Con unos 3.800 afiliados, la Asociación de Personal de la Médica Uruguaya (APMU) es uno de los sindicatos más grandes de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), que, a su vez, es la filial más grande del PIT-CNT, según el padrón de delegados del último Congreso. En la interna de APMU hay dos bloques. Por un lado la Lista 69 y por otro la Lista 17. Rosalba Hunter y Agustín Haller son las caras visibles de ese segundo grupo y entre 2016 y 2020 fueron presidenta y secretario general del sindicato. En octubre del año pasado perdieron las elecciones en una definición apretada, que tuvo una diferencia de menos de 40 votos.
A poco más de un año de la derrota electoral, Hunter y Haller recibieron en los últimos días otro golpe contundente. Desde este mes, ambos quedaron suspendidos por cuatro años de todos sus derechos sindicales por decisión de la asamblea general que sesionó el 9 de noviembre. La medida los deja sin voz y voto, les impide seguir en los cargos que ocupan en la Comisión Directiva del sindicato y también los inhabilita a ser candidatos en las elecciones que se celebren durante el período de la sanción.
La resolución que está publicada en la página web del sindicato argumenta que expusieron y llevaron a APMU a “juicios y futuros juicios civiles y/o penales” y a “contingencias tributarias”, “abusando del alcance y excediéndose en la representación del sindicato”.
La argumentación alude principalmente a una denuncia penal que la directiva liderada por Hunter y Haller presentó durante su segundo mandato por presuntas irregularidades en la gestión de la Caja de Previsión del Personal de Médica Uruguaya. Esa institución fue creada por APMU hace más de 50 años con el objetivo de que el personal afiliado pueda acceder a préstamos, convenios de pago con distintas empresas y otros beneficios sociales.
Hunter dijo a Búsqueda que lo que se llevó a cabo en la última asamblea fue una “guillotina política” para eliminar a la oposición. Su lista, en un comunicado que emitió días atrás, aseguró que ese día hubo un clima de violencia, se cerró el portón con llave y se impidió el ingreso de afiliados. La suspensión se aprobó con 88 votos a favor, 46 en contra y 13 abstenciones.
La Lista 17 reclamó el pasado jueves 18 en la Comisión Directiva, a través de una carta firmada por 744 afiliados, que se lleve a cabo un plebiscito que reconsidere la sanción. La agrupación dijo que, de lo contrario, comparecería ante el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) con la expectativa de que se declare la nulidad de la última asamblea.
La Lista 69 no accedió al pedido de plebiscito e interpretó la movida como una forma de amenaza. Así lo definió en las redes sociales de APMU.
Hunter confirmó que en los próximos días se presentarán ante el MEC. Consideran que la asamblea debería declararse nula por varios problemas de procedimiento. Entre ellos mencionó el quórum, la duración de más de seis horas, el hecho de que se cerrara el portón, y la decisión de votar una sanción sin dar el debido derecho a la defensa y sin que el punto estuviera incluido en el orden del día.
Consultado por Búsqueda el actual presidente de APMU, Pablo Iguinis, dijo que la lista 69 tiene la postura de “no ventilar” en la prensa los asuntos internos del sindicato. Por eso prefirió, en principio, no hacer declaraciones.
Hunter y Haller integran también la Comisión Directiva de la Federación Uruguaya de la Salud. Allí son integrantes de la Lista 2, opositora al secretario general, Jorge Bermúdez.
Fuentes de la FUS dijeron a Búsqueda que la sanción impuesta a Hunter y Haller no les impide seguir integrando el Consejo Central de la federación porque no se les quitó la calidad de afiliados. También señalaron que no les corresponde intervenir en asuntos internos del sindicato.
Desandar juicios.
En los últimos años APMU, su Caja de Previsión, parte de sus afiliados y directivos fueron protagonistas de instancias judiciales. Aunque fue creada por el sindicato, la caja tiene en buena medida un funcionamiento independiente con una directiva y afiliación propia que aporta para el financiamiento el 1% del salario.
La Directiva de APMU en los períodos en que era liderada por Hunter y Haller promovió una auditoría externa del funcionamiento de la caja. Las conclusiones arrojaron que entre 2014 y 2018 había $ 5,7 millones “sin documentación”, “mal documentados”, o con “mal importe”.
“Se evidenció la carencia de control interno y por tal motivo no se puede afirmar que en los períodos auditados no existieron usos indebidos de los fondos”, decía el análisis en sus conclusiones.
Hubo varios movimientos más. Hubo un intento de independizar formalmente la caja del sindicato convirtiéndola en cooperativa. APMU intervino la directiva, pero no pudo acceder al dinero que estaba en las cuentas particulares de los directivos. Luego llegó un juicio civil de más de 500 personas —entre ellas unos 30 afiliados al sindicato—reclamando daños y perjuicios económicos en la administración de la caja, lo que incluía el 64% del local sindical del gremio.
La directiva liderada por Hunter y Haller entendió que quienes promovían esa acción judicial estaban atentando en contra del patrimonio del sindicato y por eso correspondía suspenderlos, algo que luego se aprobó en una asamblea.
A partir del cambio de directiva en las elecciones de 2020, ese conflicto tomó un nuevo rumbo. El primer paso fue levantar la suspensión a los 300 afiliados que iniciaron la demanda civil. Además, la Lista 69 asumió con el norte de buscar acuerdos y poner fin a las instancias judiciales.
La asamblea del 9 de noviembre volvió a ratificar esa línea de trabajo y resolvió mandatar a la directiva a llegar a un acuerdo en la instancia civil que garantice los intereses de las dos partes.
La otra instancia judicial se dio en la órbita penal. En febrero de 2019, la Directiva de APMU, entonces liderada por Hunter y Haller, presentó ante la Fiscalía una denuncia porque entendía que era una irregularidad que el dinero de la Caja Previsional se depositara en las cuentas privadas de quienes integraban su directiva. En su opinión, los fondos debían estar en cuentas del gremio porque el dinero se prestaba a su nombre.
Además presentaron ante la Fiscalía los resultados de la auditoría externa que advertía sobre faltantes de dinero, una contabilidad poco clara y gastos sin el necesario respaldo documental.
En setiembre de este año la Fiscalía notificó el archivo de la denuncia. La resolución argumenta que si bien hay una innegable relación entre el sindicato y la Caja Previsional, esta última “actuaba con cierta independencia” y tenía una afiliación propia. Eso, sumado a que la Caja no tenía personería jurídica, atenúa el hecho de que el dinero se depositara en cuentas particulares.
Sobre los resultados de la auditoría, la Fiscalía fundó su decisión en el hecho de que en el transcurso del 2021 —ya con la nueva directiva— APMU presentó un nuevo estudio acerca del mismo período (2014-2018) que muestra que los gastos sin documentación eran “sensiblemente menores” a los planteados en la denuncia original.
“Esto permite que se diluya la gravedad de los hechos denunciados y revela importantes inconsistencias”, dijo la Fiscalía. Por todos esos motivos, y dado que había otras instancias civiles en curso, determinó que no le correspondía al área penal resolver sobre el asunto.
La asamblea del 9 de noviembre decidió además “reparar económicamente” a los tres exdirectivos de la Caja Previsional por considerar que fueron “injuriados” durante la administración Hunter y Haller, y por entender que se vieron obligados a asumir los costos de sus defensas legales. La actual directiva del sindicato buscará un acuerdo con los implicados y difundirá una disculpa pública.
