Una historia bien colorada, en el peor momento del partido de Batlle

Aunque está atiborrado de citas a fuentes blancas —una de las principales, el ilustre historiador nacionalista Juan Pivel Devoto—, Hierro quiere demostrar que si durante el siglo XIX el Partido Colorado no hubiera podido influir en el devenir histórico del Uruguay como efectivamente lo hizo, entonces es muy probable que la obra que desde el comienzo del siglo XX protagonizó como primera figura el ex presidente José Batlle y Ordóñez, no hubiera podido ser desarrollada. “El Partido Colorado es el impulso vital que motivó la obra de Batlle”, dice el autor.

Según Hierro, al obrar de ese modo Rivera aplicó “la ética de la responsabilidad”, una marca que el autor atribuye muy especialmente a los colorados. Es, dice, la “conducta de los líderes que cumplen con su deber sin medir las consecuencias personales y sin ceder demagógicamente ante la negativa o la incomprensión de sus contemporáneos”.

El autor se afilia a la postura del historiador Oscar Padrón Favre, según el cual Rivera encarnó en su tiempo “el artiguismo posible”, porque “se dedicó a rescatar del gran naufragio todo lo que merecía y podía ser salvado”.

Por cierto, Las raíces coloradas tiene pasajes extremadamente polémicos. Sobre Artigas, por ejemplo, dice que “si bien Uruguay ha resuelto, a lo largo de etapas sucesivas, que su héroe principal sea Artigas, lo que no está en discusión, don José no estuvo vinculado al nacimiento de Uruguay como nación independiente” y, por lo tanto, “Rivera es el primer héroe nacional independentista”. Está claro que Artigas no tuvo nada que ver con la transformación de este territorio en un país independiente —nunca lo quiso así— pero entonces, ¿por qué razón “no está en discusión” que haya sido elegido como “su héroe principal”?

Hierro escribe que en torno a Rivera “se va formando la colectividad colorada, que si bien tuvo su bautismo oficial en 1836 con motivo de la batalla de Carpintería, tiene una génesis lenta y anterior, sin fecha precisa de fundación”. El autor sitúa en 1817 el perfilamiento de las “tendencias” que luego derivarían en los partidos Colorado y Blanco. Había, ya entonces, diferencias entre Rivera y Lavalleja, “cuyas modalidades personales eran claramente antepuestas, ya que a Lavalleja le chocaban ‘el genio festivo y la expresión pintoresca’ de Frutos, a quien creía ‘loco’”.

Pero el autor advierte que había algo mucho más importante. Ambos caudillos mantenían visiones diferentes sobre “el destino autónomo del país” y, también, sobre sus vínculos con las potencias vecinas, todo lo cual profundizó sus “divergencias”. Hierro caracteriza a Rivera como un hombre que deseaba la independencia de Buenos Aires y a Lavalleja y Oribe como caudillos que “siempre miraron hacia Buenos Aires y nunca lucharon militarmente contra el poder porteño”.

El “espíritu liberal”, el “sentido de justicia”, el “apego a los humildes”, el “cumplimiento del deber sin medir consecuencias personales”, el “talante liberal y progresista”, la sujeción del Ejército a “la obediencia institucional y al presidente” son, entre otras, “raíces coloradas” que Hierro incluye en el legado que Rivera dejó a su partido.

