Uno de los redactores de la Constitución paraguaya dice que el rol de la Unasur “fue un sainete” y lo de Argentina y Brasil “muy triste”

Fernández Bogado es director de Radio Libre y del periódico financiero “5 Días” de Asunción, es doctor en Derecho, graduado en leyes, comunicación, ciencias políticas y administración pública por las universidades de Navarra, Oxford, Minnesota, Syracuse y Harvard. Fue Visiting Scholar de Harvard en el 2008. Vivió en México DF (2008-2009) como becario Knight para la creación de una fundación dedicada a la defensa de la libertad de expresión. Autor de 15 libros y profesor de universidades de América Latina, fue además constituyente y redactor de la vigente Constitución de Paraguay, todo lo cual le da un especial respaldo para hablar sobre la crisis en su país.

—Afuera del Paraguay se habla de que Lugo ha iniciado un movimiento de resistencia. ¿Tiene fuerzas internamente para ello? ¿Recibe algún tipo de respaldo externo?

—Lugo hizo unas reuniones en las últimas semanas pero el número congregado más importante no alcanzó las 500 personas. Es un numero pequeño que muestra la realidad de un presidente que estuvo sin contacto con las masas desde que fue electo en abril del 2008. Esta actitud es precisamente la que le critican los miembros de la izquierda, afirmando que eso le sacó apoyo ciudadano en la crisis, la que concluyó con el proceso del juicio político. Su movimiento no es fuerte; es probable que termine teniendo una representación residual en el próximo Congreso a ser electo en abril de 2013 junto con la Presidencia de la República. La izquierda le cuestiona su definición de centro como la “boca del poncho”, expresión esta que usaban reiteradamente para definir su lugar en el arco ideológico nacional. Le cuestionan además su cercanía con los mismos oligarcas que ahora critica y los sectores administrativos cercanos a él no cesan de destacar su notable ineficacia como gobernante, al punto que decenas de decretos tenían que esperar meses para ser firmados, debido a su escasa preocupación por la administración pública. Sin embargo ha tenido suerte: del escándalo de su vida amorosa en tiempos obispales lo salvó la repentina aparición de un cáncer linfático que lo tuvo al borde de la muerte y le permitió recuperar en cierta medida la conmiseración de la gente. Después de lo que él calificó como un “verdadero milagro” su vida licenciosa continuó sin parar, al punto que dos semanas antes de su juicio político y luego de reconocer a un nuevo hijo, afirmó que estaba listo para reconocer a “todos los que vinieran”.

—Usted fue uno de los redactores de la Constitución. ¿Cómo explica un mecanismo de tipo más parlamentarista en una Carta presidencialista?

—La Constitución paraguaya tiene 20 años y es la primera escrita en libertad y en democracia en 201 años de historia independiente. Las anteriores cuatro fueron redactadas por tiranos o en tiempos de ocupación militar extranjera. La actual fue escrita mirando bastante el pasado y observando la tendencia autoritaria de los jefes del Ejecutivo. La Constitución paraguaya es “pactista”. Todo requiere de un buen relacionamiento entre la Presidencia y el Congreso y se da un rol importante al Poder Judicial. En Paraguay es preciso el aval del Congreso para casi todo: nombrar embajadores, miembros de la administración de las dos represas hidroeléctricas, ascenso de militares y policías, nombramiento de jueces de la máxima instancia judicial, miembros del Tribunal Electoral independiente, contralor general de la República, etc., etc. Además, el juicio político ha sido colocado de manera que nunca más el Ejecutivo tuviera la posibilidad de construir un régimen autoritario. Los frenos y mecanismos de control del Congreso son complejos y el juicio político no es fácil de efectivizar: se requieren 2/3 de los votos en una Cámara de Diputados de 80 miembros y un Senado de 45. Se dieron dos casos anteriores: el de Raúl Cubas en 1999, que terminó antes con la renuncia del mandatario tras la muerte de su vicepresidente Argaña, y el segundo en el 2001 bajo el gobierno de González Macchi, que sorteó el juicio, según se dice, bajo una gran cantidad de dinero distribuido entre los votos favorables para su permanencia. El juicio político, como lo escribió el defensor de Lugo en el Congreso, su asesor jurídico Camacho, no es un juicio ordinario y como la Constitución no lo reglamentó, el Senado puede disponer el tiempo y la duración del mismo. Se cuestiona el escaso tiempo y la falta del debido proceso en ese punto, pero reitero: este no es un juicio ordinario sino que tiene que ver más con la connotación política o confianza que tiene el pueblo representado en el Congreso para permitir o no la continuidad de un mandatario. Y lo que ocurrió fue que 76 a 1 votaron en Diputados por el juicio político y 39 a 4 en Senadores lo apoyaron, en un Congreso constituido por 125 miembros de los cuales solo 4 respondían a las fuerzas de izquierda sobre las que se sostuvo Lugo a lo largo de su período presidencial de 3 años y 10 meses.

—A raíz de todo este episodio, ¿los paraguayos sienten que hay algo así como una intromisión en sus asuntos internos por parte de diferentes actores extranjeros?

—La intromisión en asuntos internos fue permitida por sucesivos gobiernos de la transición paraguaya. La falta de desarrollo de una institucionalidad democrática ha facilitado que actores internacionales se hayan entrometido en los asuntos del país de manera reiterada y sucesiva. Solo como ejemplo, a 24 horas de su salida, Lugo visitó dos embajadas buscando auxilio: una de ellas fue la del Vaticano, a cuyo nuncio le dijo que correrían ríos de sangre y que ellos deberían hacer algo para evitarlo, pero el representante del Papa le respondió “¿qué idea tiene usted para evitarlo?”, y le sugirió que renunciara. La otra visita fue a la Embajada de Estados Unidos, donde hizo un pedido similar y recibió una fría respuesta. Lugo no creía en sus propias bases y optó por dos poderes externos para continuar en el cargo. La visita de los cancilleres de la Unasur fue un sainete. El camionero devenido en canciller de Venezuela prácticamente “patoteó” a los militares, ministros y colegas suyos, incitando a que fueran fieles al presidente porque de lo contrario se vendrían sanciones internacionales contra el Paraguay. Ha sido triste el rol de los cancilleres de Argentina y Brasil, que consentían las acciones de Nicolás Maduro, quien llevó la batuta en la presión y directa intervención en asuntos internos del Paraguay. Se necesitan sí instituciones mas sólidas en el país y una actitud de rechazo a cualquier intromisión exógena. La OEA tendrá seguramente una posición política que la ubicaría de frente a la Unasur, cuya intervención en la crisis podría convertirse en un gran fiasco internacional.

—Se ha informado de presiones a periodistas y otros hechos que han afectado la libertad de prensa, en particular en los medios públicos. ¿Qué puede decir sobre eso?

—La TV pública paraguaya funcionaba sin reglamento, sin organigrama y sin financiación presupuestaria. Había sido un regalo japonés por haber aceptado la norma digital de origen nipón. Se subsidiaba con recursos de las binacionales energéticas, tiene un transmisor de menos de un kilovatio, con un radio de acción de 20 kilómetros y algunos cables que lo retransmiten. Su impacto es mínimo y se encontraron en la nómina “profesionales” como el ex canciller Lacognata, quien ganaba por “trabajar” en la TV pública unos 15.000 dólares por mes. Y así otros muchos más que usaban los medios de comunicación del Estado para jugosos salarios y no para generar comunicación “alternativa”. No existe ninguna persecución contra periodistas en ningún medio y los cambios en la administración pública son los normales cuando un gobierno cambia de signo.