Un país innovador en la política de drogas

Por unos minutos, el pasado colonial queda en el olvido y lo que importa es el presente. “Pero lo que se venden son aceites, ¿no?”, “¿Hay datos de cuánto se le ha arrebatado al narcotráfico con la ley?”, “Yo escuché que se necesita declaración jurada para comprar, ¿es cierto?”, “Ah, pero entonces te venden la flor directamente”, “¿Y en las farmacias de acá hay?”. En medio de murmullos difíciles de apagar, la guía decide reencausar la charla antes de que lo que era apenas un dato de color sabotee el final del tour.

En octubre de 1974, poco más de un año después de la disolución del Parlamento, el expresidente Juan María Bordaberry y el excanciller Juan Carlos Blanco firmaban el decreto-ley 14.924 que restringía la producción y venta de drogas. Ratificando la Convención de Naciones Unidas de 1961, se prohibía la “plantación, cultivo, cosecha y comercialización de cualquier planta de la que puedan extraerse estupefacientes u otras sustancias que determinen dependencia física o química” salvo para la industria farmacéutica o la investigación científica. Además de crear la Comisión Nacional de Lucha contra las Toxicomanías y la Dirección de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, establecía penas de 10 años de prisión en caso de producción y exportación.

Pero en el artículo 31 se abría una ventana de oportunidad: “Quedará exento de pena el que tuviere en su poder una cantidad razonable destinada exclusivamente a su consumo personal, con arreglo a la convicción moral que se forme el Juez a su respecto, debiendo fundamentar en su fallo las razones que la han formado”. Años después, en 1998, la ley 17.016 ratificó algunas de las penas para la producción y exportación de sustancias ilegales. También aquel artículo precursor se mantuvo, como también lo hizo la arbitrariedad con la que los jueces entendían una “cantidad razonable”.

En los foros internacionales, una de las discusiones principales en tema drogas hasta hace pocos años era la despenalización del consumo, un tema resuelto por Uruguay —al menos en la letra de la ley— desde hace más de cuatro décadas. Es que mientras en Estados Unidos perseguían con celo a los usuarios y las cárceles se llenaban, la legislación uruguaya no penaba el uso ni la tenencia de pequeñas dosis.

En teoría se podía fumar marihuana en la vía pública, pero la letra de la ley no se cumplía a rajatabla. Durante la dictadura era un riesgo consumir en la calle. Después las cosas mejoraron un poco, pero no lo suficiente.

En agosto de 2014 un estudio de la abogada Gianella Bardazzano mostraba que los tribunales de apelaciones decidían mantener los procesamientos en causas donde la posesión de sustancias variaba entre 11 y 70 gramos. En un caso donde el acusado tenía en su poder 44 gramos (apenas cuatro por encima de lo que hoy la normativa considera como el consumo legal de un mes), el tribunal entendía que “ninguna persona podría drogarse de esa forma sin que lo lleve a la muerte”. Y eso a pesar de que no hay registros de sobredosis de marihuana  a nivel mundial (Búsqueda Nº 1.777).

Si bien era innovador, el decreto-ley de 1974 tenía una contradicción: el consumo era legal, pero toda la etapa previa no.

A fines de 2010 el hoy senador Luis Lacalle Pou presentó un proyecto de ley que legalizaba el autocultivo. El mismo camino siguieron el frenteamplista Sebastián Sabini, el colorado Fernando Amado y el legislador del Partido Independiente Daniel Radío. El objetivo era brindar más seguridad jurídica a los cultivadores, que comenzaban a asociarse y organizar marchas públicas bajo el lema “Plantá tu planta”. El procesamiento de Juan Vaz por tener menos plantas florecidas de las que hoy permite la ley había sentado el inicio de la Asociación de Estudios Cannábicos del Uruguay. Pero la llama de ese movimiento activista se encendió años después, tras la causa contra la argentina Alicia Castilla por tener plantas para su consumo personal en su casa del Fortín de Santa Rosa.

Esos proyectos no prosperaron por falta de apoyo político. Hasta que el gobierno de Mujica cambió la correlación de fuerzas. En el marco de un paquete de medidas sobre seguridad y convivencia, en 2012 el Poder Ejecutivo propuso al Parlamento que aprobara una norma que regulara el mercado de marihuana.

Después de más de un año de discusión, el Frente Amplio aprobó una ley cuya puesta en práctica resultó, hasta ahora, muy compleja. El gobierno tardó tres años para lograr que comience la venta de cannabis en farmacias, una de las tres vías de acceso legal a la droga; el autocultivo y los clubes de consumidores funcionan desde el 2014.

La propuesta nunca contó con el respaldo de la opinión pública, de acuerdo con todas las encuestas que se publicaron del 2012 hasta el 2017. Incluso, dirigentes de la oposición anuncian que si hay un cambio de gobierno, revertirán los aspectos más polémicos de la ley, en particular la venta en farmacias.

La legislación impulsada por Mujica puso a Uruguay al frente de un movimiento internacional, que busca terminar con el “prohibicionismo” y la “guerra a las drogas” como mecanismo para enfrentar el problema del narcotráfico.

Con Tabaré Vázquez comandando el Poder Ejecutivo desde el 2015, el gobierno decidió seguir adelante con la medida, pero con un perfil más bajo. Aún así, la experiencia uruguaya es seguida de cerca por organizaciones internacionales vinculadas al tema y por países como Canadá que estudian si tomarán un camino similar.