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La crisis ocasionada por la pandemia profundizó algunos de los desafíos que América Latina ya tenía en cuanto a la defensa de la competencia y la promoción de la productividad. Pero una agenda de ese tipo choca con “tensiones” vinculadas al empleo y el sostenimiento de la economía que pueden conllevar “presiones” para un relajamiento del control de la concentración de mercado. Del mismo modo, la estrechez fiscal podría amenazar la disponibilidad de recursos financieros y técnicos de las autoridades en la materia. Esas preocupaciones fueron planteadas con enfoque regional por Sebastián Fleitas en el documento Defensa de la competencia para impulsar la productividad, difundido esta semana por CAF-Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, aunque aplica en líneas generales a Uruguay.
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Fleitas, profesor uruguayo en el Departamento de Economía de la Universidad de Lovaina, analiza en ese trabajo los efectos de la pandemia sobre la concentración de mercados y en la productividad en la región —a corto plazo, una reducción, en parte explicada por una subutilización de los recursos humanos—. Frente a esto, sostiene, la región “necesitará una agenda de avance en defensa de la competencia y de reformas a favor de la productividad una vez finalizada la crisis del Covid”.
Consultado por Búsqueda, dijo que en el caso de Uruguay el “desafío más grande” en esta coyuntura son las fusiones y adquisiciones, ya que “como muchas empresas pueden estar pasando problemas financieros pueden vender”, con el riesgo de “aumentar mucho la concentración” económica. En 2020 se concretaron ese tipo de operaciones —en particular de firmas familiares— por más de US$ 300 millones, que se comparan con los US$ 250 millones del año previo según estimaciones de la consultora Exante recogidas el lunes 19 por El Observador.
El punto de partida previo a la pandemia ya requería atención: en la economía uruguaya existen diferentes mercados donde con una aparente “baja intensidad de la competencia”, en particular en sectores que no tienen comercio internacional (“no transables”) y que “muchas veces están sujetos a fuertes regulaciones y afectados por subsidios estatales”, como la salud, el transporte y los bienes energéticos. Y el desempeño de esos mercados impacta de manera significativa en los costos de toda la economía por ser insumos para las otras actividades. Relacionado a esto está el “tema central de las empresas públicas”, que si bien han tenido “mejoras recientes” en su gestión, “quedan todavía muchas cosas por hacer”, afirmó Fleitas.
Avances y acciones pendientes
En cuanto a la defensa de la competencia, considera que desde principios de los 2000 Uruguay hizo “significativos avances” en la conformación de una política al respecto, y mencionó la Ley 18.159, de julio de 2007, como un “instrumento fundamental” que fue perfeccionado en 2019. Pero “es posible y necesario” continuar progresando en estos temas, afirmó.
Recomendó, por un lado, mejorar la institucionalidad y las capacidades de la Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia dándole “más autonomía”. Pese a su desconcentración técnica, “está sujeta a jerarquía” del Ministerio de Economía y carece de independencia financiera. Del mismo modo, en su opinión, una opción sería unificar en ese ámbito todas las funciones de regulación de mercados —que hoy están dispersas en la Ursea (agua), Ursec (comunicaciones) y el Banco Central (sistema financiero bajo su supervisión)—, pero fortaleciéndolo “muy en serio” y asegurándose de que con esa configuración la legislación de competencia no entre en conflicto con otras regulaciones sectoriales.
En esa línea, para Fleitas es clave dotar de mayores capacidades técnicas a la Comisión, entre otras cosas, haciendo que aplique un “enfoque económico más empírico” que use bases de datos y avances en las técnicas econométricas, que permiten entender mejor el funcionamiento de los mercados.
Si bien ya es parte de la legislación vigente, lo hecho en materia de promoción de la competencia es insuficiente, en su opinión. “Uno de los factores que contribuye a que Uruguay tenga una menor intensidad en la competencia es la falta de información. El Estado puede y debe generar información relevante y ponerla a disposición de los consumidores de una forma accesible. Un ejemplo sencillo de estas políticas es regular la información de precios, pidiendo que los proveedores expresen los precios por unidad de medida para facilitar su comparación”, como rige en Europa, Estados Unidos y en varios países latinoamericanos”, explicó.
Otro nivel de acción necesario debería poner a resguardo la realidad de que en Uruguay “nos conocemos todos”, lo que hace aconsejable una “mayor vigilancia. Si los grupos de presión encuentran que el lobby es una mejor estrategia que la innovación, las mejoras de productividad quedarán rezagadas y los recursos serán dedicados a esta actividad. Regular el financiamiento de los partidos políticos es de importancia fundamental para lograr que el accionar político esté menos contaminado por grupos de presión”.
¿Por qué estos asuntos tendrían que estar en la agenda pública? Una mayor “intensidad de la competencia” en la economía local contribuiría a hacer “más barato a Uruguay”, “mejorar la productividad” y también la “calidad democrática” al propiciar “mejoras directas de la capacidad de consumo de la población y también más recursos” para aplicar a políticas sociales, alegó.
