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En la década de 1980, el cubano Antonio de la Guardia y el alemán oriental Alexander Schalck-Golodkowski se ocupaban de conseguir dinero para sus gobiernos por medios non sanctos que incluyeron trata con el narcotráfico.
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Pero a diferencia de Schalck-Golodkowski y De la Guardia, que tenían el grado de coronel en los respectivos Ministerios de seguridad del Estado, las actividades de estos “tupas” que salieron “a meter el caño” fueron realizadas de forma independiente.
En “Eleuterio Fernández Huidobro. Sin remordimientos...”, un libro de la periodista María Urruzola lanzado esta semana, se aportan algunos elementos que apuntan a reforzar la hipótesis de que, a diferencia de lo que sostienen la mayoría de los dirigentes tupamaros, estos asaltos no fueron realizados con fines personales o para crear otro proyecto político, sino que en parte sirvieron para financiar al Movimiento de Participación Popular (MPP) por sugerencia de los dirigentes José Mujica y Fernández Huidobro.
“Vino Mujica y me planteó: ¿estás dispuesto? Eso en el 89. Yo dije, claro, por supuesto. (...) ¿Cuál era la lógica? Hay trabajos que un militante, por más que diga que la tiene clara, no le da el queroseno para hacerlos, porque hay cosas desagradables que hay que hacer”, sostuvo uno de los tres entrevistados por Urruzola que dijo haber tomado parte de estas “tupabandas” y de “una estructura de seguridad” que tenía como misión principal “la seguridad del MLN” en tiempos de incertidumbre y “secundariamente conseguir finanzas”.
En abril de 1991, luego del asalto a una distribuidora de diarios y revistas, el ex preso político Ricardo Perdomo, ya fallecido, debió pasar a la clandestinidad y después de un año a monte se radicó en Suecia. Su cédula había aparecido en la escena del crimen.
“Al principio todos éramos compañeros. Cuando pasó eso con el mexicano Perdomo (...) ahí se decide que solo los cabecillas (de las bandas) sean compañeros”, contó el informante, identificado como Beto, a la autora.
“El Pepe (Mujica) me plantea que no tienen que ser todos compañeros en el grupo, porque no hay gente de confianza. Vos decís a un compañero esto y te dicen: ‘vamos a discutirlo’”, dijo la fuente no identificada, de la cual se indica que estuvo preso 11 años en el penal de Libertad por tupamaro y que ahora vive de forma modesta.
En 1993 apareció muerto, en el departamento de Rocha, Rony Scarzella, un tupamaro vinculado a Perdomo y a Jorge Zabalza.
En 1998, finalmente la Justicia probó la realización de siete rapiñas, la última a un banco ubicado en el cruce de Justicia y Nicaragua, por parte del grupo que mandaba Beto.
“De cada operación se repartía una parte y luego se le daba a la Orga (el MLN-T). Yo con lo único que me quedé fue con tres millones de dólares con los que levanté un barrio”, contó el informante, que calculó el aporte a la organización en 20 millones de dólares.
El caso más detonante ocurrió en setiembre de 1998, cuando el dirigente del sindicato de Cutcsa y del MPP Freddy Ardusso fue detenido luego de un frustrado y cruento asalto a un local de pagos del BPS en Parque Posadas.
Ardusso cayó mientras portaba un bolso con un subfusil Thompson .45, dos cargadores con munición viva y una pistola Colt .45.
El libro registra que el dirigente del MPP y el resto de los procesados en esa ocasión “presentaron lesiones compatibles (...) con abuso físico durante la detención”, lo que a la postre determinó el procesamiento del entonces jefe de la Brigada de Asalto, Enrique Mariño.
Urruzola llamó la atención de que, salvo una mención en el quincenario “Mate Amargo”, “quienes hubieran podido denunciar las torturas desde un lugar de resonancia, José Mujica en la Cámara de Diputados y Jorge Zabalza en la Junta Departamental, nada dijeron”.
Durante una entrevista en setiembre de 2015 con el periodista Gerardo Tagliaferrro, Zabalza negó que los asaltos del Parque Posadas y el de la distribuidora de diarios fueran obra del MLN, pero advirtió que sus autores no habían “caído en el bandidismo” sino que “eran actitudes políticas, porque ninguno de ellos había hecho esas operaciones pensando en el beneficio personal” sino que “pensaban en darle un destino político a lo recaudado”, aunque “eran proyectos que no implicaban al MLN”
“Judicial”.
Varios dirigentes tupamaros salieron al cruce de esas versiones. La senadora del MPP y esposa de Mujica, Lucía Topolansky, dijo al portal Ecos que no haría comentarios y que “en todo caso, sería judicial… si amerita”.
El martes 18, el MPP respondió en su cuenta oficial de Twitter con un mensaje de ironía: “Pepe y Lucía se compraron una estancia en Lavalleja. Robamos bancos en los 90. Defendemos las jubilaciones de los militares...”.
El veterano tupamaro Julio Marenales, consultado el miércoles 19 por Montevideo Portal respondió: “Si esas afirmaciones que hace ella, que nos financiamos en plena recuperación democrática con la delincuencia, fueran ciertas, la Policía estaría más enterada porque nos ha seguido permanentemente”.
“No me resulta sorprendente lo que allí se afirma”, dijo el politólogo Adolfo Garcé, autor del libro “Donde hubo fuego. El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral 1985-2004”, según Ecos.
“Las acusaciones —opinó el senador del Partido Independiente Pablo Mieres— son contra un sector político con cuyos representantes hoy estamos discutiendo normas para regular y hacer más transparente el financiamiento partidario, y ahora parece que pueden haber hecho robos y asaltos para financiarse ellos mismos…”.
