La exhortación al teletrabajo fue una de las medidas con las que el gobierno insistió para evitar la propagación de casos de Covid, en especial en momentos en los que la cantidad de personas contagiadas crecía de forma exponencial. Surgió como un “régimen de trabajo temporal y de excepción” en tiempos de pandemia. Pero a más de dos años de detectados los primeros infectados esa modalidad, exclusivamente o híbrida, se transformó en algo permanente para muchas empresas y sus empleados.
Por eso el Parlamento aprobó en agosto una ley —sin los votos del Frente Amplio— que lo promueve y lo regula, que fue reglamentada por el Ministerio de Trabajo (MTSS) en un decreto publicado el jueves 17.
El inspector de Trabajo, Tomás Teijeiro, fue uno de los redactores de la reglamentación, pensada no solo en el contexto de la emergencia sanitaria, sino como un régimen que llegó para quedarse.
La “libertad”, la “protección” y las “garantías” son parte de la “filosofía” de una norma que establece que el Estado “intervenga lo menos posible” y que Teijeiro definió en diálogo con Búsqueda como “acorde a los tiempos” que corren. “Prevé la protección y de manera contundente, pero también que las partes puedan moverse en un mundo donde las relaciones de trabajo han cambiado y donde el dinamismo es parte fundamental”, alegó el jerarca del MTSS.
Las ocho horas
La ley de teletrabajo y su reglamentación ha recibido críticas no solo por parte del Frente Amplio, sino también de algunos académicos y del PIT-CNT.
Uno de los temas polémicos es la distribución de la jornada laboral. El decreto establece que el “exceso de trabajo diario” sobre la jornada legal no es considerado “trabajo extraordinario” y, por tanto, “no dará lugar al pago de horas extras”. Esta remuneración se pagará si el tiempo de trabajo supera el límite de la jornada semanal legal, de acuerdo con “las tasas de recargo que correspondan”. En los hechos, lo que la ley permite es que el empleado trabaje más de ocho horas por día sin cobrar horas extras, siempre que no supere un límite de horas semanal.
Cuando se discutía el proyecto en el Parlamento, el asesor del PIT-CNT Héctor Zapirain —abogado laboralista fallecido meses después— planteó que este tema era el ejemplo “más claro de la desregulación de la ley”, que iba “a caballo de la idea de la flexibilidad del trabajo”.
“A la historia por la que se luchó durante muchísimos años, que costó mucha sangre, mucha muerte, (por) la limitación de la jornada, la borramos de un plumazo, en función de una panacea que no es tal”, dijo en noviembre del 2020 en el programa En perspectiva de Radiomundo.
Planteó que la aprobación de ese artículo marcaba un “retroceso” y sostuvo: “No se puede tolerar que nos retrotraigamos 200 años”.
Para Teijeiro, en cambio, ese es uno de los asuntos en los que hay que pensar “sin dogmatismos” y consideró que este artículo no perfora la ley de ocho horas, que “está pensada en una estructura productiva fordiana”. “Es una visión panfletaria la que dice que esta ley perfora eso”, afirmó el jerarca.
“El trabajador puede jugar a su conveniencia con esto, no se lo marca la empresa, y a la vez tiene la garantía del período en el que se le computa el recargo. Lo que hay detrás (de los críticos) es una férrea oposición a determinados avances en materia de legislación laboral que el mundo va pidiendo. Y el Uruguay va un poco más lento, pero no todos los avances son pérdida de derechos”, comentó Teijeiro.
El inspector general de Trabajo se definió como “defensor de las horas extras y de los derechos de los trabajadores, pero también de que las personas y las organizaciones tengan libertad para manejarse”.
La norma establece un “marco mínimo de protección” en el que el trabajador y la empresa “se tienen que mover”, sostuvo. El decreto —agregó el jerarca del MTSS— parte de la base de que las “personas se autorregulan con sensatez y no por el absurdo”.
En su opinión, estas normas deben ser analizadas desprovistas de ideologías. “Ni la ley ni el decreto tienen un fundamento ideológico: tienen sí una idea, que es la de otorgar a las empresas y a las personas facilidades para trabajar de acuerdo con el mundo moderno”, alegó.
Relación entre partes
El teletrabajo es una de las expresiones de “mayor modernidad” y su regulación no puede quedarse con los paradigmas de “las relaciones de trabajo de otro momento”, insistió Teijeiro. Entonces, la apuesta del gobierno con esta ley es a una “relación de madurez” entre trabajadores y empleadores, que según él están en “igualdad de condiciones”.
Esa idea también es refutada por el movimiento sindical, que considera que hay una relación de poder desde los empleadores hacia los trabajadores, ya que, por ejemplo, ellos tienen la posibilidad de despedir a su personal. Para Teijeiro, esa concepción de los vínculos laborales es “antigua” y puede aplicarse para otro tipo de acuerdos. Según dijo, en el teletrabajo esa inequidad en la capacidad de negociación se vislumbra menos porque es un acuerdo voluntario y el empleado puede pedir volver a la actividad presencial.
El jerarca —abogado de profesión— afirmó que quien busca trabajo “no necesariamente está en una situación de debilidad”, aunque reconoció que “las condiciones para contratar las pone siempre el que ofrece”. Al inspector de Trabajo le preocupa “mucho más el avasallamiento de los derechos que se puedan dar durante una relación laboral, porque en el inicio las personas tienen la capacidad de decir sí o no”.
Acuerdos individuales y “flexibilidad”
En la entrevista radial, el asesor del PIT-CNT cuestionó que esta ley “acentúa el mecanismo de los acuerdos individuales” mientras desconoce los colectivos. En la central sindical plantearon desde el primer momento que este asunto debería tratarse en el ámbito del Consejo Superior Tripartito y que las condiciones deberían establecerse en la negociación colectiva.
Consultado por ese argumento, Teijeiro se preguntó “qué intereses está defendiendo el PIT-CNT”. “¿Están en juego los intereses de las personas o los intereses de las organizaciones? A cada caso concreto hay que analizarlo sobre esa base, porque no necesariamente todos los trabajadores están en una circunstancia de debilidad en el momento de negociar. Y no siempre una negociación con otros actores arriba de la mesa es la mejor para todo el mundo”, señaló.
El jerarca diferenció flexibilización de flexibilidad: “Una cosa es menos derechos, garantías, protección, y otra cosa es poder manejarse en un marco donde las partes, debidamente asistidas, puedan encontrar formas de llevar adelante relaciones de trabajo que estén acorde a lo que el mundo requiere”.
La norma también establece que debe haber acuerdo sobre quién provee los equipos necesarios para realizar el teletrabajo. En caso de que el trabajador no tenga, por ejemplo, una computadora, el empleador se la debe dar, pero el trabajador se hará cargo de los costos de posibles daños.
El texto indica que el empleador debe verificar que los requisitos de seguridad y salud en donde se desarrolle la actividad se cumplan. También puede solicitar a la Inspección de Trabajo una visita a la casa y, en caso de que se niegue, las autoridades pueden recurrir a la Justicia.
Teijeiro sostuvo que así como Uruguay se destaca en su estructura jurídica e innovó en leyes como la de las ocho horas y en materia de salud laboral, también debe ser “pionero” en la “protección, los cuidados y las garantías” y en dar herramientas para que las empresas “vivan en un mundo mucho más dinámico” y vean al país como “un lugar atractivo”. De lo contrario, advirtió, terminarán “instalándose en otros lugares”.
