La familia de Castro no obtuvo colaboración del Ministerio de Defensa en el actual período de gobierno, en la búsqueda de quienes ejecutaron a sangre fría al veterano periodista. Únicamente recibieron las fojas de servicio de un grupo de militares cuando, gracias a la gestión de la hija abogada del desaparecido, un juez lo ordenó aplicando la ley de acceso a la información.
Tampoco desde el Ministerio del Interior llegó demasiado. A pesar de que Bonomi creó un Equipo Especial auxiliar de la Justicia en crímenes de terrorismo de Estado (otro organismo de larguísimo nombre, adscripto a la Dirección de Asuntos Internos), Flavio Tavares Fleitas, un testigo clave que reside en Brasil, fue localizado luego de muchos esfuerzos gracias a la intervención de la ex vicecanciller Belela Herrera y la familia Castro, pero no de la Policía. Altas fuentes de Interior confirmaron a Búsqueda que el equipo, que en esa época no existía, es de por sí muy pequeño, no tiene capacidad legal de iniciativa y está semidesmantelado, a pesar de los esfuerzos de la directora de Asuntos Internos, Estela González.
Así como no hay Policía especializada que empuje la investigación criminal en estos complejos casos, la ausencia de juzgados y Fiscalías especializados y de “megacausas” representa otro escollo, porque los magistrados deben atender los casos “normales” de sus turnos y no cuentan con las condiciones para realizar el trabajo. Además, se pierde mucho tiempo en repetir testimonios en las diferentes sedes. Hay más de 200 causas abiertas relacionadas con el “pasado reciente” pero un informe del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj, “Derechos Humanos en el Uruguay, 2013-2014”), difundido el miércoles 10, registra un fuerte enlentecimiento en el ámbito judicial.
“Las viejas” en el Edificio Libertad.
Vázquez y Mujica, no obstante, pusieron su impronta en el tema, diferente a la de sus antecesores colorados y blancos. Los gobiernos de Julio Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) y Luis Alberto Lacalle (1990-1995), en una interpretación restrictiva de la “ley de caducidad”, no habilitaron al Estado a investigar. El gobierno de Jorge Batlle (2000-2005), en cambio, tomó cartas en el asunto: en su primer discurso ante la Asamblea General y en el trayecto desde el Palacio Legislativo hasta la Plaza Independencia, envió señales a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que lo esperaban con una pancarta en avenida Libertador.
“Hace más de dos décadas que buscamos la verdad. Aun la más dura verdad es preferible a la angustia del ocultamiento y la mentira, que eternizan el dolor y la duda. Nuestros familiares no desaparecieron en una confrontación armada, como se pretende; fueron desaparecidos después que las Fuerzas Armadas declararon haber derrotado a la subversión. Fueron arrancados de sus casas, torturados en centros clandestinos, en muchos casos trasladados de un país a otro. Se secuestró a sus hijos, se falsificó su identidad y algunos fueron entregados a los asesinos de sus padres. Esos no son ‘costos de la guerra’ ni ‘excesos’. Nuestros familiares fueron víctimas de crímenes cometidos desde el poder del Estado, crímenes de lesa humanidad”, decía una carta que la organización hizo llegar en marzo de 2000 al novel presidente.
Pocos días después, una delegación de Familiares era recibida por primera vez en el Edificio Libertad, entonces sede del Poder Ejecutivo, y comenzó una nueva etapa.
La Comisión para la Paz, creada a instancias de Batlle y con el aval del Frente Amplio, produjo un informe en el cual concluyó que Castro, así como la mayoría de los desaparecidos, habían sido muertos durante la tortura, enterrados de forma clandestina y sobre el final de la dictadura exhumados en la llamada “Operación Zanahoria” (ver recuadro). Pero salvo que estaba muerto, todo lo demás respecto a Castro era mentira. En realidad, su cuerpo fue hallado en el Batallón 14 de Infantería, cerca de Toledo, atado de pies y manos y con un balazo en la cabeza.
