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Un gasto observado llevó al Mides a perder fondos destinados a violencia de género, surgidos de un ahorro en Diputados
La cartera, que iba a destinar el dinero a la compra de una casa para Inmujeres, autorizó ahora un llamado a expresión de interés para alquilar un inmueble
Durante su gestión al frente de la Cámara de Representantes en 2020, el nacionalista Martín Lema logró un acuerdo para eliminar una serie de partidas, entre ellas la de prensa y la de fotocopias, además de otras derivadas de los cambios en el reglamento de sustitución de los legisladores y de la supresión de vacantes en el personal. Esas decisiones significaron un ahorro de más de $ 40 millones para los que el ahora ministro de Desarrollo Social tenía en mente un destino. “Ahorros generados en Diputados se usarán en la lucha contra la violencia de género”, decía un titular de prensa del Grupo Multimedio del 1º de octubre de ese año.
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Al día siguiente, Lema presentó en la cámara una minuta de Comunicación destinada al Ministerio de Economía y Finanzas, para que el Poder Ejecutivo enviara dos artículos al Parlamento que implicaran un refuerzo presupuestal consistente en dos partidas de $ 20.837.664 para el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), una para reforzar el Programa de Protección de Personas con Discapacidad, y otra con el objetivo de fortalecer el combate a la violencia de género, dirigida al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). El entonces diputado resaltó este punto en un informe de gestión que presentó a la Cámara al final de su mandato.
Si bien la minuta de Lema formalmente no llegó a votarse, el Mides gestionó luego un incremento en las asignaciones presupuestales “correspondientes a gastos de funcionamiento y de inversiones”. Esto quedó reflejado en una resolución aprobada por el Ministerio de Economía el 15 de octubre de 2021 donde le asigna, “en ejercicio de atribuciones delegadas”, exactamente el mismo dinero que Lema había pedido en su minuta para violencia de género: $ 20.837.664. El documento dejaba en claro que los recursos se otorgaban “a efectos de poder brindar atención en casos de violencia de género” a través de Inmujeres.
El 25 de noviembre el Mides emitió una resolución en la que autorizó la ejecución de una parte de ese monto. En el texto se confirma que los créditos presupuestales “tienen su origen en una reducción de partidas de gastos de los Representantes Nacionales” y sostiene que lo que se busca es “la adquisición de un inmueble” para descentralizar el servicio de atención a mujeres en “situación de violencia basada en género” y el “servicio telefónico de orientación a mujeres en situación de violencia doméstica 0800 4141”.
El documento justifica la compra dando cuenta de que, si bien ya existía un servicio de esas características en la zona centro de la ciudad, en los últimos años la “demanda” había crecido “considerablemente”. Con el objetivo de “descentralizar” la atención, “generar un mayor acercamiento a la ciudadanía y permitir un mayor acceso a usuarias”, se anuncia la instalación de un nuevo servicio en la casa a adquirir, denominado “Montevideo B”.
El ministerio realizó un relevamiento de la oferta en el mercado inmobiliario, teniendo en cuenta elementos como la “accesibilidad para las usuarias”, la “cercanía” a avenidas con un buen flujo de transporte público para la conexión con barrios del noroeste de la ciudad” y que estuviera en una zona donde ni Inmujeres ni la intendencia tuvieran servicios para mujeres en situación de violencia. Las zonas identificadas fueron Jacinto Vera, Goes, La Figurita y Nuevo Centro.
Con base en esos criterios se definió la compra de una casa en la calle Antonio Machado, muy cercana a Bulevar Artigas, por una suma de $ 11.523.435, unos US$ 242.000 para la cotización de aquel entonces. La resolución revela que la Dirección Nacional de Catastro dispuso que el valor venal de la propiedad era de $ 6.877.058 (casi un 60% del precio de venta), aunque según la División de Arquitectura del Mides, el precio promedio de los inmuebles en Montevideo por metro cuadrado es superior al precio de este. Sin embargo, también se informa que el precio del metro cuadrado de la propiedad está por encima del de la zona en un 9,3%.
Objetado
El 22 de diciembre, el Tribunal de Cuentas observó la compra, en una resolución que deja entrever diferencias de criterios entre el Mides e Inmujeres. Allí se expresa que el 13 de octubre, Inmujeres pidió que se convoque a un llamado de expresión de interés “en virtud de los principios de publicidad, transparencia y concurrencia”, dado que “habiéndose relevado solamente las inmobiliarias de la zona definida, se obtuvieron aproximadamente 20 inmuebles”.
El centro de la observación radica en que se trata de una compra directa habilitada, según el Tocaf, cuando exista “notoria escasez de los elementos a adquirir”. Para el tribunal eso no fue acreditado: “tiene que haber escasez y además no tiene que ser cualquier escasez, sino una notoria”, señaló el organismo. Además cuestionó que no se haya tenido en cuenta el llamado de expresión de interés propuesto por Inmujeres, y que no se documentó el “análisis” del resto de los 20 inmuebles señalados. Por tanto, el Tribunal entendió que la compra directa basada en la “notoria escasez” contravenía “principios imperantes de la contratación administrativa” como “publicidad, transparencia y concurrencia”.
Los dueños de la propiedad fueron notificados de la decisión del Tribunal de Cuentas poco después de este fallo y, según dijeron a Búsqueda, el Mides no volvió a mostrar interés en comprar la casa. Asimismo, en la respuesta a un pedido de acceso a la información pública en donde se le preguntó al Mides acerca del destino del incremento presupuestal otorgado por el MEF, la cartera confirmó que como el Tribunal de Cuentas había observado el gasto, decidió “no reiterarlo”, por lo que “no se ejecutó el refuerzo”.
La directora de Inmujeres, Mónica Bottero, negó a Búsqueda que existieran diferencias de criterios entre el Mides y su dirección, y aseguró que se apostó a la compra directa porque la partida debía ejecutarse en 2021. Para que no se perdiera. Además, sostuvo que se contaba con la autorización expresa de Lema e incluso del presidente Luis Lacalle Pou, pero siempre y cuando el Tribunal de Cuentas no observara la compra. Según dijo, como la adquisición no se concretó, los fondos se perdieron —fueron a Rentas Generales— y la compra no se reiterará porque esta vez “no hay disponibilidad” en la Cámara de Representantes.
En busca de hacer frente a la creciente atención a mujeres víctimas de violencia de género, el Mides alquilará una casa, para lo cual realizará un llamado de expresión de interés, que se autorizó el martes 21.
La nueva directora general de Secretaría de la cartera, Karina Goday, señaló a Búsqueda que el ministerio volverá a pedir un refuerzo presupuestal al Ministerio de Economía en caso de que “lo entienda necesario”, ya que ambas carteras están en “permanente comunicación”.
El artículo 41 de la Ley 17.930, que habilita los refuerzos presupuestales, sostiene que su utilización deberá realizarse “teniendo en consideración la disponibilidad de espacio fiscal emergente de la ejecución de los restantes créditos presupuestales”.
