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Los tótems indicando los precios que la Distribuidora Industrial S.A. (DISA) está instalando en su red de 88 estaciones de servicio muestran el afán del grupo español por competir en el mercado uruguayo desde que, en febrero, compró los activos y negocios de Petrobras en el país. Los valores informados son los máximos que permite el Poder Ejecutivo, pero desde 2024, según la reforma que impulsa el gobierno, cada sello podría fijarlos libremente.
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Mientras hacen mejoras edilicias, instalan nuevas marquesinas e incorporan instalaciones mecánicas —en las que invirtieron alrededor de US$ 20 millones como parte del cambio de imagen—, las autoridades de DISA también están pensando en las transformaciones regulatorias que “van a venir” en el mercado tanto en temas medioambientales como en la liberalización a la que apunta un nuevo marco para los combustibles que impulsa el gobierno. Sin embargo, según dijo a Búsqueda el director ejecutivo de DISA para Uruguay, Arístides Bonilla, “las cosas no van tan rápido” como pensaba la compañía, si bien la “hoja de ruta” de la reforma es “cortita”, porque prevé que en 2024 haya una “libertad vigilada”. Agregó que “esto, a lo mejor, puede llevar cierto tiempo más. Lo que hay es que prepararse para lo que pueda venir e intentar no poner puertas al campo”.
Una de esas porteras que podría interponerse en el camino de la liberalización del mercado es el “frenazo” que puede significar el casi seguro referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), entre los que están algunos referidos al nuevo sistema de fijación de tarifas de los combustibles. “Hay una preocupación, porque todo esto está basado en la LUC. Evidentemente, que si no hay una continuidad donde está basada la reforma, será un frenazo. No sé hasta qué punto, pero será un frenazo”, agregó el ejecutivo.
Igualmente, dijo que cuando DISA consideró invertir en Uruguay puso en la “balanza” todas las posibilidades y escenarios. “Pero preferimos mercados libres, competitivos, de libre concurrencia de cualquier competidor. (…) Entendemos que es hacia donde se debería ir, porque todos los países con mercado liberalizado tienen beneficios que se traducen en el mercado al cliente. Pero somos respetuosos con lo que el ciudadano uruguayo decida”.
Bonilla indicó que si no se llega al propósito planteado en la reforma, sería diferente la forma de desarrollar el negocio de DISA en el país, aunque su propósito seguirá siendo “crecer desde Uruguay hacia afuera, hacia Sudamérica. Queremos que nuestras estaciones de servicio sirvan de espejo para inversiones en otros países. Tenemos la intención y convicción de que hemos venido para quedarnos, no a ver qué pasa”.
LUC y “tarta”
La reforma en el sector de los combustibles está prevista en etapas. La primera se puso en práctica este año, aunque tuvo algunas contramarchas: cada mes la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) informa un valor asimilable al costo que tendría importar directamente los combustibles, y el Poder Ejecutivo fija las tarifas, agregándole el llamado “factor X” que incorpora diversos “sobrecostos” de Ancap. Pero en los meses recientes el gobierno no tuvo en cuenta la palabra de la Ursea y mantuvo las tarifas, alegando que el ente petrolero está teniendo ganancias extraordinarias que permiten hacerlo. Eso volverá a pasar en diciembre, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
A su vez, una segunda etapa de la reforma podría aplazarse (Búsqueda Nº 2.149). Bonilla consideró que si eso lleva a las autoridades a “estar más seguros” de los pasos a dar, se justifica.
Igualmente, DISA ha venido conversando con Ancap para conocer las “condiciones de partida” para la optimización de los costos de la distribución secundaria. “Queremos una respuesta contundente, para saber cuántas terminales, cuántos productos habrá, horarios de carga y descarga, etcétera”, indicó el ejecutivo.
Es que en la próxima fase de la reforma se pretende que las distribuidoras absorban los costos del flete (que hoy forman parte de la ecuación de Ancap) y se promueva la competencia por precio. Ello se complementaría con la determinación, por parte de la Ursea, de un precio eficiente máximo intermedio al que las distribuidoras podrían vender a su red de estaciones de servicio. Además, el regulador las autorizaría a hacer una diferenciación de los productos, entre otros cambios.
DISA aspira que “cuando se traspase de Ancap a las distribuidoras la parte del flete secundario, se analice y reconozca el valor que tiene la distribuidora. Es decir, la alta responsabilidad no solo de las inversiones en las estaciones en infraestructura de combustibles, instalaciones, sino también el mantenimiento, cuidado medioambiental, asesoramiento y entrenamiento a los operadores. (…) Somos los responsables de que el producto llegue en tiempo y forma con todas las garantías al consumidor final”, argumentó Bonilla. Añadió: “Queremos que se conozcan y se valúen” todas esas “responsabilidades”, y “en función de eso se evalué el costo real que tiene una distribuidora”.
El ejecutivo explicó que hasta ahora el costo del flete no le preocupaba porque lo manejaba Ancap, que distribuía directamente y lo pagaba, algo sobre lo que las compañías mayoristas de distribución como DISA “no tenían posibilidad de optimización”. “Si ahora se nos reconoce todas esas funciones y se nos traspasa el coste, intentaremos optimizarlo dentro de las posibilidades que tengamos, siempre y cuando podamos manejarnos entre dos posiciones: la de partida del suministro de Ancap y la de las estaciones de servicio, que es una foto fija”, apuntó.
“Si tuviéramos más almacenamiento en las estaciones de servicio para enviar cisternas completas, o compartidas, viajes programados con antelación, y una serie de aspectos logísticos que se pueden mover… Pero para reconocer esos costes hay que reconocer todas las responsabilidades y estructura que tienen las distribuidoras, el entrenamiento del personal, etcétera”, explicó.
Sobre la competencia con la Distribuidora Uruguaya de Combustibles (Ducsa) —propiedad de Ancap—, que posee más de 300 puntos de venta en el país, Bonilla alegó que “en un mercado liberalizado no sería normal una participación tan alta” como la actual. “Debería repartirse ese trozo de tarta para que la competencia sea más ágil y fluida; para eso tiene que desregularse. Ahora hay los puntos que hay y las normas son las que hay. Con los mimbres que tenemos, hacemos estos cestos. (…) La cuestión no es tener más estaciones sino más volumen. Eso es eficiencia y es una de las partes que queremos optimizar”.
Otro aspecto de la reforma que puede impulsar la competencia entre las distribuidoras es la posibilidad de que haya más estaciones gestionadas directamente por los sellos (las denominadas “COCO”). Actualmente DISA tiene cuatro de ese tipo y le interesa poder operar más, dijo su director ejecutivo.