La recuperación de los restos de Castro, ahora enterrado en el cementerio del Buceo, y la investigación penal del crimen, fue una victoria de la línea “verdad y justicia”, así como el fiasco protagonizado por Vázquez en 2005 cuando —desinformado involuntariamente por el entonces comandante del Ejército, Ángel Bertolotti— dijo que se había ubicado el lugar del Batallón 14 donde estaban los restos de la madre biológica de Macarena Gelman.
Luego de desenterrar los restos de Castro por parte del Grupo de Investigación en Antropología Forense (GIAF), el entonces jefe del Ejército, Pedro Aguerre, leyó una declaración en la cual tomó nítida distancia respecto a su muerte y aunque todos los generales presentes en el país luego de leer el texto aceptaron respaldar al comandante y estuvieron a su lado ante las cámaras, la postura provocó fuertes resistencias de los retirados que determinaron, entre otras cosas, su desafiliación del Centro Militar.
Salvo el cuerpo de Ricardo Blanco Valiente, uno de los nueve mercedarios desaparecidos durante el gobierno militar, no hubo más hallazgos y Aguerre pasó a retiro sin lograr avances contundentes en la materia.
La opaca salida de López Mazz.
“La Secretaría reconoce que se cometieron errores (…) descartando, por cierto, que los mismos respondieron a malas intenciones, personales o institucionales”. Así se expresó el 30 de mayo pasado la directora general de la Secretaría de Derechos Humanos, Graciela Jorge, en respuesta a Nilo Patiño, primo de Nebio Melo, un militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) desaparecido en Buenos Aires en 1976 y presuntamente enterrado en el predio del Servicio de Material y Armamento (SMA), lindero al ex Batallón 13, donde hoy funciona el Servicio de Transporte del Ejército.
Patiño, en representación de Luisa Cuesta, madre del desaparecido, buscó el patrocinio de los abogados José Luis González y Cecilia Blanco para avanzar en la causa. Durante un año recabaron datos y realizaron una serie de consultas con diversas fuentes, entre ellas el GIAF, entonces dirigido por el catedrático en Arqueología José López Mazz.
El 19 de diciembre de 2013, luego de una instancia en sede penal, el juez Juan Carlos Fernández Lecchini dispuso una inspección en el SMA como acción preparatoria para cautelar la zona en la cual supuestamente había sido enterrado Melo.
El objetivo de los abogados González y Blanco fue recabar información mediante georradar a fin de ubicar posibles alteraciones en el terreno que pudieran deberse a enterramientos, antes de comenzar con las excavaciones.
Durante el recorrido por el predio militar, López Mazz indicó que otro juez —Pedro Salazar, de Penal 2°, que entiende en la causa de María Claudia García de Gelman y con el cual venían trabajando desde hacía cinco años— habría dispuesto “no innovar” en el mismo terreno, tanto en el Batallón de Infantería como en el lindero SMA, donde estaba el centro de torturas conocido como “300 Carlos”, lo que habría llevado a que la estrategia elaborada por los abogados para abrir una nueva causa se frustrara, al menos hasta ahora.
El estilo directo del profesor López Mazz chocó con la abogada Blanco y derivó en cuestionamientos de la familia de Nebio Melo, sobre todo cuando después de esperar a que terminara la feria judicial mayor se enteraron de que tal orden de “no innovar” formalmente no existía.
Todo esto no salió a la luz hasta que en octubre pasado el semanario “Brecha” publicó una nota en la que se informó sobre el caso y se cuestionó el resultado del trabajo.
Consultado esta semana por Búsqueda, López Mazz sostuvo que el artículo de “Brecha” contiene varias “falsedades” y que prepara una respuesta en defensa de su actuación.
Entre tanto, Patiño también había dirigido una nota al ex rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arocena. Este dio vista al decano de la Facultad de Humanidades, Álvaro Rico, que tiene la doble condición de principal jerarca del centro de estudios donde radica el GIAF y jefe del grupo de historiadores contratado por la Secretaría que dirige Jorge.
