Río de Janeiro (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Cecilia Taunay es una brasileña de 18 años que el lunes se sumó en Río de Janeiro a la mayor ola de protestas callejeras que su país recuerda en al menos dos décadas y que movilizaron unas 250.000 personas en diferentes ciudades. Fue la primera vez que ella iba a una manifestación así y lo hizo llevando un tapabocas desechable, de esos que se usan en los hospitales, para protegerse de eventuales gases lacrimógenos. Dijo que protestaba por el aumento del boleto de ómnibus. Pero cuando Búsqueda le preguntó cómo era posible que un aumento equivalente a dos pesos uruguayos haya provocado esa ira, Taunay replicó que esa fue solo “la gota de agua” que derramó el vaso.
De hecho, eso es lo que parece haber ocurrido en la última semana en Brasil, un país que era exhibido como modelo de desarrollo económico y progreso social pero que de pronto está bajo el foco de atención mundial por otras razones. Las protestas disparadas por el aumento de la tarifa de transporte colectivo se expandieron por varias ciudades del gigante sudamericano para revelar un creciente malestar en la población por el elevado costo de vida, servicios públicos de baja calidad pese a la alta carga tributaria, corrupción endémica y fortunas destinadas a construir modernos estadios para el Mundial de fútbol 2014 mientras se arrastran problemas en transporte, salud y educación.
Esta explosión de descontento en Brasil tomó por sorpresa a las autoridades municipales, estatales y al propio gobierno de Dilma Rousseff, quien el martes procuró mostrar empatía con los manifestantes aunque muchos advierten que el mensaje de las calles también va dirigido a ella, cuya alta popularidad comenzó a caer en las encuestas. Organizadas a través de redes sociales por jóvenes principalmente de clase media como Taunay, sin la participación de partidos o sindicatos, las protestas con consignas pacíficas han derivado a menudo en choques con la Policía y suponen un claro reto para toda la clase política brasileña, poco habituada a revueltas de este tipo.
Los manifestantes “no se sienten bien representados por los políticos electos”, explicó David Fleischer, un profesor emérito de Ciencia Política en la Universidad de Brasilia.
La ola de protestas en Brasil tomó por sorpresa a todo el mundo, ya que nadie pareció anticipar las dimensiones que alcanzaría. El lunes se extendió a una docena de ciudades importantes del país, con 100.000 personas en las calles de Río y 65.000 en São Paulo, donde al día siguiente volvieron a salir unas 50.000 en la sexta manifestación de este tipo en menos de dos semanas. En Brasilia, cientos de manifestantes llegaron a trepar al techo del Congreso. La agitación continuaba ayer miércoles en varias urbes incluida Fortaleza, donde la Policía utilizó gas lacrimógeno y balas de goma para detener una marcha que pretendía llegar al estadio de Castelão pocas horas antes del partido entre Brasil y México por la Copa de Confederaciones.
Sin embargo, hubo varias señales previas de que el enfriamiento de la economía había empezado a afectar los bolsillos y el humor de los brasileños. El consumo de las familias, cuyo crecimiento en los últimos tiempos fue un motor importante de expansión del PBI, registró un frenazo en el primer trimestre del año, con una variación de apenas 0,1% respecto a los tres meses anteriores. Los economistas creen que el fenómeno se debió tanto al nivel de endeudamiento familiar (en promedio cerca de 22% de la renta) como al impacto de la inflación, que anualizada en mayo llegó a 6,5% y en el rubro alimentos fue el doble. La desvalorización del real frente al dólar (27,5% desde febrero de 2012) es uno de los factores que impulsan los precios al alza.
Esto a su vez provocó las primeras bajas importantes en los niveles de aprobación del gobierno de Rousseff: una caída de ocho puntos porcentuales entre marzo y junio, según mediciones separadas de Datafolha e Ibope. Los sondeos coinciden también en ubicar actualmente ese índice de aprobación en torno a 55%, lo que todavía es considerado alto, pero con elecciones el año que viene la presidenta está obligada a detener la tendencia.
Cuando las protestas cobraron forma en São Paulo y Porto Alegre a comienzos de mes, todos creyeron que el descontento era solo por el aumento del precio del pasaje de ómnibus: después de todo, esa era la consigna del Movimiento Pase Libre, una organización social independiente integrada sobre todo por jóvenes universitarios que impulsó la movilización.
Pero en las calles comenzaron a sumarse reclamos por los crecientes costos de las obras asociadas al Mundial (que de acuerdo a un nuevo cálculo oficial ascienden a unos U$S 13.000 millones, casi U$S 700 millones más que la estimación previa de febrero), la corrupción (ninguno de los condenados a prisión el año pasado por el escándalo de compra de votos en el Congreso durante el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva comenzó a cumplir la pena, pese a que el caso se presentó como el fin de la impunidad de los políticos brasileños) y la vida cara (al igual que los alimentos, los impuestos municipales, la salud y educación privada han aumentado encima de la inflación).
