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En junio pasado hubo 4.084 unipersonales menos que en febrero haciendo aportes al Banco de Previsión Social (BPS), a la vez que la reducción fue de 1.356 entre las microempresas, de 1.074 en las pequeñas y 444 entre las medianas. También se declararon inactivas 62 firmas grandes. Sumando todas las categorías la baja fue de 7.020 en ese lapso. A su vez, los puestos de trabajo formales perdidos fueron 61.428.
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Las autoridades de la Agencia Nacional de Desarrollo (Ande) comentaron los datos referidos a las micro, pequeñas y medianas empresas en ocasión del Día de las Mypymes, el jueves 13. Sin incluir a las grandes, que están fuera del foco de acción de ese organismo, allí redondearon en 7.000 el cierre de firmas de reducido porte (6.958) ante el BPS, comparando junio con febrero anterior.
La cifra generó sorpresa e impacto al principio entre las autoridades, aunque al profundizar en el análisis se encontraron explicaciones que llevaron a interpretarlas como “razonables”, dado el contexto de freno abrupto de la economía por la pandemia, dijo a Búsqueda la presidenta de la Ande, Carmen Sánchez. Y, ante la reactivación de algunos sectores que estaban entre los más afectados —como el comercio—, confían que los datos de meses recientes serán más alentadores. “En la industria y comercio fue donde se concentró la mayor parte de puestos perdidos. Con la apertura de las distintas actividades”, si bien en julio y agosto volvería a reducirse el número de empresas cotizando al BPS, no serían tantas como hasta junio, estimó la jerarca.
De las casi 7.000 Mipymes que se dieron de baja en junio respecto a febrero, casi el 60% fueron unipersonales. Sánchez dijo que es lógico que muchas optaran por declarar la inactividad —un trámite sencillo— para no tener que hacer aportes a la seguridad social en un período en el que no tendrían facturación. Agregó que algunas personas que son titulares de una unipersonal y, a su vez, trabajaban como dependientes, las cerraron para poder acceder al subsidio por “seguro de paro”.
“Las Mipymes son las empresas más vulnerables y era de esperar que sufrieran esta crisis. Son números impactantes, aunque después se empieza a darles una explicación”, declaró la titular de la Ande. “A las más pequeñas les va a costar salir; muchas van a tener que reinventarse y encontrar un nuevo modelo de negocio, apostar a la digitalización, apuntar a nuevos mercados”, advirtió. Para colaborar en ese proceso la Ande está ofreciendo capacitaciones, asistencia técnica e instrumentos de financiamiento, como el Sistema de Garantía (SiGa) que fue potenciado en el marco de esta crisis. Para las empresas más grandes el gobierno prevé habilitar un esquema específico —el SiGa Plus— que requirió de un cambio legal recientemente aprobado y ahora está en etapa de reglamentación en cuanto a su cobertura y tasa de interés, entre otros detalles operativos. “La oferta se está analizando. Hay una estimación de necesidades financieras en el entorno de US$ 250 o US$ 300 millones de garantías”, indicó la jerarca.
Según los datos proporcionados a Búsqueda por la Ande, la baja en los registros del BPS de las 62 empresas grandes —que emplean a más de 100 personas y superan los 75 millones de unidades indexadas a la inflación de facturación anual— significó la pérdida de 21.258 empleos formales. Sumado eso a los 40.170 de las Mipymes, el total de puestos menos fue de 61.428 respecto a febrero.
Ande y las Mipymes
A fin de julio, las Mipyes —categorizadas así por el BPS según la cantidad de empleados— que declaraban actividad eran 159.856 en junio. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística —INE— contabiliza más (unas 190.000 en 2019), utilizando además el criterio de la facturación.
La Ande y el INE están afinando los detalles de un convenio-marco para mejorar las estadísticas en torno a las Mipymes, para así poder afinar la puntería con los instrumentos de apoyo que ofrece esa agencia gubernamental. “Queremos tener información de cantidad y datos más cualitativos, como cuánto aportan al Producto Bruto Interno o cuánto exportan”, explicó. En esa dirección, se prevé incluir en las encuestas de actividad económica a las firmas de menor porte y en la Encuesta Continua de Hogares para “tener algo de datos sobre los informales”.
Aunque no tan avanzados, la Ande trabaja también en acuerdos-marco con la Dirección General Impositiva y el BPS que alimentarán con datos el “observatorio” de las Mipymes.
El gobierno pretende transformar a la Ande en la institucionalidad referente en cuanto a las firmas de menor tamaño, que son cerca del 97% del universo empresarial en Uruguay.
De hecho, en la próxima ley de Presupuesto quinquenal se prevén incluir algunos ajustes a la institucionalidad de la agencia. “Hoy la Ande tiene un directorio de tres personas, aunque no está completo. Hay que ver si es la mejor forma o lo sería una estructura más simple, con una suerte de órgano más colectivo a nivel ministerial que le de cierto respaldo político”, explicó su titular. Sería un esquema similar al que tiene el Instituto Uruguay XXI, aunque sin la participación de organizaciones sociales en su órgano de conducción.