Patiño sostuvo en el escrito que López Mazz tuvo “una serie de actitudes” que no hicieron más que “desacreditar la información aportada por su propio equipo en la causa”.
La carta de Patiño también dejó al desnudo la tensión entre el jefe del GIAF y la mayoría de sus integrantes —salvo Octavio Nadal, uno de los fundadores del grupo—, que consideran que, más allá de su capacidad técnica como arqueólogo, López Mazz se manejó de forma autárquica y desorganizada, sin formar un verdadero equipo universitario.
Fuentes de la Udelar indicaron a Búsqueda que la relación entre el equipo de historiadores dirigido por Rico y el de antropología forense tampoco fue buena hasta ahora y que ambos actuaron de forma compartimentada a pesar de que todos los miércoles se reúnen en la sede del Palacio Estévez.
En mayo, Rico envió una nota a Arocena donde sostuvo que “la causa de Nebio Melo se superpone con la causa de María Claudia García Irureta Goyena de Gelman, en el sentido de que se trata de los mismos espacios del Servicio de Material y Armamento del Ejército donde el equipo de antropología ya trabajó en el terreno” y destacó que una “desinteligencia” como la de diciembre de 2013 es “la primera vez que ocurre en casi 9 años de trabajo”. El informe, del que tomó conocimiento oficialmente López Mazz, concluye que “no se debe aplicar ninguna medida administrativa sino responder por escrito la nota del Sr. Nilo Patiño”.
En junio, López Mazz, que interpretó que no fue defendido por Rico con la suficiente energía, pidió licencia y luego dio “un paso al costado” presentando renuncia a los dos cargos luego de que la organización Madres y Familiares le retiró la confianza.
El freno a la apertura de una nueva causa de desaparición forzada es percibido como un problema. Sin embargo, a pesar del evidente papel protagónico del caso Gelman, fuentes forenses indicaron que ya existen otras causas pasibles de excavaciones, como las de los militantes comunistas Julio Escudero y Oscar Tassino, además de la posibilidad de que el Poder Ejecutivo las disponga y cuando exista un hallazgo lo comunique a la Justicia, como ocurrió en el caso de Ubagesner Chaves en 2005.
Campañas electorales.
El conflicto quedó entre bambalinas debido a la alta sensibilidad que despierta, pero también por dos razones de índole política: la campaña electoral a nivel nacional y la elección del nuevo rector de la Udelar, uno de cuyos candidatos era el propio Rico, que no estaba interesado en agregar un nuevo escollo, sobre todo con relación a derechos humanos, en su de por sí complicada carrera al máximo cargo universitario.
En noviembre, ya con Roberto Markarian como nuevo rector, el Consejo Directivo Central (CDC) fue informado acerca del cuestionamiento a uno de sus catedráticos.
El Consejo Federal de la Federación de Estudiantes (FEUU) emitió una declaración exigiendo la creación de una comisión investigadora, aunque finalmente el CDC resolvió bajar el perfil al tema y crear un grupo ad hoc (cuyo delegado docente es Ariel Julio Castro) para que lleve una propuesta al Consejo.
La FEUU, explicó a Búsqueda la consejera Valeria Sánchez, considera que se debe aportar transparencia al tema, discutir el caso a fondo y en el futuro eliminar la cláusula de confidencialidad en el convenio entre Udelar y Presidencia, además de que la principal universidad estatal tiene que jugar un papel más activo en relación con las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Mientras la Udelar procesa su discusión interna, el nuevo gobierno prepara su propio organigrama. La presencia de Fernández Huidobro en el próximo Consejo de Ministros es percibida en general como un freno a las investigaciones. Una de las peculiaridades de Uruguay, explicó el antropólogo Nadal, es que es el propio Estado el que patrocina la investigación y eso crea tensiones, algo que en principio no ocurre en países como Argentina, donde el EAAF (Equipo Argentino de Antropologia Forense) funciona como una ONG que hace su propio camino.
Información Nacional
2014-12-11T00:00:00
2014-12-11T00:00:00