Es particularmente llamativo el énfasis del primer caudillo colorado en cuanto a la defensa de la libertad de expresión. Según relata el autor, en 1830, con Rivera ya en la Presidencia, el jefe de Estado dictó un decreto en el cual estableció que “el Poder Ejecutivo reconoce que la publicidad es un principio fecundo en grandes resultados (...) y el presidente de la República, que no ha perdido de vista esa máxima desde que se encargó de la dirección de los negocios, se propone darle toda la extensión de que es susceptible”. Pero el 17 de noviembre de 1838 dictó una resolución reafirmando esa línea, en plena guerra. Vale la pena transcribirla, al menos parcialmente: “La absoluta libertad de opinar y de publicar las opiniones debe ser un derecho tan sagrado como la libertad y la seguridad de las personas. Las producciones de la imprenta libre son el freno de los malos mandatarios, la recompensa mejor de los que gobiernan bien y el vehículo más seguro para derramar la ilustración y educar a los pueblos. Pero ese derecho inestimable vendría a ser ilusorio si los que han de ejercerlo conservan el menor recelo de que la autoridad pueda reprimirlo o manifestar siquiera algún desagrado por el uso que de él se haga. En fuerza de estas consideraciones para manifestar a la República que deseo oír libremente la voz de la opinión; que contando con ella no puedo temer ataque alguno y que no deseo otro juez ni otro defensor de mis actos que la conciencia del pueblo”. Y, en un breve articulado de tres disposiciones, Rivera resolvió: “1º) La libertad absoluta e ilimitada de la imprenta es también uno de mis principios fundamentales. Todo individuo puede usar de ella sin restricción alguna; 2º) Los particulares que se creyesen ofendidos por producciones de la prensa tendrán expeditos los medios de reparación que la ley del país establece; 3º) Los ataques de cualquier forma que se dirijan por la imprenta, sea contra mi persona, las de mis secretarios o contra los actos administrativos, no quedan sujetos a responsabilidad alguna, y para asegurar esa declaración, yo y mis secretarios renunciamos, mientras yo esté en el mando, a la protección de la ley actual y a todo otro medio de vindicación”.

Mucho más polémicos que esta resolución resultan otros actos de Rivera, relatados por Hierro. Respecto a “la cuestión indígena”, el autor dice que “era necesaria” una “política” al respecto, “dado que grupos de indios mezclados con criollos se dedicaban abiertamente al pillaje desde siempre” y protesta porque “los adversarios de Rivera toman únicamente el episodio de Salsipuedes (abril de 1831) como el símbolo de las maldades del caudillo, en una prédica política que incluye la hasta hoy reiterada versión sobre el genocidio, nacida en las apreciaciones históricas de un autor anti riverista y potenciadas por los escritos de un buen novelista, pero devenidas ahora en un alegato político ajeno a las conclusiones históricas”.

Hierro sitúa la cantidad de “guerreros charrúas” en no más de 200 individuos. Pero dice que “con decenas de criollos” hacían “una banda de 600 hombres armados que cometían robos y asesinatos”, algo que “recrudeció durante los primeros meses de la Presidencia” de Rivera. Y llega a Salsipuedes. Allí, dice, “murieron 40 y fueron apresados 300. Hay dos acciones militares posteriores en las que murieron 15 y donde los indios apresaron, torturaron y mataron al hermano de Frutos, Bernabé. Si hacemos la cuenta y de los 150 a 200 guerreros charrúas murieron en tres batallas sucesivas 55, parece claro que se trató de un enfrentamiento, pero no de un genocidio deliberado”.

Luego de reseñar las intentonas revolucionarias de Lavalleja y Oribe, apoyados por el argentino Juan Manuel de Rosas, el libro es “benévolo”, por decir lo menos, con la revuelta que Rivera organiza contra el segundo presidente legítimo de Uruguay, Manuel Oribe. Recuerda que al bajar de la Presidencia, Rivera había quedado, otra vez, como comandante general de la campaña. Pero, agrega, “una vez asumido Oribe, lo primero que hizo fue anular la Comandancia de la Campaña para sacarse de encima a Rivera” y “cinco meses después la restituyó y designó en ella a su hermano Ignacio, en una maniobra que sin duda tendría consecuencias, porque allí quedó disuelto el vínculo entre ambos jefes, al tiempo que se promovía en el Parlamento una investigación de las cuentas públicas durante el mandato de don Frutos”.

Hierro dedica un apreciable espacio a la Guerra Grande y, en especial, al “Gobierno de la Defensa”, liderado por los colorados y radicado en Montevideo. “La Defensa —escribe el autor— constituyó una experiencia histórica formidable, en la que se fueron construyendo los principios y valores del partido de José Batlle y Ordóñez”. Se trató, añade, del enfrentamiento entre dos modelos: “uno liberal” (el colorado) y “el otro autoritario” (el blanco).

