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    Una encuesta reafirma imagen de Uruguay como poco corrupto, aunque el 25% ve a la política “sucia” y un tercio pagaría coimas

    La corrupción en un país es difícil de cuantificar. Y por ser clandestinas, aun si se habla de prácticas específicas como el cohecho, el fraude o la compra de votos, no hay información completa para dimensionarlas; cada tanto, sale a luz algún caso. Una alternativa para sondear lo extendido del fenómeno es preguntar a los individuos sobre su propia experiencia o el entorno que conocen mediante encuestas que, en general, dejan a Uruguay bien parado en la comparación regional, pero también muestran que no es inmune. Por ejemplo, más de la mitad de la población cree que es probable que le pidan plata para liberarlo de una multa de tránsito y un tercio admite que pagaría una coima para evitar que la UTE le corte la luz si se atrasó con la factura.

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    Por la gravedad que tomó la corrupción en la región, la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina dedicó su documento insignia de este año a la temática. Son más de 250 páginas que, con números para el diagnóstico y recomendaciones concretas, procuran colaborar con los gobiernos a diseñar e implementar reformas. Según dice en el prólogo Luis Carranza, presidente ejecutivo del organismo, “la inacción en esta materia puede generar altos costos”, ya que “no solo se debilita la capacidad del Estado para proveer bienes y servicios públicos en la cantidad y calidad requeridas, sino que también distorsio­na la asignación de recursos (capital y trabajo), comprometiendo la productividad de las economías y reduciendo los incentivos a la inversión y la innovación. Quizás aún más importante es que, cuando la corrupción se vuelve un fenómeno generalizado, el Estado pierde legitimidad y se debilita la confianza en la democracia como forma de gobierno”. Difícil no pensar en el escándalo de la brasileña Odebrecht, en los cuadernos y los bolsos kirchneristas, en la Venezuela chavista. En Raúl Sendic.

    El informe, titulado Integridad de las políticas públicas. Claves para prevenir la corrupción y presentado la semana pasada en Quito, se basa en una encuesta a personas de entre 20 y 59 años residentes en Montevideo y otras nueve ciudades de América Latina, efectuada en 2018 por encargo de la CAF. También cita otras fuentes, como el índice que elabora la organización Transparencia Internacional, para señalar que Chile, Costa Rica y Uruguay “destacan positivamente en la región” por tener niveles de corrupción bajos y que se acercan a los países desarrollados, un “patrón que se repite en otras medidas” del problema, incluidas las respuestas recogidas en el sondeo. 

    Por ejemplo, el 11% de los encuestados en Montevideo declaró que en el último año algún funcionario público le pidió una coima o pago informal para brindarle un servi­cio o agilizar un trámite. Eso es más que en San Pablo (9%), pero está por debajo del resto de las ciudades relevadas, con casos extremos como Panamá, Caracas, Lima, México y La Paz (con porcentajes cercanos a 25%, 27%, 30%, 35% y 38%, respectivamente).

    Por fuera de algún dato como ese, Uruguay aparece en el documento poco mencionado y, en general, con referencias elogiosas. Para profundizar en el análisis, Búsqueda procesó las respuestas referidas a la temática de la corrupción de los más de 1.000 encuestados en Montevideo.

    Ante la afirmación de si “política” es una “palabra sucia”, el 18% se manifestó “de acuerdo” y otro 7% fue todavía más enfático (“totalmente de acuerdo”), frente al 42% que la rechazó más un 11% que discrepó categóricamente (“totalmente en desacuerdo”). Otro 22% no se definió.

    Pero si bien la política en general está bien conceptuada para la mayoría de los montevideanos, las opiniones respecto a quienes la practican se encuentran más divididas. Los que contestaron que “ninguno” de los políticos pone su interés personal por encima de los de la ciudadanía fueron 17%; el resto piensa lo contrario, con 40% que dijo “algunos”, 29% “la mayoría” y 15% le atribuyó a “todos” prioridades propias por sobre las colectivas.  

    Otra pregunta entró de lleno en la cuestión de la corrupción: ¿cuál cree usted que es la principal razón por la que algunos políticos se involucran en este tipo de actos? Casi dos tercios (65%) cree que es “para enriquecerse”, mientras que otro 19% piensa que lo hacen “porque se ven obligados para poder financiar sus campañas” y 11% lo asocia al propósito de “agilizar procedimientos y proyectos”; el restante 4% dio “otras” posibles razones.

