El polémico decreto Nº 359 del Ministerio de Economía, fechado el 29 de diciembre, tomó estado público al día siguiente a través del Diario Oficial. Con su único artículo modifica otro decreto de 2007, al disponer que a partir del cierre de ejercicio al 31 de diciembre de 2015 no se aplicará, para la liquidación del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas (IRAE), el ajuste por inflación fiscal, si el porcentaje de variación del índice de precios correspondiente a dicho ejercicio es menor a 10% anual. Eso fue lo que ocurrió en 2015 tanto con la inflación minorista como con la mayorista (9,4% y 6,6%, respectivamente), según los índices del Instituto Nacional de Estadística difundidos en los últimos días.
El Texto Ordenado de impuestos de 1996 facultaba al Poder Ejecutivo a disponer que no se hiciera el ajuste por inflación, pero no había utilizado tal prerrogativa.
El cambio introducido por el decreto de fin de año tiene como propósito “adoptar las mejores prácticas a nivel internacional en cuanto a normas contables y financieras”, dijo el subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, en “El País” del 31 de diciembre.
El lunes 4 en “La Diaria” complementó diciendo que las Normas Internacionales de Información Financiera establecen que el ajuste por inflación debe aplicarse “solo en contextos de economías hiperinflacionarias”. Y agregó: “Que se siguiera haciendo de esa forma es una rémora de un contexto económico que había en Uruguay y que por suerte ya no tenemos, que es el de una economía hiperinflacionaria. De hecho, los bancos iban a dejar de hacerlo en 2017 porque iban a adoptar” dichas normas.
Ferreri aclaró que al suprimirse el ajuste por inflación algunas empresas deberán pagar más IRAE y pero otras tributarán menos, en función de la posición activa o pasiva que tengan.
Tras esas explicaciones, las autoridades del Ministerio de Economía optaron por bajar el perfil mediático.
En el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores el decreto causó “mucha preocupación” entre los asociados, dijo a Búsqueda el presidente de esa agremiación, Selio Zak.
Aunque algunos estaban de vacaciones, hubo conversaciones sobre el tema entre integrantes del Consejo Directivo. “No estamos de acuerdo con este decreto que cambia las reglas de juego y todas las previsiones hechas desde el punto de vista tributario. Una de nuestras funciones es ser asesores financieros” de las empresas y, en los hechos, algunas tendrán que pagar más impuestos a raíz de esta medida, sostuvo Zak.
Una mesa directiva especial del Colegio analizará el asunto mañana viernes 8 para fijar oficialmente una posición, informó.
El lunes 4 la agremiación de profesionales pidió una entrevista al subsecretario de Economía.
Cálculo.
El ajuste por inflación se calcula, en líneas generales, como el activo fiscal de la empresa (sin computar el activo fijo u otros generadores de rentas no gravadas) menos su pasivo fiscal al inicio del ejercicio, multiplicado por el porcentaje de inflación del año. Antes del decreto, en caso de que el activo fuera mayor que el pasivo, en condiciones de inflación, se reflejaba una pérdida, que implicaba una deducción en el IRAE, y viceversa. El hecho de no poder computar ese ajuste por inflación determina, para las firmas “saneadas” en términos fiscales —con más activos que pasivos—, que deberán empezar a abonar más impuesto, señaló a Búsqueda Martha Roca, de Ernst & Young.
Por ejemplo, si una empresa tiene $ 1.000.000 de activo fiscal y $ 800.000 de pasivo fiscal al inicio del ejercicio, y el porcentaje de inflación en ese año fue 8%, se generaba un ajuste por inflación fiscal de $ 16.000 de pérdida. Por tanto, podía deducir $ 4.000 por el IRAE (cuya tasa es 25%). Con el nuevo decreto, al no poder computar el ajuste por inflación esa firma se pierde de ahorrar esos $ 4.000.
En el caso de una empresa con $ 1.000.000 de activo fiscal y $ 1.200.000 de pasivo fiscal al inicio del ejercicio, y otra vez una inflación en el ejercicio de 8%, se generaba un ajuste por inflación de $ 16.000 de ganancia, por lo que pagaba $ 4.000 más de IRAE. Esa situación se revierte sin dicho ajuste por inflación, dado el nuevo decreto.
La supresión del ajuste por inflación fiscal pega más sobre las empresas que poseen muchos activos intangibles y pocos fijos, como son típicamente los bancos, los pequeños comercios y el sector de servicios en general. En contrapartida, puede significar un alivio tributario para las industrias que tienen muchos activos fijos.