Otro hecho que inflamó más los ánimos: la Policía militar reprimió con una fuerza excesiva una protesta en São Paulo el jueves 13, usando balas de goma y gases lacrimógenos contra manifestantes y periodistas. El saldo fue de más de un centenar de heridos y 190 detenidos. Y la indignación por las imágenes de la violencia policial alcanzó a muchos brasileños que decidieron volcarse a las calles los siguientes días.
Con el comienzo de la Copa de las Confederaciones, las protestas se extendieron a las cercanías de los estadios donde se disputan los juegos: el sábado hubo choques entre manifestantes y policías antes del partido inaugural entre Brasil y Japón, que dejaron 39 heridos en Brasilia, y el domingo ocurrieron incidentes similares aunque con menos heridos antes del juego entre Italia y México en el renovado estadio de Maracaná, en Río.
Cuando el lunes salieron unos 250.000 brasileños a protestar en diversas ciudades, quedó claro que algo realmente nuevo y grande estaba pasando en el país. “¡El pueblo despertó!”, gritaban las multitudes en Río. “Brasil, es hora de despertar, un profesor vale más que Neymar”, coreaban en São Paulo.
Ida y vuelta
Brasil carece de una tradición de protestas callejeras como en otros países sudamericanos y las de los últimos días fueron las mayores al menos desde que en 1992 miles reclamaron la salida del presidente Fernando Collor de Mello. Tal vez por eso mismo los gobernantes y políticos se han mostrado confundidos sobre lo que está sucediendo en estos días, con actitudes contradictorias.
Tras la represión de los manifestantes el jueves 13 en São Paulo, las autoridades decidieron evitar el empleo de la Policía de choque (principal acusada por los excesos) en las protestas del lunes. De hecho, la presencia de uniformados en esa y otras capitales estatales fue discreta, distante de las manifestaciones. Eso facilitó la acción de grupos minoritarios que se apartaron de las consignas pacíficas de los organizadores y cometieron actos de vandalismo.
En Río, tras la concentración principal, algunos centenares intentaron invadir la Asamblea Legislativa estatal, lanzando piedras y cócteles molotov contra los policías de custodia, que respondieron disparando armas de fuego hacia arriba antes de encerrarse dentro del edificio antiguo con varios heridos. Luego, los manifestantes incendiaron autos, destrozaron sucursales bancarias y saquearon comercios, llevándose desde chinelas havaianas hasta computadoras, constató Búsqueda en el lugar. Al día siguiente, el caos se instaló en el centro de São Paulo, donde manifestantes intentaron entrar a la sede de la Alcaldía, incendiaron una camioneta de televisión y saquearon comercios. Muchos se preguntaron por qué la Policía brasileña y las autoridades que la comandan son incapaces de encontrar un punto intermedio entre el uso excesivo de la fuerza de la semana anterior y la pasividad de esta.
Tras seguir la situación con cautela, la presidenta Rousseff hizo un guiño a los manifestantes el martes al declarar que el país “despertó más fuerte” tras las protestas de la víspera y que “la voz de la calle debe ser escuchada”. Pero ese mensaje contrastó con lo que dijo el mismo día el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, que admitió que “está difícil entender” lo que pasa en las calles. Ese mismo martes, Rousseff voló a São Paulo para reunirse con Lula, el alcalde paulista Fernando Haddad, y João Santana, el estratega de imagen que condujo las campañas electorales de la presidenta y su antecesor.
Los alcaldes de las ciudades brasileñas también se han mostrado erráticos frente a las protestas. El martes, varios de ellos, incluidos los de grandes urbes como Porto Alegre y Recife, indicaron que darían marcha atrás en sus decisiones de aumentar los precios del transporte colectivo. El propio Haddad indicó por primera vez que estaba dispuesto a hacerlo luego de haberlo descartado, pero después sugirió que bajar el boleto en estas circunstancias sería populista. Finalmente, ayer miércoles, São Paulo y Río anunciaron la reducción de las tarifas de transporte público, en procura de calmar las calles.
Sin embargo, es difícil prever si el recule de los alcaldes y las palmadas en la espalda que Rou-sseff dio a los manifestantes aliviarán la tensión o alentarán nuevas protestas de quienes ahora comprobaron que es posible obtener concesiones de las autoridades brasileñas. Hace rato que las manifestaciones en Brasil (varias convocadas para este jueves) dejaron de ser solo por el costo del transporte, y algunas aspiraciones de los manifestantes, como mejorar los servicios públicos, la educación y la salud, acabar con la corrupción o detener la hemorragia de recursos para mostrar una cara bonita de Brasil en el Mundial, parecen bastante más difíciles de realizar que la baja del boleto.