Las raíces coloradas, previsiblemente cita a Isidoro de María, Andrés Lamas, Melchor Pacheco y Obes y Manuel Herrera y Obes como cuatro exponentes que “coincidieron en destacar las agresiones de Rosas (aliado del ‘Gobierno del Cerrito’, dirigido por Oribe) como un factor decisivo en la conformación del campo liberal. El enfrentamiento a la dictadura de Rosas, la preservación de la libertad y la independencia del país son signos comunes a esa prédica fundacional”. Tal fue el grado de identificación colorada en el curso de la Guerra Grande, que Hierro cita una frase de Batlle y Ordóñez, dicha 68 años después de que acabara la conflagración: ser colorado significa “odiar la tradición de Rosas y de Oribe” y “espantarse ante la idea de que tales o parecidas cosas puedan producirse en nuestro país”.

Otro asunto controversial que el libro aborda es el episodio de la cesión de tierras a Brasil en los tratados de 1851 por parte del “Gobierno de la Defensa”. Hierro defiende la decisión afirmando que “en términos fácticos, Uruguay cedió algo que no tenía ni administraba” y, además, selló “la suerte del tirano”, en referencia a Rosas. “Debe de haber sido doloroso entregar territorio, pero más doloroso era ceder ante Rosas”, sostiene el autor.

Por cierto, el libro contiene elogiosa prosa respecto a José Garibaldi, que peleó a favor de “la Defensa” y dice que “la paticipación de las legiones italiana y francesa fue una expresión libertaria y cosmopolita que tuvo una importante influencia en la forja colorada”.

También hay una polémica reivindicación de Venancio Flores, y particularmente de su decisión de combatir contra Paraguay en la “Guerra de la Triple Alianza”, junto con Argentina y Brasil. “Don Venancio —dice Hierro— optó por ‘aliarse’ con los brasileños, buscando su apoyo, pero a la vez poniéndoles límites. Actuó con el mismo tipo de instinto que llevó a Rivera a quedarse en el terruño en 1820. (...) Don Venancio hizo igual. La presencia brasileña era muy fuerte y el pequeño Uruguay no podía enfrentar en forma directa esa situación”. El autor conjetura que “si Uruguay no hubiera acompañado a Brasil y Argentina en la Triple Alianza para atacar a Paraguay, su destino como nación independiente hubiera sido distinto”. Conjetura polémica, si las hay. En este marco, Hierro atribuye toda la responsabilidad por el bombardeo a Paysandú y la ejecución de Leandro Gómez al general colorado Gregorio Suárez. Y salva una vez más a Flores: “No fue una jornada enaltecedora para el Partido Colorado, aunque es claro que don Venancio no promovió ni autorizó los fusilamientos”.

Rivera, “la Defensa”, los “mártires de Quinteros”, la “Revolución del Quebracho” y el combate a los dictadores militares colorados por otros colorados consagraron, según el autor, “la épica colorada”, mucho antes de la irrupción de Batlle y Ordóñez en el siglo XX.

Precisamente, Hierro procura desmontar “la supuesta antinomia batllismo-coloradismo”, según la cual se trataría de “cosas distintas”. “Es como si se quisiera cargar las tintas sobre la vieja colectividad, exculpando al batllismo de las supuestas responsabilidades del coloradismo”. Y recurre al propio Batlle y Ordóñez cuando en 1919 escribió en “El Día”: “Los colorados batllistas son batllistas porque son colorados. (...) Decir que un batllista no es colorado sería como decir que no es colorado un riverista o un florista”.

Las raíces coloradas es un libro muy necesario para los colorados, provechoso para los independientes, quizá algo (o muy) intolerable para los blancos, y probablemente interesante para los frenteamplistas. En todo caso, es una obra que seguramente dará que hablar.

Giordano Bruno