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    Una investigadora para que la oposición “se deje de joder” y que terminó con pedidos de procesamientos y “sin camisetear”

    Era un día bastante gris. Llovía, había viento, estaba algo frío. Los principales líderes de la oposición habían acordado reunirse a la misma hora para llegar todos juntos a la Justicia. Primero se encontraron bajo el cobijo del Teatro Solís, en las escalinatas, ahí entre sus columnas, y luego cruzaron en bloque hacia la sede de Crimen Organizado en la calle Bartolomé Mitre. La imagen dio mucho que hablar. Casi todos con unas largas gabardinas color beige, caminando a paso firme, coordinados, con expedientes y carpetas con la denuncia penal por el caso Ancap bajo sus brazos. Una puesta en escena casi que cinematográfica. Durante la tarde de ese martes 19 de abril de 2016 las redes sociales replicaron hasta el infinito ese momento. Se habló más de las gabardinas que de la denuncia. Desde el oficialismo se observó el gesto como un último detalle estético de una especie de “circo” montado en torno a la gestión en el ente petrolero.

    Todo había empezado un año antes, en julio de 2015, cuando el senador blanco Luis Lacalle Pou presentó una moción para instalar una comisión investigadora sobre Ancap en el Parlamento. La iniciativa fue madurando y tomando fuerza tras conocerse los balances financieros de los últimos años, con sucesivos déficits millonarios. A Lacalle Pou lo acompañó luego el resto de la oposición. Y el Frente Amplio terminó dando sus votos para que la idea prosperara.

    Lo que se acordó fue que se investigara desde el año 2000, cuando gobernaba el colorado Jorge Batlle, en adelante. La entonces senadora y actual vicepresidenta Lucía Topolansky fue una de las voces oficialistas que argumentaron la decisión. “Le dimos la comisión y empieza en el 2000 porque los hechos hay que contextualizarlos. Se puede estar de acuerdo o no con un plan estratégico, y eso es política”, afirmó en una rueda de prensa. Después levantó un poco más el tono. “Acá no se enriqueció nadie, nadie se llevó nada al bolsillo y no hay ilegalidades. Le dimos (la investigadora) para que se dejen de joder, porque si no, se pasan con un lloriqueo: ‘Ay, no me dan la comisión, no me dan la comisión’. Bueno, tomala, investigá y cascate, porque va a tener que funcionar todos los días”, dijo en su momento. Y agregó: “No trajeron en la denuncia ni una prueba ni un hecho, dijeron ‘presuntas’, pero tenés que probarlas, porque la Justicia precisa pruebas”.

    La investigadora funcionó durante casi cinco meses. Concluyó a mediados de diciembre de 2015 y en febrero del año siguiente había consenso en los partidos opositores de llevar el resultado de lo investigado a la Justicia. En la gran mayoría de las denuncias la oposición actuó en bloque. El tema de la triangulación con la empresa multinacional Trafigura y la ecuatoriana Petroecuador —denunciado por Búsqueda y uno de los temas por los que se pidió el procesamiento del ex vicepresidente Raúl Sendic— fue planteado exclusivamente por el Partido Nacional y Unidad Popular. El senador Jorge Larrañaga había hecho un pedido de informes sobre este caso que saltó a la luz pública en plena campaña electoral en 2014.

    “Es difícil creer en tanta torpeza. La reiteración de abuso de poder y funciones, el desprecio de la forma administrativa y la desidia en el recupero de los daños, así como la mano abierta con los fondos públicos, nos llevan a pensar en la existencia de figuras delictuales que será la Justicia quien catalogará”, decía en sus conclusiones la denuncia que presentó el Partido Nacional aquella tarde gris del 19 de abril de 2016.

    “Nada dicho”.

    Casi dos años después de presentada la denuncia, el lunes 19 el fiscal especializado en Crimen Organizado, Luis Pacheco, pidió el procesamiento de Sendic y de otros ocho exdirectores y gerentes de Ancap. Ni bien se conoció la noticia, Lacalle Pou mandó un audio de WhatsApp a sus dirigentes más cercanos. La orden fue “no camisetear”, mantener un perfil bajo hasta que la jueza del caso tenga la última palabra. “No hay nada dicho”, les dijo. Luego tuiteó: “Esperaremos el fallo judicial para pronunciarnos. Por ahora, la tranquilidad en el acierto de investigar y de denunciar”.

    Pablo Mieres, senador del Partido Independiente, defendió el trabajo de los partidos de la oposición durante la investigadora. “Se hablaba de un circo, de que hacíamos política menor pero siempre entendimos que había irregularidades muy graves”, dijo el martes 20 en Telemundo. “No presentamos todo a la Justicia, sino los hechos que tenían apariencia delictiva. El dictamen del fiscal nos deja tranquilos porque habla de la independencia del Poder Judicial y sus instancias”, agregó.

    En filas del Partido Colorado hubo prudencia. El dirigente Juan Justo Amaro, director durante la gestión de Sendic, fue uno sobre los que recayó el pedido de procesamiento. Amaro se comunicó con el secretario general del Partido Colorado, Adrián Peña, el mismo lunes y pidió que su conducta sea analizada por la Comisión de Ética.

    Amaro dijo que se sintió “manoseado, indignado, molesto y caliente” con la decisión del fiscal Pacheco. En declaraciones a Radio Carve el martes 20, dijo que fue “absolutamente injusto” que el fiscal pida su procesamiento. “Yo actué de acuerdo a mis responsabilidades, y hablé con el departamento jurídico”, dijo. “Me revisaron mi vida, revisaron mis cuentas bancarias, el uso de las tarjetas corporativas, vieron que está todo en corrección. En mi cuenta bancaria debo tener ahora 40.000 pesos”, señaló Amaro, que aseguró que apelará la decisión.

    En su muro de Facebook escribió que el “delito de abuso de funciones parece hecho a la medida para la familia Amaro”. En marzo de 2010, la Justicia procesó a su padre, Juan Justo Amaro Corrado, ex vicepresidente de OSE, por fraude y abuso de funciones por gastos excesivos, pago de viáticos a personal de confianza y adjudicación irregular de publicidad oficial.

    Información Nacional
    2018-03-22T00:00:00