Un marco “rígido”, el cese de directores como único “castigo” y la indefinición en los roles pautan la actividad de las empresas públicas

Desde la OPP se está impulsando la discusión acerca de la adopción de la figura de un holding de empresas públicas en Uruguay. Al presidente Tabaré Vázquez le “gusta mucho” esa idea, afirmó el director de esa oficina gubernamental, Álvaro García (ver Búsqueda Nº 1.805).

Allí se afirma que los entes autónomos y servicios descentralizados rondan la quincena y tienen un rol importante en la economía uruguaya, empleando a alrededor de 35.000 personas (2,3% del empleo total) y con gastos agregados corrientes que son aproximadamente 12% del Producto Bruto Interno.

Entre otras conclusiones, los participantes de los talleres visualizaron que el marco con el que operan las empresas estatales es “rígido”, y plantearon la necesidad de “mejorar” el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera que delimita su manejo de caja. Con relación a eso, también observaron que las sociedades anónimas “pueden ser instrumentos para agilizar negocios” por parte de los entes.

Se marcó que los objetivos comerciales y no comerciales “deben ser explicitados”. Además, dijeron que los propósitos sociales no son explícitos en la mayoría de las empresas públicas “y, por tanto, menos se está midiendo” su eficiencia.

Los asistentes a los talleres identificaron además “problemas de supervisión” por la “multiplicidad de supervisores y la confusión de roles”.

Hay un “sesgo hacia el análisis presupuestal y no de la estrategia”, se señaló entre las conclusiones. Y como “castigo” frente a las fallas de gestión, la “remoción de directores es lo único que se visualiza”.

Los asistentes plantearon que es necesario definir los perfiles de los directores en función de criterios de “eficiencia”. El documento del BM alude al asunto con un apunte crítico: la designación del Directorio a propuesta del Poder Ejecutivo y con venia del Senado supone que, “en la práctica”, los nombramientos respondan a “motivos políticos, lo que dificulta la implementación de acuerdos efectivos de rendición de cuentas en esas organizaciones”. Y agrega que, en general, los Ministerios sectoriales y las agencias gubernamentales respectivas “tienen mucha influencia sobre las decisiones tomadas por los Directorios de las empresas públicas”.

Para el organismo internacional, las dos áreas que requerirían un poco más de atención son el seguimiento de las recomendaciones de la auditoría y el “nivel de profesionalismo” de los directores, un aspecto que, según consigna en el documento, ha sido abordado por el gobierno al apoyar la designación en esos cargos de personas con una mayor formación técnica.

Algunos de esos puntos habían sido marcados también en los seminarios de la mañana del jueves por Fernando Lorenzo Rodríguez, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República, en función de una investigación reciente junto a dos colegas. Observó que pese a que los cometidos y funciones están debidamente establecidos, parecería que “intereses políticos les quitan independencia técnica” a los Directorios de las empresas estatales. Además, planteó que en la designación de los jerarcas pesa en muchos casos la “lealtad política”, se carece de mecanismos que evalúen su gestión y las remuneraciones no son acordes con el nivel de las responsabilidades que deben asumir.

En cuanto a la transparencia de la gestión, como conclusión de los talleres surgió que se debe encontrar un “punto de equilibrio en la publicación de metas y resultados” teniendo en cuenta las situaciones de competencia. Eso implica dar una publicidad “total” en lo interno y más medida hacia afuera.

Agencia

Los funcionarios que asistieron a los talleres plantearon considerar ir hacia un “esquema centralizado en el ejercicio de la propiedad” de las empresas.

Sobre ese aspecto, el documento del BM señala que la función de propiedad de los entes se basa en un “modelo híbrido” bajo el cual la OPP junto con el Ministerio de Economía y las Secretarías de Estado sectoriales, y en algunos casos otros organismos autónomos de control, son conjuntamente responsables de la supervisión. Así es que las empresas públicas “gozan de cierta autonomía presupuestal y financiera”, si bien “siguen informando sobre todas las decisiones económicas y financieras, y la documentación de los negocios en curso” a la OPP.

El banco observa que las decisiones de los entes “están a veces limitadas por factores políticos” que “debilitan” su gobierno, lo cual puede “originar resultados sub-óptimos en términos de desempeño y competitividad”. Un segundo problema —añade— es que la autoridad que varios Ministerios y otras agencias gubernamentales ejercen sobre las empresas públicas “puede conllevar objetivos contrapuestos”. Y tercero, el gobierno “típicamente desempeña varios roles” —propietario, regulador, proveedor, cliente, financiero, etc.—, los cuales “necesitan ser separados y aislados unos de los otros. Otros países han abordado este tema mediante la creación de una agencia gubernamental única donde se concentra el monitoreo de las empresas públicas (y frecuentemente también la propiedad). Esta agencia luego puede nombrar al Directorio, como también ejercer control sobre los negocios” de los entes.

Lorenzo Rodríguez fue por un camino similar. Recomendó crear una Unidad de Control de Propiedad de Empresas Públicas que concentre todo el monitoreo y en especial la política de propiedad de esos organismos públicos. Junto con eso, propuso definir un “marco claro de relacionamiento” con el Estado que dé a los entes mayor libertad de maniobra, separando lo comercial de lo social y transparentando las políticas y los recursos destinados. A su vez, según el académico, se debe fortalecer la planificación a largo plazo, alinear los incentivos y buscar efectos sinérgicos entre los distintos actores en el sector público.

Al hablar junto a García en la clausura de los talleres, la ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse, subrayó la autonomía con que funcionan las empresas, y consideró que sería “bastante pobre que hubiera un equipo que defina las políticas y otros que las ejecuten”.

Y se refirió a entes con “dispares realidades” y “problemas” diversos.

En la primera fila estaba el presidente de Antel, Andrés Tolosa.