de la vigencia de esta reforma, si se aprueba, lo harán bajo la nueva escala de ocupaciones que “salarizan” las diferentes compensaciones existentes. Estos cambios no serán inmediatos.
Estados “más fuertes”
“Los ciudadanos demandan unos Estados más fuertes de lo que son en América Latina. El porcentaje de gasto público sigue siendo por lo menos 10 puntos (del Producto Bruto Interno) menos que en la media de la OCDE, y esto es poco Estado. Debemos no solo invertir más, (y) no solo quizás tener mayor número de funcionarios según los países, sino mejor preparados, más eficaces”, afirmó el primer día Francisco Velázquez, secretario general del CLAD, un organismo intergubernamental con sede en Caracas.
Ese español defendió el concepto de que las administraciones públicas precisan mantener su memoria institucional. “Nos encontramos en dificultades porque cambiamos demasiado”, dijo, y citó al sociólogo alemán Max Weber (1864-1920): “Lo ideal es que cuando un ministro llegue” se “encuentre con dos o tres personas que sepan infinitamente más que él de la política pública que le toca administrar. Esto es lo que deberíamos conseguir. ¿Por qué? Porque el político viene de donde viene: ha sido concejal, ha sido un comunicador o un académico de no sé qué ciencia, pero el conocimiento de la política pública debe residir de aquellas personas que tienen los archivos del conocimiento”.
Otra característica deseable de los funcionarios —dijo Velázquez — es que “sean profesionales y que no estén en exceso politizados”, porque estar muy involucrados en la política partidaria es “un argumento”, cuando cambia un gobierno, para removerlos.
Planteó como un problema de los sectores públicos de la región el hecho de que adolezcan de una gran “heterogeneidad retributiva”, incluso para tareas similares. “No solo es la vieja cuestión de que los ministerios económicos pagan más que los no económicos y de ciencias sociales, sino que en muchos países tenemos una dispersión irracional que tenemos que ir mejorando. Es una batalla que no se acaba. En España, después de 40 años, sigue habiendo diferencias retributivas importantes”, reconoció el ejecutivo del CLAD, quien fue secretario general para la Administración Pública de su país.
La “extensión de la evaluación del personal es una necesidad” que se conecta con la confianza de la población, señaló después. “Si el ciudadano piensa que (los funcionarios) aprovechan el teletrabajo para trabajar menos, mal estamos. La desconfianza aumenta”, advirtió.
Por su lado, Manuel Villoria-Mendieta, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y consultor internacional, dio una charla para los jerarcas de los distintos países que asistieron al foro.
“Los políticos tienden a creer que, cuando se aprobó una ley, se ha resuelto un problema”, pero lo cierto es que “una política pública no sirve de nada si no se implementa. Ahí aparecen las organizaciones. (…) No habrá respuesta eficiente y honesta sin administraciones públicas bien gestionadas”, postuló el experto. En ese sentido, consideró clave que tengan un “buen sistema de puestos de trabajo”, porque sin eso es “difícil que funcione el desarrollo estratégico. Es algo que ahora mismo” Uruguay está queriendo mejorar, señaló Villoria-Mendieta mirando a Ramos. Y alentó a las autoridades a aplicar “políticas coherentes en retribución y carrera”.
“El enfoque de competencias de los empleados públicos es fundamental”, agregó.
A continuación, el jerarca uruguayo informó que, como parte de la propuesta de reforma diseñada en estos años, la ONSC está redactando un “diccionario de competencias” con “identificadores en los propios ministerios. Es la gente que conoce el negocio. Me decís a mí, como jerarca, que evalúe una orientación a resultados, ¡y no tengo la menor idea! Me están capacitando…”.
Agregó: “Lo otro que venimos aprendiendo es que la evaluación en sí misma no sé si nos importa tanto. Es como decía (el técnico de la selección Óscar) Tabárez: el camino es la recompensa. El camino que transitamos hacia la evaluación y el aprendizaje ya genera un cambio de gestión. Hay gente que nos dice: ‘Nunca nadie me preguntó qué hago y cómo’”.
El foro del CLAD se cerró con la Declaración de Montevideo, que incluye varias recomendaciones a los gobiernos.
