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    Un “giro copernicano” en drogas

    El gobierno uruguayo espera que las Naciones Unidas (ONU) den un “giro copernicano” en la política internacional de drogas y establezcan estrategias que no estén dirigidas a “superhombres y supermujeres”, sino a personas que tienen “deseos, vulnerabilidad, errores y pecados”.

    “Es hora de que el derecho a la salud de todos, incluso quienes tienen consumos problemáticos de drogas, sea garantizado por el Estado, la sociedad y la comunidad internacional”, dijo el secretario general de la Junta Nacional de Drogas, Milton Romani, la semana pasada, durante un “retiro de alto nivel” organizado por la Universidad de la ONU.

    La actividad en la que participó Romani, que fue uno de los invitados especiales, es parte de los debates preparatorios de la sesión especial de la Asamblea General de la ONU (Ungass 2016) en la que se discutirá la estrategia mundial de estupefacientes. Esa asamblea, según el jerarca uruguayo, “debe dar cuenta de un giro copernicano y colocar al ser humano en el centro del problema” de las drogas.

    Uruguay trabaja con un conjunto de países para que en Ungass 2016, prevista para mediados de abril, quede atrás la estrategia “prohibicionista” en ese tema. El gobierno entiende que las tres convenciones que regulan el comercio de estupefacientes dan la suficiente flexibilidad para que existan leyes como la que regula el mercado de marihuana en Uruguay. Las convenciones “tienen incongruencias, son poco consistentes, son insuficientes para dar respuesta a los desafíos actuales”, dijo Romani.

    “Es hora de que salvaguardemos el derecho a la salud y bienestar de la humanidad, que garanticemos efectivamente el derecho a que todas las personas tengan acceso a las sustancias para mitigar el dolor y el uso médico y científico de las mismas”, añadió. “Es hora de que el derecho a la salud de todos, incluso quienes tienen consumos problemáticos de drogas, sea garantizado por el Estado, la sociedad y la comunidad internacional”.

    Romani dijo que la ley uruguaya “no promueve el consumo de cannabis”, sino que lo pone bajo control del Estado “para reducir los daños, crear un vínculo diferente y no discriminatorio”.

    “Las políticas públicas deben estar dirigidas no a superhombres y supermujeres, sino a hombres y mujeres que tenemos deseos, vulnerabilidad, errores y pecados”, concluyó.

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