Para la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea), Silvana Romero, con la reforma de los combustibles que el gobierno está implementando la población es “más consciente” de la cotización internacional del petróleo y ahora “muchas personas pueden responder que se disparó y superó los 100 dólares” el barril. Si bien consideró “deseable” que el precio de paridad de importación (PPI) —que la Ursea calcula mensualmente— se refleje en el surtidor, también defendió que se opte por amortiguar el ajuste de las tarifas. “No creo que nadie afirme que el Poder Ejecutivo debería haberse atado las manos ciegamente y seguir la coyuntura de la crisis energética internacional” con el consecuente aumento de precios, señaló.
El domingo 1o entró en vigor un incremento de $ 1,5 para el litro de nafta y de $ 3 en el gasoil, aunque la referencia del PPI indicaba aumentos de $ 3 y $ 11, respectivamente.
A juicio de Romero, la reforma proyectada en este mercado es “ambiciosa” y “a nivel técnico nadie puede discutir que es necesaria”. Sin ser categórica en cuanto a si será posible implementar todas las etapas previstas en este período, alegó que “parte de nuestra idiosincrasia (…) es poner resistencia al cambio”.
—La Ursea ha transitado una curva de aprendizaje empinada y en poco tiempo logró ir incorporando las competencias necesarias para desempeñar los nuevos roles que se le encomendaron. Fue un proceso intenso en el que se transitó por un proyecto estratégico conformado por cinco áreas que fueron trabajadas en paralelo: jurídica, financiera, informática, organizativa y logística.
Estamos ahora en proceso de adecuación de la estructura organizativa, trabajando con una empresa consultora, de modo de lograr identificar claramente la fuerza laboral que la unidad necesita.
El desempeño ha sido ampliamente satisfactorio, hubo una elevada actividad regulatoria. Hemos realizado 10 consultas públicas desde 2020 referidas a nuevos desarrollos reglamentarios o ajustes a los existentes, lo que implica un promedio de cinco consultas públicas por año; el promedio histórico de 2002 a la fecha era 2,6 por año. Nos hemos trazado la meta de realizar más de 800 acciones de fiscalización en 2022, para asegurar la calidad y seguridad en la provisión de los servicios, incluyendo inspecciones, controles, monitoreo, muestreo, entre otros.
Actualmente, todos los trámites en nuestra unidad se pueden realizar a través de nuestro sitio web.
Este año nos proponemos avanzar en la implantación de un sistema integral de gestión.
En el sector combustibles líquidos, el primer hito fue revisar y aprobar una nueva metodología del cálculo del PPI. Además, se empezó a determinar el precio máximo intermedio transitorio de venta de combustibles de las empresas distribuidoras a los puestos de venta de su red y a brindar asesoramiento al Poder Ejecutivo sobre los precios de la cadena secundaria para la determinación del precio máximo de venta al público. Ahora estamos trabajando en la definición de la regulación de la distribución secundaria de combustibles.
Hemos desarrollado una metodología para el cálculo del costo promedio del capital para las distintas actividades del sector gas natural y del sector eléctrico. Y nos hemos trazado una hoja de ruta con el apoyo de una consultora internacional para la determinación de la tarifa técnica, que es un proceso interinstitucional muy complejo.
En el sector agua, resulta relevante la implementación de los Planes de Seguridad del Agua, con base en nueva reglamentación aplicada a OSE, así como la definición del reglamento de calidad del servicio de agua potable y saneamiento, que esperamos poner en consulta pública este año.
—¿Hay espacio para mejorar la relación calidad-precio de los servicios de energía, combustibles y agua?
—¡Siempre hay espacio para mejorar! Y es cierto que si nos comparamos con países más avanzados, tomamos conciencia de que debemos mejorar la calidad de servicio que reciben los consumidores. Esta es una lucha sin fin.
Debemos buscar que la regulación incentive eficiencias. Suena lindo y fácil, pero es una tarea compleja.