Las entidades que integran la Asociación de Bancos Privados deberán abonar entre U$S 20 millones y U$S 30 millones más de IRAE en la próxima liquidación, según estimaciones preliminares citadas el sábado 2 por “El Observador”.
“El País” aludió el 31 de diciembre a “estimaciones conservadoras” surgidas de “ámbitos privados” según las cuales, en total, se recaudarán entre U$S 250 millones y U$S 300 millones más con esta modificación en el IRAE.
Perera aseguró que esas proyecciones “se quedan cortas” y el incremento en la recaudación será mucho mayor a ese monto. “Con las condiciones que tenemos hoy, con el Presupuesto aprobado, con Ancap, era de esperar” un aumento de los impuestos, dijo. Según el presidente de la CNCS, la consecuencias son previsibles: “El fusible de todo esto son los empleos, ahí es donde va a pegar. ¿Qué otra cosa tenemos para ajustar en las empresas?”.
La modificación llega en un momento en que la recaudación tributaria viene aumentando pero cada vez menos (2,3% por encima de la inflación en enero-setiembre pasado), al aflojar los niveles de consumo y enlentecerse la actividad económica en general. Pero mientras para el gobierno puede ser oxígeno para las cuentas fiscales —deficitarias en U$S 2.006 millones en los 12 meses a noviembre—, para una parte de las empresas suma problemas. De hecho, cuando en el marco de su XX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales efectuada en las primeras semanas de diciembre pasado Búsqueda preguntó a los ejecutivos cuál será su mayor dificultad en 2016, el aumento de costos fue lo más mencionado, sin saber del cambio tributario que se decretaría poco después.
El IRAE recaudó el equivalente a unos U$S 900 millones en enero-setiembre de 2015 y fue el tributo que más dinero aportó al fisco (12,5% del total) después del IVA y el IRPF. En 2012 —último dato con apertura por sectores de actividad difundido por la Dirección General Impositiva—, 74.144 empresas pagaron ese impuesto a las ganancias.
Al final de una disertación, el martes 5, en el Hotel Conrad de Punta del Este, el ministro de Economía, Danilo Astori, dio como una “buena noticia” que en todo 2015 la recaudación de la Impositiva fue 1% mayor que el año anterior. Empresarios presentes comentaron entre sí su disgusto y uno gritó que el jerarca se estaba “olvidando del decreto del 30”.
“Fiscalazo”.
El decreto provocó duras críticas al gobierno del Frente Amplio desde la oposición política.
“Cuando parecía que el año no podía traer más malas noticias, pasado el Día de los Inocentes, al mejor estilo de los delfines kirchneristas, se dictó el decreto 359/015. (...) Lo hicieron amparados en una delegación aprobada por la ley de reforma tributaria, delegación que es de dudosísima constitucionalidad. ¿Este cambio qué es? Es un zarpazo a las empresas, pero con una consecuencia mucho más trascendente y negativa: es un ataque a la confiabilidad que como país se debe brindar. Es un fiscalazo, porque (...) las estimaciones más conservadoras de analistas privados y especialistas tributarios ubican la recaudación fiscal incremental en U$S 300 millones”, escribió el senador blanco Jorge Larrañaga en una columna difundida el viernes 1º en el sitio web de su grupo, Alianza Nacional.
A su juicio, la eliminación del ajuste por inflación esun “cambio violento en las reglas tributarias” que agrega un “nuevo elemento al ya deteriorado clima de negocios” y “erosiona la seguridad jurídica”. Y disparó: “Fundieron Pluna, fundieron Ancap y ahora funden la credibilidad como país, todo por unos dólares más”.
El senador colorado Pedro Bordaberry también acusó al gobierno de pretender “sacarles más dinero a los uruguayos”. En una columna publicada el domingo 3 en el portal “El telescopio”, señaló que se “aumentó por decreto un impuesto casi en un 35%” que llevará a las empresas a ajustar sus gastos e inversiones. Pero, a su entender, lo “más grave” es el “mensaje” que se da a los empresarios con un cambio en las “reglas de juego”, lo “mismo que se hizo allá por el 2002 en Argentina. ¿Se acuerda cómo terminaron con esas cosas en Argentina? Parece que algunos en el Uruguay quieren tomar el mismo camino. No debemos hacerlo. Uruguay siempre ha sido un país serio, que cumple con sus obligaciones, respeta el derecho de quienes invierten y establece previamente reglas claras que no se modifican. Lo del 29 de diciembre es un cambio en esto”, agregó Bordaberry.