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La idea surgió a mediados de año de parte de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) con el objetivo de ampliar el ingreso de los presos a la Universidad de la República (Udelar). Para el gremio de estudiantes es “fundamental” el papel de la educación en la reinserción social de las personas privadas de libertad, pero considera que “actualmente la única solución que el Estado da a los problemas de la delincuencia es encarcelar a todos quienes cometen algún delito, sin reflexionar en las posibilidades reales de reinserción de esas personas a la vida social y laboral”.
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Elaboró entonces una propuesta que pretende apoyar el retorno de los reclusos a la sociedad a través de la democratización de su acceso a la Universidad. En ella la FEUU critica la postura actual del Estado ante el tema y llama a “fortalecer una vía de acceso de un sector de la población que hoy en día encuentra grandes dificultades al momento de llevar adelante sus estudios en la Universidad”. Para fortalecer esa vía plantea crear un período particular de inscripciones, flexibilizar requisitos de documentación y difundir en las cárceles la oferta académica universitaria.
Con modificaciones, la propuesta fue aprobada el martes 6 por el Consejo Directivo Central de la Udelar, que instó a todas las Facultades a colaborar y ordenó a la Comisión Sectorial de Enseñanza y a la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio como los órganos encargados de implementarla y aplicarla.
El informe que finalmente se aprobó fue elaborado justamente por los prorrectores de Enseñanza y de Extensión y Actividades en el Medio, Fernando Peláez y Hugo Rodríguez, en función de la iniciativa de la FEUU, y en él se establecen una serie de acciones que la Universidad debería iniciar “en el corto plazo”. La primera es tener a partir de 2017 pautas más flexibles para la inscripción de presos a carreras universitarias. “Hay que promover la existencia de un período especial de inscripción a la Universidad de forma que las personas privadas de libertad que deseen inscribirse a alguna carrera puedan hacerlo sin trabas administrativas que desconocen su situación”, señala el informe.
Además de abrir ese “período ventana”, para agilizar la inscripción de los reclusos se prevé simplificar distintos papeleos necesarios para entrar en la Universidad. Por ejemplo, que desde la División Universitaria de la Salud se atiendan los pedidos de carné de salud para los estudiantes encarcelados, y que los pedidos de pases desde Secundaria o UTU se puedan realizar no individualmente sino centralmente desde la propia Universidad. “Un aspecto a tener en cuenta es que los requerimientos administrativos pueden ser engorrosos para alguien que se encuentra privado de libertad, como el trámite del carné de salud o el pase de bachillerato”, justifica el documento.
Compromiso de todos.
Antes de empezar con el trabajo, la Universidad va a hacer un relevamiento de cuáles son los reclusos que estarían en condiciones de realizar estudios en sus Facultades, cuáles serían sus intereses académicos y cuáles las carreras que la propia institución podría ofrecer.
Para promocionar esas carreras entre los presos se piensa llevar iniciativas como la Expo Educa a los propios centros de reclusión; se trata de una feria anual dirigida a estudiantes próximos a salir de la educación media, que desde 2007 recorre todo el país con el objetivo de mostrar cuáles son todas las oportunidades terciarias a las cuales los alumnos pueden acceder cuando salen de Secundaria o UTU. También se extenderán a las cárceles las tradicionales jornadas de bienvenida que, en los primeros meses del año, los gremios de estudiantes de cada Facultad ofrecen a las nuevas generaciones, con muestras, artistas y bandas musicales.
Además de difundir su oferta académica entre los presos, la Universidad “entiende pertinente” que puedan gozar de los mismos derechos que el resto de los estudiantes y que intervengan “a pleno” de la vida universitaria, lo cual implica entre otras cosas que tengan acceso a becas estudiantiles y que puedan participar en las elecciones universitarias.
Pero para democratizar el acceso de los presos al estudio no todo depende de la Udelar; el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el Parlamento y el Poder Judicial son otras de las partes involucradas. Incluso el informe de la Universidad considera necesario estudiar el mecanismo de “reducción de pena por estudio” y pide “avanzar en pasos jurídicos más concretos”, en el “compromiso de los operadores carcelarios” y en “la vinculación” que ya la une con el Instituto Nacional de Rehabilitación.
En agosto, ambas instituciones firmaron un convenio por el cual la Udelar se comprometió a colaborar con el INR a través de la realización de prácticas de extensión, proyectos de investigación y actividades vinculadas a la enseñanza universitaria. A su vez, el INR da a las Facultades insumos y materiales elaborados en sus distintos centros de reclusión.
“Si bien el convenio es amplio, es necesario aprobar reglamentaciones concretas y protocolos de acción que brinden garantías a los futuros estudiantes”, indica al respecto la Universidad. “Sería conveniente llegar a acuerdos en cuanto a la participación efectiva de estudiantes de forma presencial, y resulta indispensable contar con un sistema de apoyo a las personas privadas de libertad”.
