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Con los problemas en torno a las pérdidas en Ancap todavía repicando en los círculos políticos y números fiscales deteriorados, ya desde el inicio del segundo gobierno del presidente Tabaré Vázquez la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), junto al Ministerio de Economía (MEF) empezaron a apretar las marcas sobre las principales empresas públicas. Eso comenzó a dar resultados auspiciosos, según las autoridades del Poder Ejecutivo, pero pretenden dar nuevos pasos con algunas acciones que conduzcan a cambios más estructurales en la gestión.
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En esa línea es que se trabaja en el marco de una cooperación técnica con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, hacia el final del período, deberá dejar en manos de la OPP un sistema informático para fortalecer el monitoreo y evaluación de los entes autónomos y servicios descentralizados. El punto de partida es complejo: esa oficina de la Presidencia de la República recibe información con meses de retraso e incompleta, también porque excluye a las sociedades anónimas en las que las empresas públicas tienen participación.
Esta colaboración del BID (U$S 400.000 que irá girando de a poco y que el país no deberá reembolsar) para contratar consultorías y otros gastos, fue aprobada a fines de noviembre, pero no tuvo la difusión que se les dio recientemente a otros aportes crediticios de dicho organismo.
El programa tiene dos componentes. Por un lado, el desarrollo e implementación —a modo de piloto— de un plan estratégico para fortalecer el monitoreo y evaluación de una empresa pública en particular. Hará foco en la planificación estratégica y su vinculación con la intervención de la OPP en el proceso de supervisión, así como en la mejora de la gobernanza corporativa y de control de sus subsidiarias. La meta es tener pronta esta fase durante 2017.
Por otro lado, se apuntará al desarrollo e implementación de un sistema informático para fortalecer el monitoreo y evaluación de las empresas estatales en general, en particular en materia de información contable, financiera y de desempeño. Para esto se contratarán consultores que deberán entregar sus aportes en 2018 y 2019.
Dicho software dará acceso a información en línea y en tiempo real con características de “Planning y business intelligence”, consta en los documentos del contrato de cooperación con el BID. “Como mínimo”, incluirá datos por empresa matriz y vinculadas, así como consolidada global y por tipo de empresa: comerciales, industriales y financieras (Banco de Previsión Social, Banco Central y global). Tendrá, además, una “interfaz pública” con reporte anual del cumplimiento de los compromisos de gestión, y los principales indicadores económicos, financieros y físicos de los entes y sus subsidiarias.
Desarrollo “limitado”.
En ese mismo documento se indica entre los “objetivos y justificación” de la cooperación, que las empresas públicas en Uruguay “juegan un papel fundamental en financiar y llevar a cabo inversiones en infraestructura, así como en proveer servicios públicos”. Agrega que en 2015 hicieron una contribución de 10% al Producto Bruto Interno (PBI), de 2,3% al empleo y explicaron 50% de la inversión total del sector público. Desde el punto de vista fiscal, el impacto de las empresas pasó de un superávit promedio anual de 1,1% del PBI en 2000-2004, a un déficit de 0,33% en 2010-2014 y un superávit de 0,6% en 2015.
Luego introduce el diagnóstico del problema. El desarrollo de las empresas “ha estado limitado” por “reducciones en su eficiencia operativa”, la “ausencia de un sistema que permita coordinar y priorizar los esfuerzos en materia de inversión pública”, así como “debilidades” en su monitoreo y evaluación por parte del gobierno central. “De hecho —se agrega en el documento—, en la actualidad la OPP cuenta con información incompleta y no oportuna sobre el desempeño financiero de las empresas públicas. Los datos los recibe frecuentemente con más de seis meses de retraso y excluye información como las operaciones de las sociedades anónimas vinculadas. (…) Adicionalmente, la información no se encuentra sistematizada, lo que impide su explotación y análisis”.
Hay un “desfasaje entre planificación estratégica y diseño presupuestal y financiero”, conforme con el documento del contrato. Esto porque ni la OPP ni el MEF forman parte del proceso de definición de los planes estratégicos de los entes.
Además, se constata una “compartimentación de la información” que debe ser revisada, según el documento. “(…) Aún cuando las responsabilidades de OPP, MEF y los ministerios se encuentran delimitadas, se debe intercambiar información de modo de potenciar el rol articulado de cada actor mediante el acceso oportuno a datos coherentes y compatibles sobre los aspectos presupuestales, financieros, de costos y endeudamiento, evitando que el ejercicio de responsabilidades institucionales distintas provoque un manejo compartimentarizado de la información”, agrega.
“La mayoría de las empresas cuentan con sistemas de información relativamente exhaustivos, pero no siempre estos se encuentran articulados y sistematizados en un Tablero de Control. En la actualidad varias empresas cuentan con información fragmentada y dispersa entre diversas gerencias y/o unidades de negocio donde se perciben fenómenos de abordaje parcial de la gestión, distintos soportes de los datos (digitales y físicos) y donde la información se obtiene usualmente a demanda y no se produce de modo periódico, habitual y oportuno”, insiste. Añade que en la actualidad, “los macro procesos que corresponden a la formulación y seguimiento de los programas financieros, elaboración, evaluación y seguimiento de los presupuestos anuales, monitoreo de la información contable y de endeudamiento, se realizan a través de la utilización de múltiples planillas Excel”.
Compromisos.
Por otro lado, el documento de base del contrato con el BID indica que la implementación desde 2015 de compromisos de gestión con las empresas públicas demanda un rol más activo por parte de OPP y el MEF en su seguimiento mediante un set de indicadores representativos de los aspectos más relevantes de la gestión. Sobre este punto, en el documento se asegura que “no hay una estrategia de difusión del cumplimiento de tales compromisos, lo que debilita el control social del desempeño de las empresas y no propicia los incentivos a mejorar la gestión”.
Para 2017, hasta la fecha fueron aprobados los presupuestos anuales y sus correspondientes compromisos de gestión de seis empresas, entre ellas Ancap, y los bancos República y de Seguros del Estado. Se trata de un avance respecto a la situación histórica, dado que era común que los entes comenzaran el año sin un presupuesto aprobado.