    Coimas

    El cuestionario apuntó no solo a los políticos, sino también a los funcionarios públicos en general. Casi el 60% contestó que aquellos que son corruptos buscan “enriquecerse”, y otro 11% lo atribuyó a que quieren favorecer a conocidos.

    Los encuestados en la capital uruguaya visualizan a los funcionarios vinculados al control del tránsito como más propensos a coimear que los de algunas otras áreas. El 38% piensa que es “muy probable” que le pidan dinero para evitar pagar una multa, mientras que 13% le asigna cierta chance a que eso suceda. Los que dieron esas respuestas cuando se le hizo la misma pregunta pero referida a una coima para “agilizar un trámite” fueron 18% y 9% en cada caso, y 14% y 7% si se trata de gestionar un permiso para reformar la vivienda.

    Pero la corrupción en todos sus niveles tiene de un lado a un funcionario corrupto dispuesto a pedir o a recibir un soborno, y del otro a una empresa o a un ciudadano que lo paga, ya sea a pedido o por iniciativa propia. Una pregunta buscó sondear este último lado del delito a partir de una situación hipotética. “Suponga que, por un descuido, en su casa olvidaron pagar el recibo de la energía eléctrica y el representante de la empresa que presta el servicio llega a cortarla. Si le cortan el servicio, su casa estará sin energía eléctrica por cinco días. ¿Estaría usted dispuesto a pagar al funcionario para que no le corte la luz?”: los residentes en Montevideo que dijeron que sí fueron uno de cada tres (33%).

    Según otra pregunta, los “principios morales” son, junto con el temor a ir preso, los principales frenos para no participar en actos de corrupción. Esas razones explican dos terceras partes entre todas las esgrimidas.

    El cargo

    Casi todos los países de la región aplican sistemas de concursos de oposición como forma de ingreso a posiciones profesionales y operativas permanentes en sus organizaciones públicas (y Perú y Uruguay son los únicos que también los requieren para nombramientos temporales). Sin embargo, “quedan algunas tareas pendientes para la implementación efectiva de un servicio civil profesional. En particular, es necesario reducir la inciden­cia de contrataciones bajo condiciones de excepción y el uso de contratos tempora­les, que en muchos casos se convierten en la modalidad principal de contratación, advierte la CAF. 

    En la encuesta referida a Uruguay, casi siete de cada 10 (69%) dio por válida la afirmación de que tener un contacto es “indispensable” para poder conseguir un “buen trabajo en el sector público”; se trata, no obstante, de un requisito también considerado clave para encontrar un puesto en la actividad privada (67%).

    Las coimas se facilitan cuando el funcionario público involucrado tiene un monopolio en una instancia dada, por ejemplo, al ser el único que puede dar curso a un cierto papeleo. En los lugares donde las gestiones demoran más tiempo, las personas tienen una mayor percepción de que los sobornos son útiles para obtener un beneficio. Por esto “es importante que se redoblen los esfuerzos que han hecho los países de la región para simplificar y digitalizar trámites”, aconseja el documento. Consigna como un dato positivo que en 2005 Uruguay constituyó la hoy denominada Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) y que, 13 años después, todos los trámites podían ser iniciados “en línea” y el 68% estaba en condiciones de completarse vía web, sin la interacción con ningún funcionario.

    Según la encuesta, en el lugar de trabajo de tres de cada cuatro existen controles para asegurar comportamientos éticos.

    ¿Castigo?

    La CAF remarca que en la región existe una fuerte asociación positiva entre el cumplimiento de la ley, garantizado por la eficiencia del sistema judicial, y el con­trol de la corrupción. Pero la encuesta enciende una luz amarilla respecto a “cierta “crisis de confianza”: en Montevideo, los que perciben benevolencia de los jueces —un castigo más leve que el “necesario”— son 75%, algo menos que el promedio de las 10 ciudades relevadas (79%).

    El cuestionario también indagó sobre cómo es percibida la sociedad en su actitud frente a la corrupción y la reacción que tiene a través del sufragio. Más de la mitad (56%) cree que a los uruguayos les preocupa “menos de lo necesario”, otro 27% contestó que les inquieta “lo necesario” y al restante 18%, más de lo que debieran. De manera consistente con esa visión, los que piensan que la sociedad no tiene en cuenta lo suficiente ese tipo de delitos al momento de votar son más de la mitad (52%).

     

    Recuadro de la nota

    La campaña presidencial más costosa por voto de la región