En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
* A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
+
Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad
Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.
Suscribite a Búsqueda
DESDE
UYU
299
/mes*
* Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
¡Hola !
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La investigación que desarrolla la Justicia norteamericana sobre la corrupción en el fútbol mundial desde hace una década iniciará un nuevo capítulo en los próximos días, cuando comience el juicio a dos empresarios y a una sociedad anónima registrada en Uruguay.
¡Registrate gratis o inicia sesión!
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
La Fiscalía de Nueva York denunció dos años atrás a los directivos de Fox, Hernán López y Carlos Martínez, y a Full Play Group S.A. por lavado de activos y fraude por el presunto pago de coimas a dirigentes del fútbol, entre ellos el uruguayo Eugenio Figueredo, para obtener los derechos de televisación de los torneos de la Confederación Sudamericana de Fútbol y de otros campeonatos. Los acusados se declararon inocentes y darán la pelea en el juicio.
Full Play es una sociedad anónima propiedad de Hugo Jinkis y su hijo Mariano Jinkis, quienes fueron acusados en 2015 por la Fiscalía de Nueva York en la primera etapa de su investigación y nunca fueron deportados a Estados Unidos desde Argentina. La compañía tuvo los derechos de televisación del fútbol uruguayo por años.
La legislación de Estados Unidos, a diferencia de la uruguaya, establece que las personas jurídicas pueden ser penalmente responsables y por eso los fiscales norteamericanos van detrás de Full Play.
En un documento que presentaron en diciembre al juzgado, al que accedió Búsqueda, los fiscales explican al jurado que una “corporación puede ser declarada culpable de un delito penal”. Y añade: “Por supuesto, una corporación solo puede actuar a través de sus agentes; es decir, sus directores, funcionarios y empleados u otras personas autorizadas para actuar en su nombre, como sus propietarios o mandantes. Una corporación es legalmente responsable por los actos u omisiones realizados o realizados en el curso del empleo de sus agentes”.
De acuerdo con los fiscales, tanto Full Play como los empresarios acusados participaron en “varias conspiraciones criminales”. En uno de los delitos que le atribuyen, entre 2000 y 2015 los tres “intencionalmente conspiraron para desarrollar un esquema y artificio para defraudar a la FIFA, la Conmebol y las organizaciones que lo constituyen”.
En el marco del FIFAGate, la Fiscalía acusó a otras compañías de cometer delitos y llegó a un acuerdo antes de ir a juicio. Así, en diciembre del 2016 la empresa Torneos y Competencias y su extitular Alejandro Burzaco reconocieron que usaban empresas fuera de su contabilidad para los sobornos y se comprometen a pagar más de US$ 100 millones al gobierno de Estados Unidos.
A su vez, en abril del 2020, un mes después de acusar a Full Play y a los exdirectivos de Fox, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había llegado a un acuerdo con el banco Hapoalim. La institución financiera aceptó su responsabilidad en el esquema de corrupción del fútbol y pagó una multa. Además, reforzó sus mecanismos de control antilavado y cerró sus oficinas en Uruguay, donde la operativa corrupta había tenido una de sus bases.
