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La Universidad de la República (Udelar) buscará cambiar algunas de sus normas y adecuar sus políticas en materia de género y cuidados para evitar que existan perjuicios contra docentes, funcionarios y estudiantes. La decisión se tomó luego de una discusión en el Consejo Directivo Central (CDC) sobre el respeto que la institución tiene a los derechos laborales relacionados con la maternidad y la paternidad.
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El tema fue planteado en el CDC por el orden estudiantil y la Facultad de Ciencias Sociales, tras lo sucedido con Cecilia Etchebehere, una docente asistente grado 2 de la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio (Cseam), que está embarazada y espera a su hijo para mediados de julio.
Al ser docente de la Cseam, Etchebehere tiene un contrato a término que cesa el 31 de julio. Ante su situación, en marzo la Cseam aprobó por unanimidad que se le extendiera el plazo de contratación hasta el 31 de octubre, de modo que pudiese hacer uso de su licencia por maternidad. Sin embargo, la decisión no fue ratificada por el Consejo Delegado Académico (CDA), que resolvió mantener el puesto de Etchebehere hasta la fecha originalmente estipulada, 31 de julio, porque consideró que hacer lo contrario era ir en contra de las normas jurídicas de la Universidad.
Entre los que votaron en contra de prolongar la renovación hasta octubre estuvo Roberto Markarian, rector de la Universidad y uno de los integrantes del Consejo Delegado Académico. “En su voto argumentó, entre otras cosas, que el personal de grados bajos, esto es, docentes jóvenes en formación, es en mayoría femenino y no podemos hacer ahora excepciones personales. Porque excepciones son también una hepatitis, un divorcio o vaya a saber usted qué más”, informaron dos docentes de la Cseam en un artículo publicado en “La Diaria” el 1º de junio.
La postura del rector y la decisión de no renovar hasta octubre el contrato de Etchebehere generaron molestia en la Facultad de Ciencias Sociales y en la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). Aunque finalmente el caso de Etchebehere se reconsideró y se alcanzó una solución satisfactoria, tanto la FEUU como la Facultad plantearon el tema en la sesión del CDC del martes 5, con el objetivo de que no vuelvan a suceder situaciones similares.
Los estudiantes criticaron “la injusticia” de lo que le pasó a la docente. “Implica la vulneración de los derechos laborales de las mujeres, siendo inadmisible la precarización laboral a la que se ve enfrentada al dejarla sin su fuente laboral y por ende coartar su derecho a la licencia maternal”, sostuvieron en una declaración. “Esta situación no es particular, ya que los derechos de las mujeres al momento de atravesar un embarazo en la Udelar no se encuentran completamente considerados, siendo culpabilizadas por tener hijos/as y tomándolas como un costo al momento de decidir su contratación”, agregaron.
También fue dura la posición de Karina Batthyány, profesora agregada grado 4 en la Facultad de Ciencias Sociales y suplente en el CDC del decano Diego Piñeiro. “Las decisiones de la Universidad están atentando contra el derecho de las mujeres y al derecho a la maternidad, nos guste escucharlo o no. Por supuesto que desde el punto de visita jurídico no podrán ser objetadas, pero hay que rever estos casos”, protestó.
Las referencias de la FEUU y de Batthyány sobre la generalidad de estas situaciones apuntan al caso de otra docente embarazada, debatido este año en el CDC. Se trata de Natalia Genta, profesora asistente de la Facultad de Ciencias Sociales, que en 2013 recibió de la Universidad una beca de posgrado por 24 meses. Como durante su embarazo sufrió complicaciones tuvo que tomar licencia médica, a lo que sumó la licencia maternal tras dar a luz. Debido a esos problemas Genta solicitó que se le extendiera la beca por veinte semanas, pedido que fue muy discutido y finalmente negado ya que su caso no estaba previsto en las bases jurídicas de la beca.
De acuerdo a datos recientes, el 53% de los docentes de la Universidad son mujeres, pero la mayoría ejerce en los grados más bajos y peor remunerados: 56% en el grado 1 y 58,9% en el grado 2. En el grado 5, el más alto, solo un 34,1% son mujeres.
La preocupación por la desigualdad no es nueva: ante el porcentaje de docentes mujeres grado 5, en 2011 el entonces rector Rodrigo Arocena afirmó que había “que encarar la cuestión con medidas concretas, cosa que exige analizar el conjunto de la problemática de género en la Universidad”. Un año después la Universidad creó la Comisión Central de Equidad y Género con la intención de incorporar la perspectiva de género en las políticas universitarias.
Sin embargo desde la Universidad hay quienes consideran que la situación no cambió. “No enfocarse en estas cuestiones implica la persistencia de una desigualdad estructural en la Udelar. Que la Universidad deje de contrariar los derechos humanos fundamentales de las mujeres. Cada vez que ocurren situaciones como esta perpetuamos la violencia contra las mujeres, fortaleciendo la estructura machista que se ejerce en este y muchos otros ámbitos de nuestra vida”, señaló el orden estudiantil en el CDC.
El reclamo generó la reacción de Markarian, quien aseguró que la Universidad lo que hace es cumplir con todas sus normativas. “Las acusaciones de que la Universidad está maltratando funcionarios desde el punto de vista jurídico son afirmaciones no valederas”, indicó el rector. De todas formas aceptó como necesario “atender estas situaciones que derivan de nuevas agendas de derechos”.
Por eso el CDC finalmente resolvió priorizar “la discusión de las situaciones derivadas del respeto a los derechos de los trabajadores que ocupan cargos a término, becarios y estudiantes”, y encomendó a Markarian elaborar una propuesta para tratar el asunto, que, de acuerdo a lo conversado, incluirá la creación de un equipo para atender el problema. “Espero que este grupo que se va a crear logre evitar que se sigan cometiendo injusticias contra las mujeres”, concluyó Batthyány.