Por un lado, parte de la razón de que los servicios sean caros puede atribuirse a ineficiencias existentes. Pero también debe considerarse que cuando uno mira los precios ajustados por paridad de poder compra, las conclusiones no son tan drásticas como cuando simplemente se convierte a dólares.
Nuestro país tiene características particulares: es relativamente chico, con poca densidad de población, no cuenta con petróleo u otros recursos energéticos ni con industria que le provea la infraestructura que requieren los sectores. A esto se suma que tenemos la tradición de llevar los servicios esenciales a cada rincón del país y al mismo precio en todo el territorio nacional. Eso tiene sus consecuencias en materia de precios.
—¿Cree que en este período se pueda concretar la ambiciosa reforma del mercado de los combustibles líquidos?
—Concuerdo en que es ambiciosa, pero a nivel técnico nadie puede discutir que es necesaria. Un sector no puede estar regulado por una empresa que participa en él; no se puede “ser juez y parte”.
Pero hay que ser conscientes de la coyuntura internacional en la que vivimos. El precio del petróleo se encuentra en niveles históricamente elevados; desde setiembre 2014 no superaba los tres dígitos. Esta realidad complejiza el escenario nacional. A su vez, durante los meses pasados se realizaron apreciaciones que generaban desconfianza en una reforma que es necesaria para nuestro país.
Lo que puedo afirmar es que en este gobierno se han logrado, y se van a seguir logrando, pasos significativos en la dirección correcta. Si se logra implementar toda la reforma o no en este período de gobierno, el tiempo dirá. Sabemos que parte de nuestra idiosincrasia, casi diría de la condición humana, es poner resistencia al cambio, procurar enlentecerlo y que nos cuesta asumirlo.
—El primer mojón de la reforma fue definir y poner en práctica la nueva metodología de cálculo del PPI que publica mensualmente. ¿Cree que la población la entiende y valora su aplicación como exitosa?
—Creo que se han hecho esfuerzos significativos por transmitir qué es el PPI y para qué sirve.
A pesar de que técnicamente puede resultar un cálculo dificultoso, no deja de ser un concepto bien simple: “¿A cuánto vendería combustibles importados un importador teórico en plantas de distribución mayorista?”.
Dado el tiempo transcurrido desde que se instrumentó esta nueva metodología de cálculo, es prematuro aventurar si la población considera su aplicación exitosa o no. Pero puedo asegurar con certeza que la metodología es sólida en el plano técnico, reflejando un mercado de referencia profundo y competitivo y los distintos costos locales a los que se enfrentaría este importador teórico.
Hacer competir a un monopolista con un importador teórico para generar eficiencias es una práctica común a escala internacional, con distintas implementaciones.
La población es ahora más consciente acerca del precio del commodity (petróleo) que explica el precio de los derivados que consume, es decir, la nafta. Hace unos años no mucha gente podría responder a la pregunta: “¿Cuánto sale un barril de petróleo?”. Hoy me atrevo a decir que son muchos quienes te podrán responder que el precio a escala internacional se disparó y superó los 100 dólares.
—La transparencia del Poder Ejecutivo en la fijación de tarifas ha sido cuestionada por políticos y académicos. ¿No sería una meta deseable que el precio en el surtidor reflejara el PPI?
—Es una meta deseable. Pero en un contexto de crisis energética global también es deseable generar cierta estabilización de precios.
Sabido es que Ancap tuvo ganancias extraordinarias por la venta de gasoil a UTE, lo que le daba espalda para no traspasar toda la suba del precio internacional a los consumidores uruguayos. No creo que nadie afirme que el Poder Ejecutivo debería haberse atado las manos ciegamente y seguir la coyuntura de la crisis energética internacional conforme a los valores establecidos por el PPI con el consecuente aumento de precios.
- Recuadro de la entrevista
“Reglas claras para que los privados tomen riesgo” en la “segunda ola de inversiones”
