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Si el gobierno pretende que los policías y militares trabajen juntos para enfrentar la creciente inseguridad, lo que ocurrió el jueves 17 de mayo en el Batallón de Caballería Nº 9 es considerada una mala “señal” por varios jerarcas del Poder Ejecutivo.
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Ese día el Ejército donó al Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) las instalaciones de ese batallón para que el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) —organismo encargado de la atención a los menores infractores— instalara sus oficinas y un centro de reclusión.
Cuando estaba por comenzar la ceremonia protocolar, el director del Sirpa, Ruben Villaverde, se acercó al director nacional de Bomberos, Raúl Díaz, y le pidió que se retirara del lugar porque, de lo contrario, el acto no se iba a producir, relataron a Búsqueda participantes en la reunión.
De acuerdo a las fuentes consultadas, Díaz le transmitió lo sucedido a las autoridades del Ministerio del Interior. Según contó, Villaverde le explicó que los oficiales del Ejército a cargo de coordinar la ceremonia —en la que participó el comandante en jefe Pedro Aguerre— le habían dicho que el director de Bomberos y su equipo debían retirarse del predio porque “no estaban invitados” al evento y que hasta que no lo hicieran no comenzaría la ceremonia.
Díaz se fue del lugar visiblemente molesto.
El hecho generó malestar en las autoridades del Ministerio del Interior, al punto que el ministro Eduardo Bonomi habló sobre el tema con su par de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro.
“Lo que ocurrió es una señal más de la pésima relación que existe entre policías y militares”, opinó uno de los jerarcas consultados.
Diversas iniciativas adoptadas por el gobierno han reactivado el recelo histórico entre los integrantes de ambas instituciones. En particular, en ámbitos castrenses generaron sorpresa varias adquisiciones de armamento destinadas a la Guardia Republicana.
En la Policía, en tanto, existe malestar por la decisión del gobierno de que sean militares quienes controlen el acceso a las cárceles para impedir el ingreso de armas y drogas a los recintos penitenciarios (Búsqueda Nº 1.651).